Denver, CO — Un estudio de la Universidad de Colorado Boulder reveló una cruda realidad: respirar aire limpio en Colorado es un privilegio que no todos comparten. Las comunidades con mayor población minoritaria y menores ingresos son las más expuestas a olores industriales procedentes de fábricas, cultivos de marihuana y refinerías, según la investigación publicada este martes.
El peso del racismo histórico
El estudio vincula esta disparidad con el “redlining”, una política discriminatoria de los años 30 que marcó como “riesgosas” las zonas con residentes no blancos, limitando su acceso a créditos hipotecarios. En Denver, estas áreas se concentran cerca de las interestatales 70 y 25, donde hoy persisten industrias contaminantes.
“Los malos olores no son solo molestias: causan estrés, problemas de salud mental y síntomas físicos“, explicó Priyanka DeSouza, profesora de CU Denver y coautora del estudio. Pese a esto, muchas comunidades afectadas no reportan los problemas por desconfianza o falta de recursos.
Desde 2016, Denver exige a las empresas con múltiples quejas de olores que presenten planes de control. Hasta 2023, 265 instalaciones cumplieron este requisito:
- 96% eran cultivos o procesadoras de marihuana
- El resto incluía fábricas de comida para mascotas, refinerías y construcciones
“Los olores no están regulados a nivel federal, y las normas estatales no están diseñadas para entornos urbanos”, admitió Gregg Thomas del Departamento de Salud Pública de Denver (DDPHE). Una gran instalación llegó a invertir $10 millones en control de olores, pero factores como fallas técnicas o condiciones climáticas complican las soluciones.
Camino a la justicia ambiental
El DDPHE usará estos hallazgos para revisar sus ordenanzas en 2026, con consultas a las comunidades afectadas. Mientras, el estudio destaca un patrón claro: la herencia del racismo sistémico sigue determinando quién sufre las consecuencias de la contaminación ambiental en Denver.
“Esto no es solo un problema de olores, es un problema de justicia social”, concluyó DeSouza. La investigación urge a priorizar a las voces históricamente ignoradas en las políticas ambientales.
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