
Por: Karen Gutiérrez
Denver, CO – Una investigación de las autoridades de Denver ha logrado que GigSmart, una aplicación de contratación temporal, devuelva más de $27,000 en salarios adeudados y -lo más importante- cambie radicalmente su modelo de negocio. A partir de abril de 2025, esta plataforma con sede en la ciudad clasificará a sus más de 700 trabajadores en Colorado como empleados regulares, no como contratistas independientes.
El auditor de Denver Timothy O’Brien destacó lo inusual del caso: “Normalmente recuperamos salarios robados, pero es excepcional que una empresa modifique voluntariamente su estructura para cumplir con la ley”. La investigación reveló que GigSmart había incumplido con el pago de 22,000 en salarios, cantidad a la que sumaron 4,500 en intereses.
Lo que hace relevante este caso es el contraste con otras plataformas similares. Mientras GigSmart optó por el camino de la regulación, otras como Instawork acumulan denuncias: el año pasado se comprobó que había clasificado mal a 3,000 trabajadores y violado mil veces las normas de salario mínimo en Denver.
“Estas aplicaciones suelen aprovecharse del estatus de contratista independiente para negar beneficios básicos”, explicó Matthew Fritz-Mauer de Denver Labor. “Los trabajadores pierden derecho a salario mínimo, horas extras, seguro de desempleo y hasta compensación por accidentes laborales”.
El cambio en GigSmart significa que sus trabajadores tendrán finalmente acceso a estos derechos básicos, además de pagar menos impuestos. Las autoridades esperan que este caso sirva de ejemplo para otras plataformas de economía colaborativa que operan en la ciudad.
O’Brien envió un mensaje claro: “Seguiremos investigando proactivamente. El robo salarial no será tolerado en Denver”. Los trabajadores que crean estar siendo afectados pueden contactar a Denver Labor al 720-913-WAGE o por correo a [email protected].
Este caso se enmarca en un debate nacional sobre los derechos laborales en la economía digital, donde estados como California ya han implementado regulaciones similares. Mientras las plataformas argumentan que la flexibilidad es clave para su modelo, las autoridades insisten en que no puede ser a costa de derechos fundamentales.