
Denver, Colorado — Los desalojos en Denver han llegado a niveles sin precedentes. Según un informe reciente del Tribunal del Condado de Denver, en 2024 se registraron 15,960 casos de desalojos, una cifra que supera cualquier otro año en la historia de la ciudad. Este fenómeno no solo refleja una crisis de vivienda, sino también un problema económico y social que afecta a miles de familias.
El aumento en los desalojos no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores económicos y sociales que han ido escalando en los últimos años. Mientras algunos apuntan al alza descontrolada de los alquileres, otros señalan los salarios estancados que no logran cubrir el costo de vida en una ciudad que se ha vuelto cada vez más cara.
La pregunta clave es: ¿Los alquileres son demasiado altos o los salarios demasiado bajos? Expertos en vivienda y economía coinciden en que la respuesta es una combinación de ambos factores.
Impacto en familias y propietarios
Para quienes han vivido esta experiencia, las consecuencias van más allá de perder un hogar. El estrés emocional, la incertidumbre y el impacto en la vida diaria —especialmente en niños y adultos mayores— dejan secuelas profundas. Pero los propietarios también enfrentan sus propios desafíos.
Este escenario ha llevado a un aumento en conflictos entre inquilinos y arrendadores, donde la mediación se presenta como una solución clave.
Ante esta situación, organizaciones y agencias gubernamentales han intensificado sus esfuerzos para ofrecer soluciones. Programas como el de mediación entre inquilinos y propietarios, ofrecido gratuitamente por Colorado Housing Connects, buscan evitar que los conflictos lleguen a los tribunales.
Por su parte, el departamento HOST ha ampliado su asistencia financiera, incluyendo ayuda para el pago de alquiler atrasado y servicios públicos.
Sin embargo, estas medidas paliativas no abordan el problema de fondo. Expertos advierten que, sin políticas más robustas que equilibren el mercado de vivienda y mejoren el poder adquisitivo de los trabajadores, la crisis de desalojos podría agravarse en 2025.