
WASHINGTON — La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado luz verde a un monumental paquete legislativo, impulsando la agenda del expresidente Donald Trump con una amalgama de exenciones fiscales, recortes de gastos y una ambiciosa inyección de fondos para la seguridad fronteriza. Bautizado por sus arquitectos republicanos como la “One Big Beautiful Bill Act”, esta propuesta de más de mil páginas, aprobada con un solo voto de diferencia, representa un hito político crucial, aunque su futuro en el Senado aún es incierto.
Tras meses de intenso trabajo en los comités y ajustes de última hora para convencer a los miembros más reticentes de la bancada republicana, el proyecto llegó al pleno con revisiones que buscaban un equilibrio: desde un aumento en la deducción de impuestos estatales y locales para contentar a los centristas, hasta la aceleración de los requisitos laborales en Medicaid para aquellos preocupados por el gasto público. Pero ¿qué esconde este vasto compendio legislativo que podría redefinir la política estadounidense?
En la propuesta se encuentran recortes de impuestos que buscan consolidar y expandir la visión fiscal de Trump. Se pretende hacer permanentes las reducciones de impuestos individuales y al patrimonio aprobadas en su primer mandato en 2017, sumando promesas de campaña de 2024 como la exención de impuestos para propinas, horas extras e intereses de ciertos préstamos para automóviles. Para mitigar la pérdida de ingresos, los republicanos proponen revertir o eliminar progresivamente los créditos fiscales a la energía limpia de la era Biden, un movimiento que situaría el coste total de la porción fiscal en unos 3,8 billones de dólares. También se incluye un aumento temporal en la deducción estándar –1.000 dólares más para individuos, alcanzando los 16.000, y 2.000 dólares para declarantes conjuntos, llegando a 32.000–, así como un incremento de 500 dólares en el crédito tributario por hijo hasta 2028. La exención del impuesto al patrimonio se dispararía a 15 millones de dólares. Uno de los puntos más debatidos, la deducción por impuestos estatales y locales (SALT), que ahora tiene un tope de 10.000 dólares, se elevaría a 40.000 dólares para ingresos de hasta 500.000, con un ajuste anual del 1% durante una década. No obstante, varias de estas exenciones fiscales, como las relacionadas con propinas y horas extras, tendrán una vida útil limitada hasta finales de 2028, al igual que el aumento de 4.000 dólares en la deducción estándar para personas mayores. En el ámbito empresarial, las pequeñas empresas verán un aumento en la deducción de sus ingresos comerciales calificados del 20% al 23%, y se permitirá la deducción total de los gastos en investigación y desarrollo, maquinaria y equipos, incentivando la productividad.
El espíritu de austeridad fiscal también se extiende a los programas de asistencia. Los republicanos plantean una drástica reducción de unos 267 mil millones de dólares en la ayuda alimentaria (Programa de Asistencia y Nutrición Suplementaria) durante la próxima década. A partir de 2028, los estados tendrían que asumir el 5% de los costos de los beneficios y el 75% de los gastos administrativos, una carga significativamente mayor que la actual. Además, se endurecen los requisitos laborales para recibir esta ayuda: los adultos sanos sin dependientes deberían cumplir con ellos hasta los 64 años, una ampliación notable desde los 54 actuales. Los padres solo estarían exentos si cuidan a un menor de 7 años, a diferencia del límite anterior de 18 años. En el programa Medicaid, el paquete busca recortar casi 700 mil millones de dólares, introduciendo nuevos “requisitos de participación comunitaria” de al menos 80 horas mensuales de trabajo, educación o servicio para adultos sanos sin dependientes, a partir de diciembre de 2026. A pesar de la expectativa republicana de generar ahorros, los demócratas alertan sobre la posible pérdida de cobertura para millones de estadounidenses, con una estimación preliminar de la Oficina de Presupuesto del Congreso que proyecta una disminución de 8,6 millones de personas con acceso a atención médica en la próxima década.
El proyecto de ley no solo aborda la economía, sino que también contiene disposiciones que reflejan la agenda política de los republicanos. Se propone eliminar el impuesto de 200 dólares a los silenciadores de armas, una medida aplaudida por la NRA pero criticada por grupos como Giffords, quienes argumentan que dificulta la identificación de disparos en incidentes violentos. Asimismo, se busca prohibir que los fondos de Medicaid se destinen a Planned Parenthood, una organización que ofrece servicios de aborto, lo que los demócratas señalan que podría afectar el acceso a exámenes de detección de cáncer, pruebas de Papanicolaou y anticonceptivos para millones de pacientes. Un toque peculiar del proyecto es la creación de las “cuentas Trump”, que inicialmente se llamaban “MAGA”, en un guiño directo al lema del expresidente. Estas cuentas de ahorro para niños, con una contribución federal de 1.000 dólares por cada bebé nacido entre 2024 y 2028, permitirían a las familias añadir 5.000 dólares anuales. Los fondos estarían bloqueados hasta los 18 años, con acceso parcial para educación o compra de vivienda, y total a los 30 años.
En materia migratoria, la legislación asigna 46.500 millones de dólares para resucitar la construcción del muro de Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, y una financiación sustancial para su agenda de deportaciones. Esto incluye 4.000 millones de dólares para contratar a 3.000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y 5.000 oficiales de aduanas, 2.100 millones en bonos de contratación y retención, y fondos para 10.000 oficiales e investigadores adicionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Se imponen cambios drásticos en la política de inmigración, como una tarifa de 1.000 dólares para los migrantes que soliciten asilo, una medida sin precedentes en la nación que la equipara con pocos países como Australia e Irán. El objetivo general es la expulsión de un millón de inmigrantes anualmente y el alojamiento de 100.000 personas en centros de detención.
El paquete también prevé una importante inyección de fondos para la defensa, con casi 150 mil millones de dólares destinados al Departamento de Defensa y la seguridad nacional. Esto incluye 25 mil millones de dólares para el ambicioso “Golden Dome for America” de Trump, un escudo de defensa antimisiles; 21 mil millones para reabastecer el arsenal de municiones del país; 34 mil millones para expandir la flota naval con más construcción de buques; y unos 5 mil millones para seguridad fronteriza. Además, se asignan 9 mil millones de dólares para mejorar la calidad de vida del personal militar, incluyendo vivienda, atención médica y pagos especiales.
En el ámbito educativo, una renovación total del programa de préstamos estudiantiles se perfila como un elemento clave, proyectando 330 mil millones de dólares en recortes y ahorros presupuestarios. La propuesta reduciría todos los planes de pago existentes a solo dos: una opción estándar con pagos mensuales distribuidos entre 10 y 25 años, y un plan de “asistencia de pago” menos generoso que los actuales. La legislación también derogaría las regulaciones de la era Biden que facilitaban la cancelación de préstamos para prestatarios afectados por fraudes universitarios o cierres repentinos de instituciones. Además, se contempla un aumento de impuestos, hasta del 21%, sobre algunas dotaciones universitarias. Finalmente, para generar ingresos, una sección del proyecto permitiría un aumento en el arrendamiento de tierras públicas para perforación, minería y tala, agilizando las aprobaciones gubernamentales. También se reducirían las regalías pagadas por las empresas para la extracción de petróleo, gas y carbón, revirtiendo los esfuerzos de Biden por frenar los combustibles fósiles y abordar el cambio climático.