En una serie de operativos realizados en el área metropolitana de Denver, más de 90 personas fueron detenidas y presentadas ante las autoridades federales de inmigración. Entre los arrestados, se encuentran individuos con diversos antecedentes criminales provenientes de países como Venezuela, Honduras, Chile, Italia y Cuba. Estos detenidos no sólo están involucrados en actividades ilegales relacionadas con la inmigración, sino también en crímenes graves que afectan a la comunidad estadounidense.
Durante el operativo, las autoridades destacaron la presencia de individuos asociados a la peligrosa banda conocida como el “Tren de Aragua”, así como criminales involucrados en delitos como violaciones sexuales, extorsión, secuestro y la distribución de fentanilo. Esta última actividad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para las autoridades, especialmente en una época en la que las sobredosis de drogas están alcanzando cifras alarmantes.
El agente encargado de las operaciones dejó claro que el enfoque principal de los operativos no es solo la captura de inmigrantes ilegales, sino también la identificación y detención de criminales que ponen en peligro a la comunidad. De acuerdo con las declaraciones, estos individuos, al carecer de estatus legal, son procesados directamente por la agencia de inmigración, sin necesidad de pasar por el sistema judicial tradicional.
Miembros de la comunidad, especialmente aquellos que han sido víctimas de delitos relacionados con las drogas, expresan su creciente preocupación. En los últimos meses, se han reportado al menos tres muertes por sobredosis.
A pesar de las críticas, las autoridades insisten en que el objetivo es proteger a las víctimas y desmantelar las redes criminales que operan en la región. “Vamos a seguir las directivas de nuestro Fiscal General y continuar trabajando en la identificación y deportación de aquellos que infringen las leyes”, afirmaron los agentes de inmigración.
Las autoridades federales insisten en que seguirán luchando contra los criminales para garantizar la seguridad de las comunidades y proteger a las víctimas de delitos violentos. Sin embargo, la polémica continúa, ya que algunos críticos argumentan que se está estigmatizando a toda una comunidad de inmigrantes, cuando no todos están involucrados en actividades ilegales.
