Colorado se une a la oposición contra el despliegue militar en California

El despliegue militar en California ordenado por el presidente Donald Trump ha desatado una ola de rechazo en varios estados, liderados por Colorado, que este miércoles presentó un recurso legal para detener lo que califican como una medida “inconstitucional y antidemocrática”. La tensión entre el gobierno federal y los estados alcanza un nuevo punto crítico, con implicaciones profundas para el equilibrio de poder en Estados Unidos.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, junto a otros 20 estados, presentó un escrito judicial solicitando una orden de restricción temporal contra el despliegue militar en California, argumentando que Trump actuó sin el consentimiento del gobernador estatal, violando así la soberanía de California. El documento señala que el memorándum presidencial, titulado “Seguridad del Departamento de Defensa para la Protección de las Funciones del Departamento de Seguridad Nacional”, no solo afecta a California, sino que otorga al presidente la facultad de movilizar a la Guardia Nacional en cualquier estado por 60 días sin justificación suficiente.

“Los gobernadores tienen el mando de la Guardia Nacional en sus estados, y la policía local es responsable del orden público. Federalizar la Guardia Nacional en Los Ángeles o cualquier otra ciudad sin una razón legal clara es un abuso de poder”, declaró Weiser en un comunicado.

Protestas y tensión social

El despliegue militar en California se produjo tras semanas de protestas masivas en Los Ángeles, donde manifestantes exigen el fin de las redadas de inmigración y políticas más humanitarias. La llegada de más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina ha exacerbado la situación, según los estados demandantes.

“En lugar de calmar los ánimos, la militarización ha generado más caos”, afirma el escrito judicial. Además, los fiscales generales advierten que este movimiento podría debilitar la capacidad de los estados para responder a emergencias locales, como incendios forestales o inundaciones, al desviar recursos hacia un conflicto político.

Implicaciones constitucionales

El debate central gira en torno a la Décima Enmienda, que reserva poderes no delegados al gobierno federal para los estados. Históricamente, los presidentes han evitado desplegar tropas en asuntos civiles sin una autorización clara, y la Constitución establece un equilibrio deliberado entre el control estatal y federal de las milicias.

El escrito también menciona que el despliegue militar en California podría violar la Primera Enmienda, al intimidar a manifestantes pacíficos con presencia armada. “El uso de fuerzas militares para labores de aplicación de la ley civil es un precedente peligroso”, advierte el documento.

Apoyo multistatal y próximos pasos

La iniciativa legal está encabezada por los fiscales generales de Washington y Delaware, pero cuenta con el respaldo de estados como Arizona, Nueva York, Illinois y Michigan, entre otros. Incluso la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, se sumó a la petición, mostrando un frente unido entre demócratas y algunos republicanos moderados.

Mientras tanto, las protestas continúan en California y otras ciudades, con activistas advirtiendo que el despliegue militar podría escalar la violencia en lugar de resolverla. Organizaciones como la ACLU ya han anunciado que presentarán demandas adicionales si el gobierno federal insiste en la medida.

¿Qué sigue?

El tribunal federal deberá decidir en los próximos días si emite la orden de restricción, lo que marcaría un freno significativo a la estrategia de Trump. Sin embargo, si el presidente insiste en su postura, el conflicto podría llegar hasta la Corte Suprema, en lo que sería una batalla histórica por los límites del poder ejecutivo.

Mientras tanto, el despliegue militar en California sigue siendo un tema de división nacional, con repercusiones que podrían extenderse mucho más allá de las fronteras de un solo estado.