Washington, D.C. — Una corte federal de apelaciones rechazó este miércoles la solicitud del gobierno de reanudar las deportaciones masivas de presuntos pandilleros venezolanos bajo una polémica ley de guerra, marcando un revés para la administración Trump en su intento por acelerar expulsiones sin debido proceso.
El fallo mantiene bloqueados los vuelos ordenados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978, un estatuto poco usado que otorga al presidente poderes excepcionales para deportar a no ciudadanos sin audiencia judicial. La decisión llega después de que un juez de distrito emitiera una orden para frenar las deportaciones y exigir el retorno de tres aviones con deportados a El Salvador.
Batalla legal: ¿Qué dice el fallo?
La Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. respaldó al juez James E. Boasberg, quien había dictaminado que las deportaciones debían pausarse al menos dos semanas mientras se evalúan los argumentos legales. En su decisión, los magistrados destacaron:
“El tribunal inferior ha manejado el asunto con gran expedición y circunspección. Sus órdenes no hacen más que congelar el statu quo hasta que se resuelvan cuestiones legales sin precedentes”.
El gobierno argumentó que la pausa perjudicaba sus esfuerzos de seguridad nacional, pero la corte desestimó esa postura, señalando que no había justificación para intervenir en una etapa tan preliminar.
Venezolanos en prisión máxima: ¿Qué ocurrió?
- Más de 200 deportados fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, según documentos judiciales.
- El juez Boasberg acusó al gobierno de ignorar sus órdenes y exigió explicaciones sobre los vuelos.
- La administración Trump ahora invocó el “privilegio de secretos de estado”, lo que podría limitar la información disponible para la corte.
Lee Gelernt, abogado principal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), celebró el fallo:
“Estamos satisfechos de que la corte haya denegado la solicitud del gobierno de seguir enviando personas a una prisión extranjera horrible sin debido proceso”.
¿Qué sigue en el caso?
El conflicto legal podría escalar a la Corte Suprema, especialmente si el gobierno insiste en aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros. Mientras tanto:
- El juez Boasberg prepara una audiencia para una medida cautelar permanente.
- Organizaciones de derechos humanos exigen transparencia sobre el trato a los deportados.
- La ACLU advierte que este caso podría sentar un peligroso precedente para futuras deportaciones exprés.
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