En un fallo histórico que intensifica el conflicto entre los poderes del Estado, el juez federal James Boasberg determinó este miércoles que existe evidencia suficiente para declarar en desacato criminal a la administración Trump por haber deportado a 137 presuntos pandilleros venezolanos violando una orden judicial. La decisión llega tras el uso sin precedentes de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma colonial invocada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial.
El magistrado del Tribunal Distrital de Washington DC documentó cómo el gobierno ignoró deliberadamente su orden de frenar los vuelos del 15 de marzo —emitida horas después de que organizaciones como ACLU demandaran por violaciones al debido proceso—. “Estos individuos fueron sacados sigilosamente de EE.UU. antes de poder impugnar su deportación en corte, como exige la ley”, escribió Boasberg en su contundente resolución.
Claves del conflicto:
- Contexto político: Trump invocó la ley arcaica para deportar miembros del Tren de Aragua, calificándolos de “invasores”, en medio de su campaña de mano dura migratoria.
- Acciones cuestionadas: Tres aviones con deportados partieron a El Salvador pese a la orden judicial de suspensión, coordinadas durante una visita del presidente Nayib Bukele a Washington.
- Ultimátum judicial: El gobierno tiene hasta el 23 de abril para presentar pruebas que “purgen el desacato” o revelar los nombres de los funcionarios responsables, que enfrentarían multas o prisión.
El Departamento de Justicia argumentó que Boasberg se extralimitó al intervenir en política exterior, pero el juez rechazó esta postura: “La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de órdenes judiciales, especialmente de funcionarios que juraron defenderla”. El fallo llega semanas después de que la Corte Suprema criticara aspectos procesales del caso, pero evitara pronunciarse sobre el fondo constitucional.
Organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión como un “freno al autoritarismo”, mientras analistas advierten que el pulso judicial podría escalar si la administración insiste en aplicar la polémica ley. El caso marca un nuevo capítulo en la batalla por los límites del poder presidencial en materia migratoria, con potenciales repercusiones para futuras deportaciones express.
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