Doce estados demandan a la administración Trump por política de aranceles: ‘Es ilegal y caótica

Doce estados de EE.UU. lanzaron un ataque legal conjunto contra la administración Trump, acusando su política de aranceles de ser “ilegal, caótica y sujeta a los caprichos” del presidente. La demanda, presentada este miércoles en el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York, busca anular los impuestos a las importaciones y frenar lo que los fiscales estatales llaman un abuso de poder.

La administración Trump enfrenta una nueva batalla legal después de que doce estados presentaran una demanda para detener su política de aranceles, calificándola de “económicamente temeraria” y fuera del marco legal. Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont alegan que el presidente Donald Trump ha manipulado el sistema comercial nacional bajo el pretexto de una “emergencia económica”, una estrategia que, según la denuncia, carece de fundamento constitucional.

El núcleo del conflicto radica en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), que Trump ha utilizado para justificar la imposición unilateral de aranceles. Sin embargo, los demandantes argumentan que esta ley solo aplica ante amenazas “inusuales y extraordinarias” provenientes del exterior, no como herramienta para redefinir la política comercial sin la aprobación del Congreso. “El presidente ha trastornado el orden constitucional y sumido a la economía en el caos”, señala el documento judicial.

Entre las voces más críticas destaca la de Kris Mayes, fiscal general de Arizona, quien tildó el esquema arancelario de Trump de “insensato” e “ilegal”. Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom —quien presentó una demanda similar la semana pasada— advirtió que su estado, el mayor importador del país, podría perder miles de millones en ingresos. La Casa Blanca, por su parte, defendió su postura a través del portavoz Kush Desai, asegurando que los aranceles son una respuesta necesaria a una “emergencia nacional” que afecta a industrias y trabajadores estadounidenses.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia no se ha pronunciado sobre la demanda, pero el caso podría sentar un precedente clave sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial. Con el Congreso reafirmando su autoridad exclusiva para establecer aranceles, la batalla judicial no solo cuestiona la política económica de Trump, sino también el equilibrio de poderes en Washington.

Mientras los tribunales deciden el futuro de los aranceles, economistas advierten sobre el impacto en los consumidores: según el gobernador de Kentucky, estas medidas podrían costarle a cada familia hasta $5,000 anuales. La controversia, lejos de apagarse, parece encaminarse hacia una prolongada disputa legal que podría definir el legado comercial de la era Trump.