Colorado da primer paso para limitar colaboración local con ICE sin orden judicial

El Senado de Colorado aprobó inicialmente este lunes una controvertida medida que marcaría un antes y después en la relación entre autoridades locales y agentes federales de inmigración. El proyecto de ley, impulsado por la mayoría demócrata, busca establecer nuevas restricciones a la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La iniciativa prohibiría específicamente que escuelas públicas, universidades, centros de cuidado infantil, instalaciones de salud y gobiernos locales compartan información personal identificable con agentes de inmigración. Además, impediría el acceso de estos agentes a áreas no públicas de dichas instalaciones sin una orden judicial válida.

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es la prohibición expresa para que las fuerzas del orden locales notifiquen o detengan individuos únicamente por motivos migratorios, a menos que exista una orden de arresto judicial.

El debate en el pleno del Senado se extendió por más de ocho horas, durante las cuales los republicanos presentaron nueve enmiendas que buscaban modificar diversos aspectos de la propuesta. Todas fueron rechazadas por la mayoría demócrata.

La senadora republicana Barb Kirkmeyer de Weld County expresó su preocupación: “Si los gobiernos locales no pueden coordinar de esta manera y compartir información con el gobierno federal, posiblemente podría poner en peligro su capacidad para recibir fondos federales”.

Por su parte, el senador demócrata Mike Weissman, cuyo distrito incluye Aurora, respondió a estas preocupaciones: “Escucho regularmente a nuestros comisionados del condado. Están preocupados en el entorno actual sobre su capacidad para realizar su trabajo de servicios humanos. No nos han planteado este tipo de preocupación”.

El proyecto de ley ahora avanza hacia su siguiente etapa legislativa, donde podría enfrentar nuevos desafíos políticos y legales. De ser aprobada finalmente, esta medida colocaría a Colorado entre los estados con las políticas más restrictivas respecto a la cooperación con las autoridades migratorias federales.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes han celebrado el avance de la legislación, argumentando que protege a las comunidades vulnerables. Por otro lado, los críticos sostienen que podría obstaculizar la aplicación de las leyes federales de inmigración y crear “ciudades santuario” de facto.