Abogados acusan a ICE: Detención de Vizguerra fue persecución por su activismo migrante

El caso de Jeanette Vizguerra, la reconocida activista inmigrante detenida por ICE en Denver, ha encendido un debate sobre la libertad de expresión y los derechos civiles. Sus abogados argumentaron este viernes en una breve audiencia que se celebro que su detención fue una represalia directa por su activismo público contra las políticas de deportación, lo que constituiría una violación de la Primera Enmienda.

“¿Por qué la eligieron a ella? Claramente por su activismo, por hablar abiertamente y organizar a la comunidad. Esto es una violación constitucional”, declaró Laura Lichter, abogada principal de Vizguerra, durante la audiencia en la corte federal de Denver.

Vizguerra, de 53 años, permanece detenida en el centro de procesamiento de ICE en Aurora mientras continúa su batalla legal. La jueza federal Nina Wang aún no ha emitido un fallo sobre la petición de hábeas corpus presentada por su equipo legal, pero ordenó que no sea deportada ni trasladada fuera del estado mientras se resuelve el caso.

El gobierno, por su parte, defiende que ICE simplemente está siguiendo los protocolos establecidos ante una orden de deportación reinstaurada. “La agencia tiene la obligación de cumplir con sus regulaciones”, argumentó Timothy Jafek, fiscal asistente de los Estados Unidos.

La situación se complica con la próxima evaluación de “miedo razonable” que Vizguerra enfrentará este lunes, un proceso clave que podría definir su futuro. Originalmente         programada sin la presencia de sus abogados, la jueza Wang aseguró que ahora podrán acompañarla.

Mientras tanto, la presión pública no cesa. Desde su detención el 17 de marzo, múltiples protestas y vigilias han exigido su liberación, con el apoyo de figuras políticas como el alcalde de Denver, Mike Johnston.

Vizguerra, quien se hizo reconocida a nivel nacional al refugiarse en iglesias para evitar la deportación durante el gobierno de Trump, enfrenta ahora una nueva batalla legal que podría sentar un precedente sobre los derechos de los activistas y las posibles represalias por parte de las autoridades migratorias.

El caso continúa desarrollándose rápidamente, con un plazo hasta el 8 de abril para presentar argumentos adicionales sobre la supuesta violación a la libertad de expresión, y 21 días para que el gobierno responda. Mientras tanto, la pregunta central sigue en el aire: ¿Fue esta detención un acto de justicia migratoria o un intento de silenciar a una voz incómoda?