
El Partido Republicano de Colorado escaló su batalla contra la recién promulgada ley de control de armas al solicitar formalmente a la Fiscalía General de EE.UU. que revise su constitucionalidad. La medida llega apenas tres días después de que el gobernador demócrata Jared Polis firmara el Proyecto de Ley Senatorial 25-003, que exigirá permisos y capacitación en seguridad para comprar armas semiautomáticas con cargadores extraíbles a partir de julio.
En una carta dirigida a la fiscal general Pam Bondi, los 22 representantes republicanos de la Cámara estatal calificaron la norma como una de las “más extremas” del país y advirtieron que “infringe directamente la Segunda Enmienda”. El documento argumenta que la ley —diseñada para prevenir tiroteos masivos— crea “un problema de seguridad” al restringir el acceso a armas que consideran de uso legítimo para defensa personal.
“El derecho a portar armas no es un privilegio, es un derecho fundamental estadounidense”, señala la misiva. La bancada republicana pidió una revisión urgente, aunque expertos legales señalan que la Fiscalía no tiene autoridad para anular leyes estatales. Esta jugada política anticipa una futura batalla judicial, similar a los desafíos contra prohibiciones de armas en estados como Illinois y Maryland.
Mientras grupos como Everytown for Gun Safety celebraron la ley como “un paso histórico”, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) ya prepara recursos legales. “Colorado se enfrenta a demandas costosas e innecesarias”, declaró el portavoz republicano Paul Lundeen, quien acusó a Polis de ignorar precedentes de la Corte Suprema que ampliaron derechos armamentísticos.
El gobernador, por su parte, defendió el equilibrio de la norma: “Exigir entrenamiento básico es sentido común, no es diferente a requerir clases para conducir”. La ley —que incluye excepciones para agentes del orden y herederos de armas familiares— fue impulsada tras el tiroteo de 2023 en un centro comercial de Denver que dejó seis muertos.
Con ambas partes preparadas para una prolongada contienda, el conflicto refleja la división nacional sobre el control de armas en un año electoral clave. Mientras 12 estados han fortalecido sus leyes tras masacres recientes, otros 8 las han relajado, incluyendo Texas y Florida, donde republicanos argumentan que “más armas en manos responsables disuaden crímenes”.