
El Concejo de Denver aprobó el martes un contrato de $2 millones con la firma legal Covington and Burling.LLP, con sede en Washington D.C., para representar a la ciudad durante una investigación del Congreso sobre su estatus de “ciudad santuario”. Esta decisión se produce en medio de una investigación federal que incluye a Denver, Boston, Chicago y Nueva York, acusadas de limitar su cooperación con las agencias federales de inmigración.
En enero, el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes anunció una investigación sobre cuatro ciudades consideradas “santuarios” y convocó a sus alcaldes a testificar en una audiencia programada para el 5 de marzo. El comité alega que estas ciudades “deciden por su cuenta qué leyes cumplir y cuáles no, con el fin de proteger a extranjeros deportables, especialmente criminales.
El alcalde de Denver, Mike Johnston, aceptó testificar en la audiencia. Mientras tanto, la ciudad ha tomado medidas legales para prepararse, contratando a una de las firmas más prestigiosas del país.
El contrato con Covington and Burling cubre servicios legales desde el 1 de febrero de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, con un tope de $2 millones. La firma cobrará una tarifa combinada de $1,000 por hora para todos sus abogados, incluyendo socios, consejeros y asociados, y $595 por hora para el personal profesional. Además, la firma no cobrará las primeras 50 horas de trabajo de sus socios.
En una carta dirigida a la ciudad, la firma advirtió que “es probable que la actividad de investigación continúe después de la audiencia”. Si los honorarios exceden los $2 millones, la ciudad deberá solicitar fondos adicionales al Concejo de Denver.
Dana Remus, quien será la abogada principal en este caso, tiene una amplia experiencia en asuntos legales de alto perfil. Anteriormente, se desempeñó como **asesora de la Casa Blanca** durante la administración de Joe Biden y como consejera general de la campaña presidencial de Biden-Harris. También trabajó en la administración de Barack Obama como subasesora del presidente y subconsejera de ética.
Denver nunca se ha autodenominado oficialmente una “ciudad santuario”, pero ha sido catalogada como tal desde la primera administración de Donald Trump. En 2017, el entonces alcalde Michael Hancock firmó una orden ejecutiva que creó un fondo de defensa legal para personas en procesos de deportación y ordenó al Departamento del Sheriff de Denver que no solicitara fondos federales que requirieran revelar información sobre el estatus migratorio de las personas.
Hancock describió a Denver como una “ciudad segura y acogedora”, pero evitó usar el término “santuario”. Sin embargo, una ley estatal de 2019, que aclara la autoridad de los funcionarios de justicia penal en la aplicación de ciertas leyes federales, ha llevado a que Denver sea considerada una ciudad santuario.
La audiencia del 5 de marzo promete ser un evento de alto perfil, con la participación de representantes republicanos como Lauren Boebert, miembro del Comité de Supervisión, y Gabe Evans, representante del 8º Distrito Congresional de Colorado, quienes tendrán la oportunidad de cuestionar al alcalde Johnston.
Mientras tanto, Denver se prepara para defender su postura y garantizar que sus políticas de inmigración no afecten negativamente a sus residentes.