¿Qué puede hacer —y qué no— la Guardia Nacional en Los Ángeles? ¿Qué cambia si se invoca la Ley de Insurrección?

En películas sobre el viejo oeste, el sheriff reunía a voluntarios —una pandilla— para ir tras sospechosos de cometer un delito. En inglés ese grupo es conocido como un “posse”, que en latín significa poder, de ahí se deriva “posse comitatus”, práctica heredada del Reino Unido, de crear un grupo de voluntarios para una tarea común, con el “poder del condado”.

Ese término es clave para entender la decisión de Donald Trump de militarizar la respuesta a protestas en Los Ángeles contra las redadas de inmigración del Gobierno, que prometió ir solo tras indocumentados con antecedentes penales, pero que ahora detiene a quien se encuentre en el camino.

En 1878, luego de la guerra civil, en la que los estados del norte derrotaron a los del sur, que querían mantener la esclavitud, fue aprobada la ley Posse Comitatus. El objetivo era evitar que supremacistas blancos, que habían retomado el poder en los estados del sur, usaran las fuerzas militares del gobierno federal para implementar medidas segregacionistas.

La ley establece que aquel, con excepción de “casos y circunstancias autorizadas por la Constitución o por un acto del Congreso”, que utilice el Ejército, Marina, Infantería de Marina, Fuerza Aérea o Fuerza Espacial como un “posse comitatus” o una pandilla, será multado o sancionado con dos años de prisión, o ambos castigos si corresponde.

La ley no menciona a la Guardia Nacional, que no es una fuerza militar federal, pero lo puede ser. La Guardia Nacional es más antigua que el Ejército de Estados Unidos. Se originó en 1636 como una milicia para defender la colonia, luego estado de Massachusetts.

Cada uno de los 50 estados y territorios, como Puerto Rico, tiene un destacamento de la Guardia Nacional, integrada por voluntarios que combinan su carrera militar con su vida civil. Son comandados por el gobernador del estado, pero pueden ser federalizados, como hizo Trump con la Guardia Nacional de California.

Adam Kinzinger, excongresista republicano, teniente coronel de la Guardia Nacional Aérea y colaborador de CNN, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “Esto puede sonar técnico, pero es muy serio, dejen de llamar a los soldados desplegados en California como miembros de la Guardia Nacional de ese estado. Eran de esa Guardia Nacional, pero fueron movilizados bajo el Título 10 por Donald Trump, por eso, ahora son soldados del Ejército, no muy distintos a los de la División Aerotransportada 101. Eso es importante porque cuando la gente habla de los miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, asumen que tienen la capacidad de ejercer actividades policiales, pero no lo pueden hacer, a no ser que sea invocada la Ley de Insurrección o el Gobernador de consentimiento a su activación.

Mientras estén bajo el Título 10 son tropa federal, con la misma restricción que cualquier tropa federal, podrían reemplazar a estos miembros de la Guardia con integrantes de la División Aerotransportada 82, son tropa federal, no son Guardia Nacional, a pesar de lo que su escudo diga, esto es importante porque los están tratando de confundir”.

Kinzinger menciona el Título 10. Bajo esa ley, los soldados de la Guardia Nacional de cualquier estado quedan bajo mando federal – del presidente – y pasan a ser soldados del Ejército. Así, el gobierno federal paga sus sueldos y gastos. Como militares federales, quedan bajo la ley Posse Comitatus y no pueden interactuar con civiles, es decir, no pueden detener manifestantes en Los Ángeles, por ejemplo. Solo pueden presar servicios de apoyo.

Si el gobernador de California, Gavin Newsom, hubiera pedido la activación de la Guardia Nacional de su estado para las protestas o hubiera dado su consentimiento al llamado de Trump, esos soldados operarían bajo otra ley, el Título 32, por lo que no estarían restringidos por la Posse Comitatus y podrían ejercer actividades policiales.

Eso no ocurrió en este caso. El mayor general Scott Sherman, quien lidera la Fuerza de Tarea 51, que supervisa a más de 4000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines desplegados en Los Ángeles por motivos de seguridad, le confirmó a la AP que sus soldados “detuvieron temporalmente a civiles en Los Ángeles, pero los entregaron rápidamente a las autoridades locales”.

Sherman se retractó luego de esos comentarios. La agencia AP declaró: “Posteriormente afirmó que su información era incorrecta y que los miembros de la Guardia Nacional no habían detenido a civiles”.

CNN se ha puesto en contacto con el Comando Norte de EE.UU. para obtener declaraciones.

La otra opción que tiene Trump es invocar la Ley de Insurrección, que surgió en 1792 y ha sido modificada desde entonces. Le da el poder al presidente de desplegar las fuerzas militares dentro de Estados Unidos para suprimir una rebelión o hacer cumplir la ley federal.

El mismo Trump reconoció este martes en la Oficina Oval que lo ocurrido en Los Ángeles no ha sido una insurrección, pero que, si lo llegara a ser, invocaría esa ley.

Es decir, a pesar de los anuncios de Trump y miembros de su gabinete y de los titulares de prensa, los 4.000 integrantes de la Guardia Nacional de California y los 700 infantes de Marina activados y enviados a Los Ángeles no pueden enfrentar a manifestantes que, según Robert Luna, sheriff del condado de Los Ángeles, se concentran en 2 kilómetros y medio cuadrados de la ciudad, que tiene un área de más de 1.300 kilómetros cuadrados.

Más protestas han sido convocadas para los próximos días. Habrá que esperar a ver cómo reacciona la administración de Trump.

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