Las escuelas públicas de Denver buscan desestimar demandas por tiroteo en East High School

Las Escuelas Públicas de Denver (DPS) han presentado una solicitud ante un tribunal federal para desestimar dos demandas interpuestas por ex decanos de East High School, quienes resultaron gravemente heridos tras un tiroteo perpetrado por un estudiante en 2023. Este incidente, que conmocionó a la comunidad educativa, ha generado un intenso debate sobre las políticas de seguridad escolar y la responsabilidad del distrito en la protección de sus empleados y alumnos.

Detalles del tiroteo en East High School

El 2023 quedó marcado por un violento episodio en East High School, cuando Austin Lyle, un estudiante de 17 años, disparó contra los decanos Eric Sinclair y Wayne Mason antes de quitarse la vida. Las demandas presentadas por las víctimas revelan nuevos detalles sobre el caso, incluyendo el historial del agresor y las supuestas fallas del distrito en prevenir la tragedia.

Según los documentos legales, Lyle había sido expulsado previamente de Overland High School, en el distrito de Cherry Creek, por intentar vender un rifle AR-15 y municiones dentro del campus en 2021. A pesar de este antecedente, el joven fue admitido en East High debido a que residía dentro de la zona escolar.

Fallas en los protocolos de seguridad

Las demandas sostienen que el DPS implementó medidas insuficientes para mitigar el riesgo que representaba Lyle. Aunque se le asignó un plan de seguridad que incluía registros diarios, los decanos argumentan que la capacitación del personal era deficiente. De hecho, Shawne Anderson, el subdirector encargado de revisar al estudiante, admitió no haber recibido instrucción adecuada sobre cómo realizar estos controles.

El día del tiroteo, Lyle ingresó a la escuela sin ser registrado y solicitó hablar con Anderson. Al no encontrarlo, Sinclair lo acompañó a una oficina, donde se produjo un forcejeo antes de que el adolescente disparara contra ambos decanos. Mason escuchó los gritos de su compañero y acudió en su ayuda, solo para recibir dos impactos de bala a quemarropa.

“Si el DPS hubiera aplicado políticas claras y brindado capacitación efectiva, este ataque podría haberse evitado”, señala la demanda de Mason.

El debate sobre la disciplina escolar y la seguridad

La demanda de Sinclair va más allá, criticando el sistema disciplinario del DPS por su falta de claridad y aplicación inconsistente. Según el documento, el distrito obstaculizó en múltiples ocasiones la expulsión de estudiantes considerados peligrosos, priorizando enfoques restaurativos sobre la seguridad física.

Además, se menciona la decisión de 2020 de retirar a los oficiales de policía escolar (SROs) de los planteles, una medida que, según los demandantes, contribuyó al aumento de incidentes violentos. Desde entonces, el número de armas incautadas en las escuelas de Denver se quintuplicó, pero el distrito se negó a revertir la política.

“El DPS dejó a Sinclair en una situación imposible: solo, desarmado y enfrentando a un adolescente armado, mientras cientos de estudiantes asistían a una asamblea cercana”, argumenta la demanda.

La postura del distrito escolar

En sus respuestas legales, el DPS niega responsabilidad, argumentando que, si bien existían riesgos previsibles, no había indicios de que Lyle representara una amenaza inmediata. El distrito sostiene que implementó medidas preventivas, como los registros matutinos, y que el historial del estudiante en Aurora no era suficiente para predecir su comportamiento violento en Denver.

“El distrito tomó acciones afirmativas para proteger a la comunidad escolar”, afirma la defensa del DPS. “No se puede responsabilizar al sistema por un acto impredecible e individual”.

Para más información sobre políticas de seguridad escolar, visita Everytown Research o el Departamento de Educación de Colorado.