El sospechoso del ataque contra Miguel Uribe Turbay, un menor edad que fue detenido tras el hecho, está bajo estricta custodia de la Fiscalía y de la Policía para garantizar su seguridad.
El presidente Gustavo Petro dijo que “el gobierno distrital ya había identificado la conflictividad” del adolescente sospechoso de ser el autor material y que estuvo en el programa Jóvenes en Paz, un programa gubernamental. “El informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase, y se retiró voluntariamente”, dijo el presidente en su cuenta de X.
El adolescente recibió un disparo en la pierna a pocos metros del lugar del ataque, según detalló la fiscal. El objetivo del disparo fue evitar su huida. Pero también fue agredido por personas de la comunidad. “La policía controló la situación”, indicó la fiscal general Luz Adriana Camargo, y se lo trasladó a un centro asistencial, donde fue intervenido quirúrgicamente.
Petro además dijo que el joven “estuvo durante 4 horas rondando el parque, llegó en moto, habló con gente en una camioneta, efectivamente tenía un celular, en donde pidió a alguien que le consignaran por Nequi (una plataforma de pagos digitales), 3.500 pesos (poco menos de un dólar)”.
La fiscal indicó el lunes que se están analizando las redes sociales del menor, y que intentan determinar si fue captado por una red ilegal e involucrado en el hecho. Camargo aclaró que se están reconstruyendo los movimientos del menor con evidencias.
La Fiscalía realiza el análisis de alrededor de 1.000 videos recaudados para determinar los recorridos realizados por el presunto sicario. Las autoridades entrevistaron a a 23 personas que se encontraban en el lugar y a dos familiares del adolescente aprehendido.
Un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes legalizó la captura ante un juez de control de garantías el lunes. Este martes se lleva a cabo la audiencia de imputación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. El adolescente será enviado a un centro especializado para su detención preventiva, dijo la Fiscalía.
El menor cuenta con un abogado de oficio para su defensa, un defensor público. CNN está intentando comunicarse con este abogado.
Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, “permanece en estado crítico” pero “estable”, según el último reporte de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está internado en la unidad de cuidados intensivos.
Camargo aseguró que habían incautado un arma vinculada a los hechos. “Hemos realizado el estudio del arma incautada en el lugar de los hechos y de 12 vainillas que también se recuperaron”, y agregó que le realizaron estudios para determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos.
El arma fue comprada el 6 de agosto de 2020 en Arizona, EE.UU, según informó en la conferencia Carlos Fernando Triana, director de la Policía de Colombia. Las autoridades están intentando verificar cómo ingresó al país.
Por otra parte, la Fiscalía indicó que se realizó el relevamiento de más de 1.000 videos de la zona, y se observaron entradas y salidas, más todo el recorrido del menor detenido, desde su lugar de residencia, hasta el lugar de la concentración, y los momentos posteriores al atentado. La fiscal detalló que tienen identificado en video el momento del accionar del arma.
También aclaró que no han sido capturadas otras personas con vínculos al ataque hasta el momento.
La fiscal dijo que no había un teléfono celular en el lugar del ataque, pero que saben que antes de los hechos el adolescente tenía un teléfono y están investigando en manos de quién quedó.
El presidente Petro dijo que “es posible que pudo entregar su celular antes del atentado, pero es hipótesis”.
Según la Fiscalía, el menor será investigado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Además, se realizaron allanamientos en casas de familiares del menor, en donde se recolectó “importante evidencia” que está siendo analizada, dijeron la Fiscalía.
La fiscal Camargo dijo que estaban realizando una investigación “juiciosa, transparente y seria” y que iban a reconstruir basados en evidencia.
La fiscal aclaró que en este caso “rige la presunción de inocencia como a cualquier persona” y detalló que el menor podría enfrentar una sanción de hasta 8 años, pero no propiamente de prisión, sino en un alojamiento para adolescentes infractores. El objetivo es que sea una sanción “reparadora” y para “restablecer los derechos de ese menor”, explicó la fiscal.
“Hay toda una serie de legislación que protege a los menores, que lo que pretende es rescatarlos”, dijo la fiscal, y añadió: “Lo que debiéramos hacer como sociedad es reflexionar frente a por qué un menor de edad termina inmerso en una red sicarial y cómo y qué tipo de medidas pudiéramos adoptar para que esto no suceda, ni en este caso ni en ningún otro”.
La fiscal pidió prudencia a los medios con la exposición de datos sobre el menor, debido al “ambiente crispado” que los llevó a tomar medidas de protección sobre el detenido.
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