Trump está actuando como un autoritario; la crisis de California ahora depende de lo que haga a continuaciónEricks Webs DesignEricks Webs Design

Donald Trump habla y actúa como un autoritario mientras intensifica un conflicto constitucional con California por su ofensiva migratoria.

Mucho depende ahora de si simplemente se muestra firme o si está dispuesto a llevar a una nación ya de por sí tensa al otro lado de una línea decisiva en su afán por un Gobierno autoritario.

En un momento impactante, este lunes, el presidente de Estados Unidos –el país considerado el principal defensor de la democracia a nivel mundial durante 80 años– respaldó el arresto del gobernador demócrata del estado más poblado del país.

“Creo que sería algo grandioso”, declaró Trump, el único delincuente convicto que ha sido presidente, a los periodistas mientras cruzaba el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Posteriormente, Trump desplegó cientos de soldados de la Infantería de Marina en servicio activo en Los Ángeles y autorizó la llegada de 2.000 reservistas adicionales de la Guardia Nacional tras un fin de semana de disturbios que incluyó enfrentamientos con la Policía y vehículos incendiados en zonas de la ciudad. Las protestas fueron generadas por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en busca de inmigrantes indocumentados en una ciudad y un estado que son epicentros del poder demócrata.

Las autoridades de California y Los Ángeles rechazan las afirmaciones de Trump de haber perdido el control. Este lunes por la noche, agentes del orden repelieron con granadas aturdidoras a los manifestantes que lanzaban proyectiles.

La decisión de Trump de desplegar tropas a pesar de la oposición del gobernador de California, Gavin Newsom, representó el último ejemplo de su disposición a ejercer un poder ejecutivo extraordinario –a menudo con fundamentos cuestionables– y marcó una ruptura con un primer mandato en el que los funcionarios del establishment lo disuadieron a menudo de sus impulsos extremos.

A pesar de los múltiples desafíos previos de Trump al Estado de derecho y la democracia, podría estar abriéndose un nuevo y grave capítulo.

“El presidente está anulando por la fuerza la autoridad del gobernador y el alcalde, y utilizando a las fuerzas armadas como arma política. Esta medida sin precedentes amenaza con convertir una situación tensa en una crisis nacional”, declaró este lunes por la noche el senador de Rhode Island, Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas. “Desde la fundación de nuestra nación, el pueblo estadounidense ha sido perfectamente claro: no queremos que las fuerzas armadas ejerzan la aplicación de la ley en territorio estadounidense”, declaró Reed en un comunicado.

La representante demócrata por California, Nanette Barragán, cuyo distrito abarca Paramount, justo al sur de Los Ángeles, condenó las movilizaciones de tropas de Trump, que, según ella, no estaban justificadas por la situación. “Aquí es donde creo que esto es una señal de dictador”, declaró a Jake Tapper de CNN. “Y la amenaza que está lanzando contra el gobernador de arrestarlo; vamos, es bastante indignante”.

Altos funcionarios de la administración Trump están usando términos como “insurrección”. No es sorprendente que muchos observadores hayan interpretado esta retórica como una señal de que la Casa Blanca está dispuesta a invocar la Ley de Insurrección, una ley que permitiría al presidente activar tropas para sofocar una rebelión en un estado. No existe tal revuelta en California. Las afirmaciones de Trump este lunes de que su rápida acción evitó la destrucción de Los Ángeles tampoco son ciertas.

Mientras tanto, el asesor fronterizo del presidente, Tom Homan, declaró a Kaitlan Collins de CNN que las afirmaciones de los funcionarios demócratas de que las protestas se intensificaron porque Trump envió tropas de la Guardia Nacional eran “ridículas”. En declaraciones a “The Source” desde Los Ángeles, Homan dijo: “Todo depende de las actividades de estos manifestantes; es decir, ellos toman las decisiones”.

Los manifestantes se congregaron en gran número en Los Ángeles este lunes por la noche, lo que plantea la posibilidad de otro ciclo de tensión e incertidumbre.

La trayectoria de la crisis podría ahora depender de si Trump sigue adelante con su teatralidad dictatorial, cruzando límites que los presidentes modernos no han abordado, en particular en el uso de tropas para hacer cumplir la ley. También podría depender de la moderación de los manifestantes, quienes le harían el juego a Trump al participar en más disturbios que generen imágenes televisivas alarmantes que puedan alimentar su retórica distópica.

Crear o intensificar una crisis de orden público o una amenaza a la seguridad pública y luego usarla para justificar el uso de las fuerzas armadas en territorio nacional reflejaría la metodología de líderes tiránicos a lo largo de la historia.

Y las esperanzas de moderación apenas se ven respaldadas por el segundo mandato de Trump hasta la fecha.

El presidente, por ejemplo, ha invocado emergencias nacionales altamente polémicas en materia de inmigración y comercio para liberar poderes ejecutivos rara vez utilizados, sin oposición del Congreso republicano. Ha usado la autoridad presidencial contra lo que considera centros de autoridad e influencia liberales: en universidades de la Ivy League, en el Gobierno federal y en los medios de comunicación. E incluso en su ruptura con el exdirector de DOGE, Elon Musk, la semana pasada, Trump amenazó con otro abuso de poder al cancelar los subsidios federales para las empresas del jefe de SpaceX.

La administración está ansiosa por dar pelea, ya que marca un hito en California para otros estados demócratas cuyos líderes se resisten a cooperar con la purga de deportaciones de Trump. Obviamente, también percibe una ventaja política en que el presidente se posicione como el guardián del orden público, de una manera que permite a los republicanos acusar a los demócratas de defender una aplicación más flexible de la ley migratoria.

Pero, como siempre con Trump, cabe preguntarse si sus amenazas son serias o si está adoptando una postura extrema para complacer a sus votantes o incluso para generar cierta influencia.

Homan, por ejemplo, declaró a Collins, de CNN, que Newsom “no ha hecho absolutamente nada” hasta el momento para justificar su arresto.

Y el senador republicano de Dakota del Norte, Kevin Cramer, adoptó la clásica postura republicana de que no todo lo que dice el presidente debe tomarse al pie de la letra cuando se le pregunta sobre las amenazas del Gobierno de detener a Newsom. “Podrían preguntarme todos los días si me siento cómodo con lo que dijo. No lo ha arrestado. No me imagino que vaya a arrestar a Gavin Newsom”, declaró Cramer a Manu Raju, de CNN.

Cramer también expresó la opinión de muchos republicanos de que, lejos de comportarse como un autoritario, Trump está abordando con razón los fallos de los líderes demócratas en materia de política migratoria y orden público. “No hay duda al respecto: lugares como California se han burlado del pueblo estadounidense y han decidido ser santuario para criminales”, dijo Cramer.

Hasta ahora, los reservistas de la Guardia Nacional, movilizados por el presidente sin la supervisión de un gobernador estatal por primera vez desde la era de los Derechos Civiles en la década de 1960, se han utilizado principalmente para defender edificios federales en Los Ángeles. Si bien el anuncio del despliegue de soldados de la Infantería de Marina en la ciudad fue superficialmente alarmante, sus órdenes les prohíben realizar actividades policiales, como realizar arrestos, sin que Trump invoque la Ley de Insurrección. Se espera que la Infantería de Marina se utilice para reforzar a los miembros de la Guardia Nacional sobre el terreno mientras se movilizan hasta 2.000 reservistas.

Mientras tanto, Evan Pérez, de CNN, informó este lunes por la noche que, si bien funcionarios como el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, han estado hablando de una “insurrección”, los abogados de la administración han estado trabajando para crear una forma mucho menos conflictiva de proteger la capacidad del Gobierno federal para aplicar las leyes migratorias, con la esperanza de evitar agravar aún más la situación, según varias personas informadas sobre las conversaciones.

Todo esto podría significar que el presidente aún no está listo para empujar a la nación hacia un abismo autoritario sin precedentes, incluso si su historial personal, en particular el del 6 de enero de 2021, sugiere que, en el calor del momento, a menudo toma las decisiones más imprudentes.

Y Trump podría estar jugando con fuego en una ciudad y un estado donde la ira por su alocada presidencia de cuatro meses está en ebullición. Al desplegar tropas en un entorno tan volátil y tenso, está abriendo la posibilidad de que se desaten puntos críticos e incluso de que se desarrollen circunstancias trágicas.

Pero, de nuevo, quizás ese sea el punto, si el presidente busca una justificación para desplegar tropas en servicio activo en las calles de las ciudades estadounidenses.

Otro presagio preocupante es que Newsom –quien, al igual que Trump, disfruta de las peleas públicas– no tiene ningún incentivo para ceder ante el hombre al que le gustaría reemplazar como presidente en 2029.

Newsom, por ejemplo, escribió en redes sociales este lunes que el presidente estaba desplegando otros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, a pesar de que solo 300 de su contingente inicial de 2.000 habían llegado a la ciudad hasta el momento. “No se trata de seguridad pública. Se trata de halagar el ego de un presidente peligroso”, dijo el gobernador. “Esto es imprudente. Inútil. Y una falta de respeto a nuestras tropas”.

El estado ha demandado a la administración por ese llamado inicial de reservistas. El fiscal general del estado, Rob Bonta, calificó la federalización de las tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump de “innecesaria, contraproducente y, lo más importante, ilegal”.

La demanda generó otro embrollo legal en torno a una de las estrategias de apropiación de poder más agresivas de Trump. California ha presentado 24 demandas contra la administración en 19 semanas.

Con cada día que pasa en la crisis de orden público de California, los incentivos políticos parecen impulsar una mayor confrontación en lugar de una resolución pacífica.

Pero, en última instancia, el fin de esto depende de Trump.

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