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Denver pagará $150,000 a periodista por violación de derechos durante protestas George Floyd
Denver pagará $150,000 a periodista por violación de derechos durante protestas George Floyd 1

El Concejo Municipal de Denver aprobó este lunes dos acuerdos por un total de $150,000 para resolver demandas federales por derechos civiles presentadas por el periodista Brian Loma, quien documentó abusos policiales durante las protestas por George Floyd en 2020 y durante el desalojo de un campamento de personas sin hogar.

Primer caso: Ataques a periodista durante protestas por George Floyd

En la primera demanda, Loma alegó que agentes del Departamento de Policía de Denver (DPD) lo atacaron repetidamente mientras cubría las protestas contra la brutalidad policial en mayo y junio de 2020, a pesar de identificarse claramente como prensa.

El periodista detalló en su demanda que durante el primer día de protestas fue rociado con balas de pimienta, golpeado con granadas aturdidoras y expuesto a gases lacrimógenos. Al día siguiente, mientras usaba un casco claramente marcado con la palabra “PRENSA” en grandes letras blancas, los agentes volvieron a atacarlo cuando se encontraba meditando pacíficamente en los jardines del Capitolio estatal.

“Estaba quemando salvia y rezando en el césped del Capitolio cuando me dispararon directamente y me lanzaron gases lacrimógenos”, declaró Loma en un comunicado de sus abogados. “Estaba ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda cuando la policía de Denver me atacó y violó mis derechos constitucionales”.

La ciudad acordó pagar $135,000 para resolver esta demanda, sumándose a una larga lista de acuerdos económicos relacionados con la conducta policial durante las protestas de 2020. Según datos oficiales, Denver ha pagado más de $3 millones en acuerdos por incidentes ocurridos durante esas manifestaciones.

Segundo caso: Destrucción de equipo periodístico durante desalojo

La segunda demanda surgió de un incidente ocurrido cuando Loma documentaba el desalojo de un campamento de personas sin hogar en Denver, donde muchos residentes pertenecían a la comunidad LGBTQ+.

Según la demanda, Loma estaba filmando la instalación de una valla alrededor del campamento – que según los activistas buscaba limitar el acceso de proveedores de ayuda – cuando un oficial identificado como Berger se negó a proporcionar su identificación, violando la política del DPD.

Cuando Loma intentó capturar con su cámara la placa de identificación del oficial, este le arrebató violentamente el equipo, estrellándolo contra el suelo y destruyéndolo. La ciudad resolvió esta demanda con un pago de $15,000.

Críticas a la impunidad policial

El abogado de Loma, Andy McNulty, criticó duramente la falta de consecuencias para los agentes involucrados:

“Estos acuerdos son solo los últimos en una larga lista de pagos por mala conducta policial durante las protestas. Los contribuyentes de Denver siguen pagando por los daños causados por el DPD, mientras los agentes responsables no enfrentan ninguna consecuencia”.

McNulty destacó que este caso forma parte de un patrón de violaciones a la Primera Enmienda por parte del DPD, particularmente contra quienes documentan las acciones policiales.

Contexto de las protestas en Denver

Las protestas por la muerte de George Floyd en Denver se destacaron por su intensidad y duración. Según reportes oficiales, la ciudad experimentó más violencia en las manifestaciones que cualquier otra gran ciudad de EE.UU. o Canadá durante ese periodo.

El departamento de policía enfrentó múltiples acusaciones de uso excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo indiscriminado de balas de goma y químicos contra manifestantes pacíficos y periodistas. Varios fotógrafos y reporteros resultaron heridos, y algunos perdieron la visión temporalmente por impactos de proyectiles.

Reacciones y consecuencias

Estos acuerdos ocurren en un momento en que la ciudad reporta una caída histórica en la población sin hogar, según declaraciones del alcalde Mike Johnston. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles señalan que los métodos utilizados para limpiar los campamentos siguen siendo problemáticos.

El caso de Loma resalta los desafíos persistentes en el equilibrio entre el mantenimiento del orden público y la protección de los derechos constitucionales, particularmente de la prensa y las comunidades vulnerables.

Para más información sobre políticas de uso de fuerza en Denver, visite el sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Colorado.