Ciudadanía en juego: Corte Suprema limita el poder de jueces de distrito en caso de ciudadanía por nacimientoEricks Webs DesignEricks Webs Design

En una decisión altamente anticipada, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó el viernes que los jueces individuales no tienen autoridad para emitir órdenes judiciales a nivel nacional. Este fallo, aunque técnico en su esencia, tiene implicaciones profundas para la política migratoria del país y para millones de personas cuyos derechos de ciudadanía pueden estar en juego.

La decisión fue interpretada como una victoria legal para el presidente Donald Trump, quien ha criticado públicamente a los jueces federales por bloquear de manera generalizada sus iniciativas desde los tribunales inferiores. Sin embargo, la resolución no aclaró el destino de una de las medidas más polémicas de su administración: la orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EE.UU.

¿Qué implica el fallo de la Corte?

La mayoría conservadora del tribunal respaldó el argumento de que los jueces federales no deben emitir mandatos que afecten al país entero, salvo en circunstancias excepcionales. El Departamento de Justicia había sostenido que permitir tales órdenes minaba la autoridad del Ejecutivo y la coherencia en la aplicación de las leyes.

Aun así, la Corte no abordó de manera definitiva si la orden de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento puede o no mantenerse bloqueada en todos los estados. La falta de una posición clara dejó un vacío legal que seguirá alimentando el debate en los próximos meses.

Una amenaza al principio del jus soli

La ciudadanía por nacimiento, o jus soli, es un derecho consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, adoptada tras la Guerra Civil. Históricamente, ha garantizado que cualquier persona nacida en suelo estadounidense sea considerada ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

En el fallo histórico de 1898, Estados Unidos v. Wong Kim Ark, la Corte Suprema reafirmó ese principio. Solo se excluyen casos específicos, como hijos de diplomáticos, enemigos en ocupación hostil o miembros de tribus indígenas soberanas.

La visión de Trump: ciudadanía como privilegio, no derecho

Desde el inicio de su mandato, Trump ha promovido la idea de que convertirse en ciudadano estadounidense debe requerir más que simplemente nacer en el país. En su orden ejecutiva —firmada en su primer día tras asumir la presidencia nuevamente— describió la ciudadanía como “un regalo inestimable y profundo”.

El argumento de su administración es que los hijos de personas que residen ilegalmente no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, una interpretación controversial de la Decimocuarta Enmienda.

Sin embargo, hasta ahora los tribunales han rechazado sistemáticamente esa lectura. Organizaciones de derechos civiles, inmigrantes y varios estados han demandado al gobierno, y 22 estados mantienen bloqueada la orden. El caso de Nuevo Hampshire está pendiente bajo una orden distinta.

¿Qué sigue para la ciudadanía?

La decisión de la Corte, aunque técnica, tiene consecuencias reales. Deja a millones de familias en incertidumbre sobre si sus hijos serán reconocidos como ciudadanos. Y para Trump, abre una vía legal para intentar avanzar con su política, al menos en estados que no la han bloqueado activamente.

Mientras tanto, la administración busca, como mínimo, permiso para comenzar a comunicar públicamente cómo implementaría la medida, si se le permite. Esta estrategia sugiere que la batalla legal está lejos de terminar.