La administración del presidente Donald Trump ha pedido a la Corte Suprema que limite las órdenes judiciales nacionales que han bloqueado su plan para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento. Este movimiento, presentado el jueves 13 de marzo de 2025, busca permitir que el gobierno avance en la implementación de una política que ha sido ampliamente criticada por expertos legales.
Detalles de la solicitud
La Fiscal General Interina Sarah Harris presentó tres solicitudes de emergencia en casos separados, argumentando que se trata de una petición “modesta”. En lugar de buscar una decisión nacional sobre el fondo del asunto, la administración quiere que la Corte Suprema limite las órdenes judiciales a los individuos o grupos que presentaron las demandas, y potencialmente a los residentes de los estados liderados por demócratas que impugnaron la orden ejecutiva.
Además, Harris solicitó que se permita a las agencias gubernamentales trabajar en la implementación de la orden ejecutiva emitida por Trump en su primer día en el cargo, en caso de que alguna vez entre en vigor.
Contexto legal
La 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece claramente que cualquier persona nacida en el país es ciudadana estadounidense. La mayoría de los expertos legales consideran que la propuesta de Trump está condenada al fracaso y es poco probable que se implemente.
Los abogados de Trump argumentan que la ciudadanía por nacimiento debería limitarse a aquellos que tienen al menos un padre que es ciudadano estadounidense o residente permanente. Sin embargo, los tribunales inferiores en Maryland, Massachusetts y Washington han dictaminado que la política es probablemente inconstitucional y la han bloqueado. Las cortes de apelaciones han respaldado estas decisiones preliminares.
Harris argumentó en sus escritos que los jueces no tenían la autoridad para emitir órdenes judiciales universales que afecten a todo el país. “Estas órdenes judiciales comprometen la capacidad del poder ejecutivo para llevar a cabo sus funciones”, escribió.
Además, Harris sostuvo que los estados no tienen legitimación procesal para demandar, ya que no pueden hacer valer los derechos de la 14ª Enmienda en nombre de sus residentes. “Los estados simplemente no pueden hacer valer los derechos de ciudadanía en nombre de individuos, por lo que los tribunales de distrito no deberían haber otorgado ningún alivio a ellos”, agregó.
Mientras la administración Trump busca avanzar con su controvertida orden ejecutiva, los expertos legales y defensores de los derechos civiles esperan que la Corte Suprema mantenga la integridad de la 14ª Enmienda. =
