
Por: Karen Gutiérrez
Denver, Colorado — La Ciudad y el Condado de Denver anunció este viernes que se unirá formalmente a la demanda legal presentada por Chicago y el condado de Pima, Arizona, contra la administración del presidente Donald Trump, luego de que el gobierno federal decidiera unilateralmente cancelar millones de dólares en subvenciones del programa FEMA que incluían fondos críticos para mantener operando los albergues de migrantes en la ciudad.
La medida marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre las ciudades santuario y el gobierno federal, luego de que la administración Trump ordenara la revocación de fondos previamente asignados bajo el Shelter and Services Program (SSP), un programa creado durante el primer mandato de Trump precisamente para compensar a las localidades que asumieron los costos de atender a migrantes procesados y liberados en territorio estadounidense bajo las políticas de inmigración federales.
En un comunicado oficial, el gobierno municipal denunció que la acción de la Casa Blanca constituye un movimiento “ilegal e inconstitucional”, ya que no solo carece de fundamento legal, sino que además viola el Administrative Procedure Act al no ofrecer una justificación clara para la terminación abrupta de los fondos, ni brindar a las ciudades afectadas la oportunidad de apelar la decisión.
“Una vez más, Donald Trump prefiere dividir al país en lugar de sentarse a trabajar en soluciones reales y bipartidistas para resolver el fallido sistema migratorio. Mientras él juega política con vidas humanas, Denver dio un paso al frente para proteger a quienes más lo necesitaban”, declaró el alcalde Mike Johnston en conferencia de prensa.
El SSP, administrado por FEMA, fue diseñado originalmente para reembolsar a ciudades y condados que, como Denver, asumieron gastos operativos —desde alojamiento y alimentación hasta transporte y servicios médicos— derivados de la llegada masiva de migrantes liberados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El programa fue reautorizado por el Congreso en 2022 con amplio apoyo bipartidista, pero según denuncia la demanda, la actual administración comenzó a retener discrecionalmente los saldos pendientes sin notificación previa a los beneficiarios.
Para Denver, la pérdida de estos fondos representa un golpe devastador. Solo en los últimos dos años, la ciudad ha recibido a más de 43,000 migrantes enviados en autobuses desde Texas bajo la orden del gobernador Greg Abbott, una medida considerada por muchos como una estrategia política. Los recursos del SSP permitieron evitar que miles de familias —incluyendo niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad— terminaran en las calles, al tiempo que la ciudad mantenía operativos centros de atención temporal con servicios básicos.
“Este programa no era un regalo ni un favor. Fue creado precisamente para reembolsar a las ciudades que, cumpliendo todas las leyes federales, estatales y locales, asumieron una carga que el gobierno federal no pudo o no quiso manejar”, enfatizó Johnston. “Ahora, en un acto de clara mala fe, la administración Trump intenta castigarnos por hacer lo correcto. Denver no se va a quedar quieta”.
La demanda, que será presentada en los próximos días en un tribunal federal, busca no solo la restitución inmediata de los fondos ya asignados, sino también una orden judicial que impida a la administración tomar medidas similares en el futuro sin un proceso de revisión transparente.