DENVER (11 de abril, 2025) — En un desafío directo a la administración Trump, las autoridades educativas de Colorado anunciaron este jueves que mantendrán intactos sus programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en las escuelas K-12, pese a una orden federal que amenaza con retirar millones en fondos si no son eliminados. La decisión coloca al estado en el centro de una batalla nacional sobre derechos civiles y autonomía educativa.
El conflicto en cifras
- Plazo incumplido: La orden federal, emitida el 3 de abril, daba 10 días para eliminar prácticas DEI.
- Fondos en riesgo: $368 millones anuales (7% del presupuesto educativo estatal).
- Alcance: 178 distritos escolares afectados, con 910,000 estudiantes.
La postura de Colorado
La comisionada de Educación, Susana Cordova, explicó en conferencia de prensa que rechazó firmar el certificado de cumplimiento por tres razones clave:
- Falta de claridad legal: “El documento no define qué exactamente prohibiría”.
- Ausencia de pruebas: “No se han documentado casos de discriminación con nuestros programas”.
- Cumplimiento previo: “Ya seguimos el Título VI contra discriminación racial”.
La junta educativa respaldó la decisión 6-1, con Lisa Escárcega advirtiendo: “Esto no es sobre ideología, es sobre no ceder a presiones sin fundamento jurídico”.
- Estados rebeldes: 12 jurisdicciones (incluyendo California y Illinois) también han rechazado la orden.
- Antecedentes judiciales: En 2024, cortes bloquearon medidas similares en Texas, citando “vaguedad inconstitucional”.
- Datos locales: 48% de estudiantes en Colorado son minorías raciales; los programas DEI incluyen:
- Capacitación docente contra sesgos
- Materiales curriculares multiculturales
- Becas específicas para poblaciones subrepresentadas
- Próximos pasos: El Departamento de Educación federal podría iniciar procesos administrativos en mayo.
- Voces críticas:
- Padres por la Igualdad (grupo conservador): “Están politizando las aulas”.
- Asociación de Maestros de CO: “Los programas DEI reducen la deserción en un 18%”.
El Departamento de Educación estatal habilitó la línea 303-866-6600 para consultas y animó a distritos a documentar posibles impactos de un recorte federal.
El pulso refleja la creciente nacionalización de políticas educativas, donde Colorado —gobernado por demócratas— se erige como bastión contra lo que califica de “ataque a la autonomía estatal”. Expertos anticipan una batalla legal prolongada que podría llegar a la Corte Suprema.
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