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Los aranceles más elevados impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump, superaron un obstáculo judicial por ahora, luego de que un tribunal federal de apelaciones dictaminara este martes que pueden entrar en vigor mientras se resuelven los desafíos legales.

La decisión se produjo después de que la administración de Trump apelara el fallo del Tribunal de Comercio Internacional, que determinó que el presidente excedió su autoridad al imponer aranceles a nivel nacional alegando una emergencia nacional.

“Ambas partes han presentado argumentos sustanciales sobre el fondo del asunto. Tras considerar los factores tradicionales de suspensión… el tribunal concluye que la suspensión se justifica dadas las circunstancias”, según el fallo.

La suspensión estará vigente mientras dure la apelación, escribió el tribunal, y agregó que el caso será revisado de manera acelerada por el pleno de jueces del tribunal.

“El tribunal también concluye que estos casos presentan cuestiones de importancia excepcional que justifican una consideración acelerada y en pleno sobre el fondo en primera instancia”, indica la orden.

No obstante, el fallo del tribunal de apelaciones no afecta a los aranceles aplicados por Trump a sectores específicos, como los impuestos al aluminio, el acero, los automóviles y sus partes.

Esto se debe a que esos gravámenes se impusieron bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, una legislación distinta a la que Trump citó para sus medidas comerciales más amplias. La Sección 232 otorga al presidente amplios poderes para aplicar aranceles a sectores específicos si considera que existe una amenaza a la seguridad nacional.

Ese es solo uno de los mecanismos que la administración puede seguir utilizando independientemente de cómo se resuelva finalmente el caso.

Un puñado de otras leyes otorgan al presidente la capacidad de imponer aranceles más altos, aunque de manera más limitada que bajo una ley conocida como la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Trump ha intentado utilizar esa ley para imponer aranceles “recíprocos”, un arancel universal del 10 % e impuestos a las importaciones de México, Canadá y China, debido a sus supuestos roles en permitir la migración ilegal y el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

A menos que se impongan nuevos impuestos a las importaciones, sin los gravámenes relacionados con la IEEPA, la tasa arancelaria efectiva del país sobre bienes disminuiría del 13-14 % al 5 %, estimaron economistas de JPMorgan en una nota a sus clientes en mayo.

Sin embargo, esto sigue siendo aproximadamente el doble de los niveles de 2024.

La reciente orden no ofrece certeza a las empresas sobre el futuro. Trump ha impuesto, suspendido, aumentado y reducido aranceles a un ritmo vertiginoso desde que asumió el cargo, lo que ha dejado a empresas y consumidores en la incertidumbre de calcular el costo de los productos importados al país en las próximas semanas y meses.

Trump ha instado a esas empresas a que traigan su producción a Estados Unidos para evitar los aranceles. Pero ese proceso requiere tiempo y dinero, a menudo años y millones o miles de millones de dólares.

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