
DENVER — El Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Colorado (CCCAP), un pilar fundamental para miles de familias de bajos ingresos, está al borde de un recorte masivo que dejaría sin acceso a cuidado infantil subsidiado a más de 10,000 hogares, con consecuencias potencialmente devastadoras para la economía, la educación y el futuro de una generación de niños.
Desde hace años, el CCCAP ha permitido que familias bajo la línea de pobreza puedan trabajar, buscar empleo o continuar sus estudios, asegurando que sus hijos —desde recién nacidos hasta los 13 años— reciban cuidado infantil de calidad en centros autorizados. Bajo las reglas actuales, una vez que una familia califica, mantiene su elegibilidad siempre que sus ingresos no superen el 85% del promedio estatal y cumplan con los requisitos de actividad laboral o educativa.
Sin embargo, cambios federales impulsados por la administración Biden están transformando radicalmente la estructura del programa. Entre las modificaciones más significativas está la transición de un modelo de pago basado en la asistencia diaria de los niños a uno basado en la inscripción, lo que, según las autoridades, reflejaría con mayor precisión los costos reales de operación para los proveedores.
Aunque el nuevo esquema promete mayor estabilidad financiera para los centros de cuidado infantil, el costo de implementación es abrumador: el gasto anual por niño se disparará de $6,600 a $18,000. Además, el copago familiar —actualmente limitado al 10% de los ingresos del hogar— se reducirá al 7%, una medida que, aunque aliviará la carga económica de las familias, incrementará la presión fiscal sobre el programa.
Según estimaciones del Departamento de Educación Temprana de Colorado, el estado necesitaría $70 millones adicionales para mantener la cobertura actual. Ante la falta de fondos, la respuesta ha sido drástica: una congelación de nuevas inscripciones que podría extenderse entre tres y cinco años, dejando fuera a miles de familias que dependen del subsidio para mantener a sus hijos en entornos seguros mientras trabajan o estudian.
Para Sarah Dawson, directora de la división de CCCAP, las consecuencias van más allá de las cifras. “Esto no solo afecta a proveedores y familias, sino que golpea a toda la economía de Colorado”, advierte. “Si los padres no pueden trabajar o capacitarse, perdemos productividad, ingresos tributarios y, sobre todo, oportunidades para que los niños desarrollen las habilidades que necesitarán en el futuro”.
El impacto es particularmente crudo para padres adolescentes, uno de los grupos más vulnerables. Steven Bartholomew, director ejecutivo de la escuela New Legacy Charter —que atiende a jóvenes padres ofreciendo cuidado infantil gratuito mientras completan su educación media—, no oculta su preocupación. “Estamos ante una crisis similar a la que vivimos durante la pandemia”, señala. “Si estos jóvenes no pueden acceder a cuidado infantil, abandonarán la escuela o el trabajo, y sus hijos llegarán al kínder sin la preparación necesaria”.
New Legacy perderá el 15% de su financiamiento inicialmente, con una reducción del 30% proyectada para los próximos dos años. “Esto significa despedir personal y reducir la calidad de la educación tanto para los padres como para sus hijos”, lamenta Bartholomew.
Organizaciones como el Colorado Teen Parent Collaborative han elevado la voz: “El acceso a cuidado infantil no es un lujo, es una necesidad crítica. Colorado debe actuar ahora para evitar un daño generacional”.
Mientras tanto, Dawson insiste en que la solución requiere presión política. “Son mandatos federales sin financiamiento adecuado. Necesitamos que Washington escuche, pero también explorar todas las opciones estatales para proteger a nuestras familias”.
Con la fecha límite de agosto de 2026 acercándose, la incertidumbre crece entre proveedores, padres y defensores de la infancia. Lo que está en juego, coinciden todos, es el futuro inmediato de miles de hogares —y el desarrollo a largo plazo de una generación entera.