Juez desestima demanda de Boulder contra aeropuerto de Jeffco; autoridades buscan diálogo ante conflicto por ruido y contaminación

Un juez del Distrito de Boulder cerró el capítulo judicial —pero no el debate— al desestimar la demanda presentada por el condado y la ciudad contra el Aeropuerto Metropolitano Rocky Mountain, operado por el condado de Jefferson. La decisión, basada en que la regulación del ruido aeroportuario es competencia federal, dejó en manos de Jefferson County la posibilidad de imponer restricciones, aunque sin obligación legal. “Es una decepción, pero no la última palabra”, advirtieron en un comunicado conjunto las autoridades de Boulder y Superior, que representan a miles de residentes afectados por el constante zumbido de aviones en entrenamiento.

El aeropuerto, tercero más activo de Colorado con más de *147,000 operaciones en 2024*, se convirtió en un dolor de cabeza para comunidades aledañas como Superior y Louisville, donde vecinos denuncian que el ruido de maniobras *”touch-and-go”* —aterrizajes y despegues repetitivos de pilotos en formación— les impide dormir, trabajar o incluso abrir ventanas. A ello se suma la preocupación por el uso de combustible con plomo, vinculado a riesgos neurológicos, y la posible devaluación de propiedades. “Antes esto era tierra de nadie; hoy tenemos familias respirando esos vapores”, señaló en 2024 el alcalde de Superior, Clint Folsom.

Jefferson County, dueño del aeródromo desde 1960, insiste en que sus manos están atadas por leyes federales que garantizan el acceso irrestricto a operaciones aéreas. Sin embargo, el fallo judicial recalca que el condado “tiene herramientas” para mitigar el impacto, un matiz que Boulder aprovecha para exigir negociaciones. Mientras, datos del Censo revelan un contraste clave: Broomfield creció 5.7% en cuatro años, mientras Jefferson perdía población. “El aeropuerto ya no está en medio de la nada”, subraya Laura Kaplan, abogada ambientalista.

Con la puerta a una apelación abierta y sin respuesta oficial de Jefferson County a las críticas, la Mesa Redonda de Ruido Comunitario —espacio de diálogo promovido por el condado— aparece como posible salida. Pero para los residentes, como Marta Ríos de Superior, “es hora de acciones, no reuniones”. Mientras aviones siguen surcando el cielo, la pregunta queda flotando: ¿quién pagará el costo de un progreso que ya no es silencioso?