Retos del Gobierno español para 2025: mantener la estabilidad, aprobar presupuestos y reformar la Ley de extranjeríaEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Ejecutivo español despide este 2024 sin haber podido culminar algunos de los proyectos en los que ha puesto más empeño en estos últimos meses. Una situación que encuentra su respuesta en el hecho de que el Gobierno de coalición navega en minoría dentro de un Congreso de los Diputados muy fragmentado y donde habitualmente salen a relucir diferencias con la oposición, así como con los partidos independentistas catalanes con quienes rubricaron acuerdos de legislatura.

“En 20224 […] hemos aprobado 25 leyes más que están en el Boletín Oficial del Estado” dijo este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras celebrar el último Consejo de ministros del año.

Y agregó que “es evidente que es un número inferior al que teníamos durante la pasada legislatura”; al mismo tiempo que destacaba que eso ocurre por las “limitaciones que impone la falta de mayorías consolidadas en el Congreso, sin duda alguna. Pero ahí estamos, sudando la camiseta para lograr cada una de las votaciones que salga en interés de la mayoría de la gente”, sentenció.

Esa falta de mayorías es la clave que hará de ésta una legislatura estable o voluble. De ahí que el interés del Ejecutivo se centre en consolidar sus vínculos con las diferentes formaciones que ofrecieron su apoyo en noviembre de 2023 para apuntalar la investidura de Sánchez como presidente. Esas formaciones aglutinan la cantidad de diputados suficientes para hacer que las iniciativas legislativas avancen de su tramitación hasta la aprobación.

Uno de los proyectos cuya tramitación queda pendiente es la ley de Presupuestos Generales de Estado para este 2025. El Gobierno inició su gestión en la cámara baja este pasado verano, pero allí encontró el bloqueo de la formación independentista Junts per Catalunya, grupo parlamentario del que precisaba el voto a favor de sus 7 diputados para sacar adelante la senda de estabilidad (límites de déficit y deuda para el trienio 2025-2027), que es uno de los pasos previos a la aprobación de los presupuestos.

Ante este escenario, el Gobierno decidió este lunes prorrogar por segunda vez los presupuestos de 2023, que ascienden a US$ 395.643 millones. Ahora bien, el Ejecutivo se muestra determinado a elaborar unas nuevas cuentas para el próximo año. Incluso Sánchez señaló a mediados de diciembre en una conversación informal con corresponsales internacionales que su intención es poder retomar el proyecto de presupuestos el próximo mes de enero.

Incluso, para facilitar un cambio de postura de Junts, Sánchez afirmó este lunes que estaría dispuesto a encontrarse con el líder de la formación, Carles Puigdemont.

Otro proyecto que sigue a la deriva es la reforma del artículo 35 de la actual Ley de Extranjería, con la que el Gobierno pretende atajar la fuerte presión asistencial que el archipiélago canario y Ceuta están sufriendo debido a los arribos de menores no acompañados que llegan de forma irregular. Con su aplicación, se lograría la distribución de los menores migrantes entre las diferentes Comunidades Autónomas para así aliviar las capacidades de estos territorios tensionados.

El fenómeno migratorio es uno de los que más ha centrado la atención del Ejecutivo en estos meses debido al auge de llegadas frente a años anteriores. Concretamente, hasta el 15 de diciembre de este año han arribado 43.737 personas de forma irregular y por vía marítima a Canarias, lo que representa un 18,6% más de llegadas respecto al mismo período en 2023, según datos de Ministerio del Interior. En el caso de Ceuta, 2.386 personas han llegado por vía terrestre a esta Ciudad Autónoma hasta la misma fecha, lo que supone un 128,5% más respecto al mismo período de 2023.

A mediados de diciembre, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, señaló que la capacidad de acogida de menores en esta Ciudad Autónoma se encuentra excedida en un 400%, con el 70% de los menores alojados en recursos de emergencia.

A inicios de diciembre, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, señaló que en el archipiélago estaban atendiendo a 5.400 menores inmigrantes, los cuáles se distribuyen en los 86 centros de los que disponen las islas y que esto supone una presión un 300% superior de su capacidad.

A pesar de los reclamos de estos dos territorios, la propuesta de reforma no ha salido adelante en el Parlamento hasta el momento. A finales de julio, 177 diputados de las filas del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya en el Parlamento español votaron en contra de que este cambio normativo inicie su tramitación legislativa. Desde entonces, el Ejecutivo liderado por Sánchez sigue intentando acercar posiciones con el PP y Junts para lograr su aprobación.

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