Milei vuelve a la carga con una propuesta para cobrar por salud y educación a extranjeros no residentesEricks Webs DesignEricks Webs Design

El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno impulsará una reforma a la ley migratoria para que los extranjeros sin residencia permanente paguen aranceles para acceder a los servicios de salud y educación pública.

De aprobarse este proyecto, las universidades públicas y los organismos nacionales, provinciales o municipales del área de la salud tendrán la potestad de incorporar tarifas, rompiendo con lo que hasta ahora era una prestación gratuita de servicios.

No es la primera vez que desde el ejecutivo van por restricciones de este tipo. A comienzos de año, en el primer intento fallido por aprobar la recordada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” se incluyó un artículo que buscaba incorporar aranceles a extranjeros no residentes, aunque solo en las universidades. Finalmente, este punto fue removido del proyecto aprobado en junio.

Sin dar detalles sobre la fecha en la que se implementaría este proyecto, el funcionario adelantó que la administración de Javier Milei también buscará cambiar las condiciones para las deportaciones y las restricciones para entrar al país.

En su conferencia de prensa del pasado miércoles, Adorni aclaró que se trabajará para prohibir el paso por la frontera a quienes intenten entrar con documentación falsa, así como en los casos en que se sospeche que el motivo de la visita sea diferente al declarado.

“Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso”, añadió.

Según los últimos datos disponibles, en Argentina viven 3.033.786 extranjeros con residencia permanente, pero no hay datos oficiales respecto a cuántas personas de otros países gozan de una residencia temporaria.

Si bien hasta el momento no existía una normativa de alcance nacional, el debate ya estaba instalado socialmente.

Varias provincias argentinas han implementado el cobro de servicios de salud a extranjeros a lo largo de 2024, sobre todo aquellas que son colindantes a países limítrofes.

Salta comenzó con esta decisión a comienzos de 2024 y su iniciativa fue destacada por el propio Manuel Adorni durante su anuncio. Desde entonces, otros tres distritos siguieron sus pasos: Santa Cruz, Mendoza y Jujuy.

El caso salteño es quizás el más emblemático por su carácter pionero y de más larga data. En los 10 meses que lleva vigente esta decisión, se redujo un 95% la demanda de extranjeros al sistema sanitario provincial.

Según la gobernación local, el hospital San Vicente de Paul de Orán, uno de los principales hospitales de la provincia y el que mayor demanda extranjera tenía, redujo la atención de pacientes de otras nacionalidades de 31.561 casos en 2023 a 77 desde febrero de 2024.

Pese a esto, los resultados no son los mismos en todos los casos. Analía Costantini, ministra de Salud de Santa Cruz, aseguró en una entrevista a Radio La Red que el porcentaje de extranjeros que visita los sanatorios públicos de su provincia “no ha bajado en lo más mínimo”.

En materia educativa, el anuncio ha sido resonante pero su alcance real es acotado.

Según los últimos datos obtenidos desde la Secretaría de Educación, 104.998 estudiantes extranjeros asistían a universidades públicas y privadas de Argentina en 2022. Entre ellos, 79.834 acudían a instituciones estatales y los restantes, a privadas.

Esto quiere decir que apenas el 3,9% de los estudiantes del sector estatal eran extranjeros, y en el sector privado la cifra ascendía a 4,9%.

En consonancia, en carreras de grado y pregrado, los estudiantes de otras nacionalidades eran 99.693, apenas el 4,1% del total de los estudiantes de este nivel en el país.

Sin embargo, la normativa impulsada por el Ejecutivo no abarcaría a todo este sector. Sólo se aplicaría a aquellos que no tengan residencia permanente en el país, y no hay datos oficiales sobre cuántas personas por fuera de esta condición acceden a las universidades.

Con la legislación vigente, cualquier persona que sea familiar directo de un argentino o de un extranjero con residencia permanente puede iniciar el trámite para obtener este estatus.

En estos casos, solo se exigirá la acreditación de un domicilio en Argentina y se requerirá contar con un ingreso regular al país. Los solicitantes también tendrán que demostrar que no tienen antecedentes penales.

Quienes, en cambio, no puedan acceder a esta posibilidad por sus vínculos familiares, cuentan con diferentes caminos para hacerlo, en caso de reunir los otros requisitos mencionados.

Los nacionales de países miembros del Mercosur pueden aplicar luego de pasar dos años con una residencia temporaria. Quienes sean originarios de otros países necesitan tres.

En este punto hay una excepción: los ciudadanos brasileños no necesitan cumplir con una residencia temporaria, sino que simplemente deben acreditar su nacionalidad.

Por último, las puertas también están abiertas para quienes hayan cumplido funciones diplomáticas en el país durante al menos dos años.

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