La Corte Suprema de Estados Unidos, con su mayoría conservadora, autorizó este lunes al gobierno de Donald Trump a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 350,000 venezolanos, una decisión que podría dejarlos en riesgo inmediato de deportación. El fallo, emitido en respuesta a una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump, anula temporalmente una extensión del TPS otorgada por el expresidente Joe Biden en 2023, la cual estaba programada para expirar en octubre de 2026. La jueza progresista Ketanji Brown Jackson fue la única en disidir, marcando una división ideática en el máximo tribunal.
El TPS, creado en 1990 para proteger a migrantes de países afectados por conflictos o desastres, ha sido un salvavidas para miles de venezolanos que huyeron de la crisis política y humanitaria en su país. Biden lo amplió en 2021 y luego en 2023, argumentando que las condiciones en Venezuela seguían siendo demasiado peligrosas para un retorno seguro. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, intentó revocar esa decisión en febrero, alegando que ya no estaba justificada.
Un juez federal en California había bloqueado previamente la medida de Noem, señalando posibles motivaciones discriminatorias en la revocación. Pero la Corte Suprema, en una decisión sin argumentación detallada, permitió que el gobierno federal proceda mientras el caso se resuelve en cortes inferiores. Esto significa que, aunque el TPS no se cancela de inmediato, su futuro pende de un hilo, generando incertidumbre entre miles de familias que dependen de este beneficio para trabajar y vivir legalmente en EE.UU.
El procurador general D. John Sauer defendió la postura del gobierno, argumentando que los tribunales no deben interferir en decisiones ejecutivas sobre inmigración, un área que, según él, requiere “flexibilidad y discreción”. Por su parte, grupos como la Alianza Nacional de TPS y organizaciones de venezolanos acusan a la administración Trump de intentar evadir el escrutinio judicial y adelantar una agenda antiinmigrante.
Mientras el caso sigue su curso legal, la comunidad venezolana en EE.UU. se prepara para una batalla prolongada. Muchos llevan años establecidos en el país, con hijos nacidos en territorio estadounidense y empleos que contribuyen a la economía. Activistas advierten que deportarlos no solo sería inhumano, sino también contraproducente, dado el papel clave que desempeñan en sectores como la construcción, la salud y los servicios.
La decisión de la Corte Suprema refleja una creciente tendencia a respaldar políticas migratorias restrictivas bajo el gobierno de Trump, mientras redefine los límites del poder ejecutivo en materia de inmigración. Con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte, el tema promete seguir siendo un campo de batalla político y legal. Por ahora, miles de venezolanos esperan, entre la esperanza y el temor, a que los tribunales decidan su destino.
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