En un fallo significativo, un juez concedió este lunes una orden de restricción temporal a Denver Public Schools contra el Departamento de Seguridad Nacional, luego de que este revocara políticas que prohibían a los agentes de inmigración realizar arrestos en escuelas, iglesias y hospitales.
DPS presentó la solicitud de emergencia a principios de este año, argumentando que la decisión del DHS de revocar las políticas de 2021 ha generado un clima de miedo entre los estudiantes y sus familias. Según el distrito, esta medida ha llevado a una disminución del 3% en la asistencia escolar y un aumento del 8% en el absentismo crónico desde febrero de 2025.
El distrito alega que su capacidad para cumplir con su misión educativa se ve “obstaculizada” debido al temor de que se produzcan acciones de inmigración en los terrenos escolares. Laney Shaler, representante de DPS, testificó que, desde el cambio de política, el distrito ha respondido a numerosos informes falsos de actividades de ICE, algo que no ocurría antes.
Por su parte, el DHS sostiene que DPS no ha proporcionado evidencia suficiente de que sus funciones centrales se hayan visto “directamente afectadas”. La agencia federal también argumenta que las políticas de 2021 no prohibían completamente las redadas en escuelas, sino que requerían aprobación de alto nivel o circunstancias excepcionales.
Además, el DHS cuestiona la legitimidad de la demanda, afirmando que DPS no tiene derecho legal para representar a los estudiantes y sus familias en este caso.
Una maestra de cuarto grado testificó que las redadas en los apartamentos Cedar Run en febrero impidieron que los estudiantes tomaran el autobús escolar, lo que refleja el impacto indirecto de las políticas de inmigración en la educación.
Una audiencia sobre el caso está programada para este viernes a las 2 p.m., donde ambas partes tendrán 30 minutos para presentar sus argumentos orales. Mientras tanto, la orden de restricción temporal permanece en vigor, protegiendo a las escuelas de Denver de posibles acciones de inmigración.
La tensión continua entre las políticas federales de inmigración y las responsabilidades locales para garantizar un entorno educativo seguro e inclusivo.
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