Seis gobiernos locales del área metropolitana Denver-Boulder demandan al estado de Colorado y al gobernador Jared Polis por usurpación de autonomía municipal

En un movimiento que podría redefinir el equilibrio de poder entre los gobiernos locales y el estado, seis municipalidades del área metropolitana Denver-Boulder han presentado una demanda conjunta contra el estado de Colorado y el gobernador Jared Polis. Las ciudades de Aurora, Arvada, Glendale, Greenwood Village, Westminster y recientemente Lafayette alegan que una serie de leyes estatales aprobadas en los últimos dos años violan flagrantemente sus derechos constitucionales como ciudades “home rule” (autogobernadas), particularmente en lo que respecta al control sobre el desarrollo y crecimiento urbano.

El conflicto se centra en dos piezas legislativas clave: la HB23-1255, que regula las restricciones locales al crecimiento habitacional, y las normas que establecen “comunidades orientadas al tránsito” mientras eliminan los requisitos mínimos de estacionamiento para desarrollos multifamiliares. Estas medidas, según los demandantes, han socavado décadas de planificación urbana cuidadosamente elaborada con participación ciudadana.

Lafayette, que se unió formalmente a la demanda esta semana, ofrece un caso emblemático. Esta ciudad de aproximadamente 30,000 habitantes ha implementado desde 1996 una Iniciativa de Gestión del Crecimiento aprobada por votación popular y ratificada en tres ocasiones posteriores (2002, 2008 y 2017). Este mecanismo permitía a la ciudad controlar la emisión de permisos de construcción para mantener un crecimiento equilibrado. Sin embargo, la HB23-1255 invalidó este sistema, eliminando la capacidad de Lafayette para gestionar el ritmo de desarrollo residencial dentro de sus límites.

“Lo que está en juego aquí es mucho más que permisos de construcción”, explicó en conferencia de prensa el alcalde de Lafayette. “Se trata del derecho fundamental de nuestras comunidades a decidir cómo evolucionan, preservando su carácter único mientras abordan necesidades como la vivienda asequible.”

La ciudad destaca sus logros en desarrollo habitacional accesible, incluyendo el proyecto Willoughby Corner – un desarrollo de 400 unidades en colaboración con las autoridades de vivienda del condado de Boulder que representa el mayor proyecto de vivienda asequible en Colorado. Además, en 2023 Lafayette facilitó la compra cooperativa del parque de casas móviles La Luna, uno de los pocos en el estado propiedad de sus residentes.

“Estamos en camino de cumplir nuestra meta del 12% de viviendas con restricciones de precio para 2035”, señaló un portavoz municipal. “Pero estas nuevas leyes estatales amenazan con descarrilar décadas de planificación estratégica.”

El corazón del conflicto legal gira en torno a la interpretación del Artículo XX de la Constitución de Colorado, que otorga a las ciudades autogobernadas amplia autonomía en asuntos locales. Las municipalidades argumentan que el estado ha sobrepasado su autoridad al imponer políticas de desarrollo uniformes que ignoran las particularidades de cada comunidad.

“Lafayette ha demostrado que puede abordar creativamente la crisis de vivienda mientras protege su identidad comunitaria”, agregó el asesor legal de la ciudad. “Las nuevas leyes estatales eliminan precisamente las herramientas que nos han permitido lograr este equilibrio.”

La demanda también cuestiona las disposiciones sobre comunidades orientadas al tránsito, que requieren mayores densidades habitacionales cerca de corredores de transporte público, y la eliminación de requisitos mínimos de estacionamiento. Los demandantes sostienen que estas medidas, aunque bien intencionadas, fueron diseñadas sin considerar las realidades locales y podrían generar consecuencias no deseadas en términos de congestión vehicular y presión sobre infraestructuras municipales.

Este conflicto no ocurre en el vacío. Douglas County celebrará próximamente una elección especial para decidir si se convierte en gobierno “home rule”, buscando mayor autonomía frente al estado. Paralelamente, varios otros municipios están considerando acciones similares, lo que sugiere que este caso podría sentar un precedente crucial para el futuro del desarrollo urbano en Colorado.

El gobernador Polis, por su parte, ha defendido las leyes cuestionadas como necesarias para abordar la crisis estatal de vivienda. “Colorado enfrenta un déficit de más de 100,000 unidades habitacionales”, declaró recientemente. “Necesitamos soluciones audaces que permitan a más familias encontrar hogares asequibles cerca de sus trabajos.”

Mientras los tribunales se preparan para abordar este complejo caso, urbanistas y expertos legales anticipan una batalla prolongada que podría llegar hasta la Corte Suprema de Colorado. El resultado no solo determinará el futuro de estas seis ciudades, sino que podría redefinir permanentemente las relaciones entre los gobiernos locales y estatales en materia de planificación urbana.

Para los residentes de Lafayette y las otras ciudades demandantes, el conflicto representa una lucha por preservar su visión comunitaria. “No nos oponemos al crecimiento ni a la vivienda asequible”, explicó una residente de 20 años. “Solo queremos que ese crecimiento respete lo que hace especial a nuestro pueblo.”

Con la audiencia preliminar programada para el próximo mes, todas las miradas están puestas en este caso que, independientemente de su resultado, ya ha reavivado un debate fundamental sobre democracia local, crecimiento sostenible y el derecho de las comunidades a dar forma a su propio futuro.