El decreto de Trump para TikTok muestra su voluntad de eludir las leyes y mantener la app en el limbo, dicen expertos legalesEricks Webs DesignEricks Webs Design

La decisión del presidente Donald Trump de emitir un decreto el lunes para retrasar la aplicación de la prohibición federal sobre TikTok ha profundizado un turbio panorama legal en Estados Unidos para la popular aplicación de redes sociales y sus socios tecnológicos.

Aunque el decreto del presidente permitía que la aplicación siguiera disponible para sus 170 millones de usuarios en el país, no hacía nada para cambiar la ley, que entró en vigor el domingo y sigue pesando sobre la plataforma y otras empresas tecnológicas que necesita para operar en EE.UU., según explican expertos legales a CNN.

En cambio, el decreto representó un uso temprano del poder de Trump para optar por no hacer cumplir ciertas leyes federales. Esa autoridad, dijeron los expertos legales, es amplia, prácticamente inmune a la revisión judicial y, para las empresas en el centro del drama de TikTok, probablemente demasiado poco y demasiado tarde.

“El presidente no tiene el poder de suspender la ley, ese no es un poder presidencial. Así que, en la medida en que Trump dice que la ley no se aplica, que nadie la viola, esas declaraciones no tienen sentido jurídico”, dijo Alan Rozenshtein, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, especializado en Derecho Tecnológico.

“Al mismo tiempo, las empresas que infringen la ley siguen infringiéndola. Así que todavía están en riesgo de una exposición legal bastante sustancial”, añadió Rozenshtein. “Trump podría darse la vuelta y cambiar de opinión”.

La ley, aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista el año pasado y firmada por el presidente Joe Biden, requiere únicamente que los socios tecnológicos de TikTok, incluidos Oracle, que aloja el contenido de TikTok en EE.UU., y Apple y Google, que alojan la aplicación en sus tiendas de aplicaciones, dejen de apoyar la aplicación o se enfrenten a multas de hasta US$ 5.000 por persona que tenga acceso a la plataforma a partir del domingo.

Antes de su entrada en vigor el 19 de enero, la ley también daba al presidente la opción de prorrogar la prohibición 90 días, pero para ello era necesario demostrar que las partes que trabajaban en la compra habían hecho progresos significativos, incluidos acuerdos legales vinculantes, y hasta el domingo la empresa matriz de TikTok, ByteDance, no había actualizado públicamente su postura de que la aplicación no estaba a la venta.

Tras un breve periodo de inactividad durante el fin de semana, la aplicación volvió a estar disponible en Estados Unidos el domingo por la tarde. TikTok citó la promesa de Trump el domingo de no responsabilizar a sus socios por seguir haciendo disponible la aplicación hasta que firmara el decreto como la razón por la que pudo devolver el acceso a los usuarios estadounidenses.

“El desafortunado momento de la sección 2(a) de la Ley, un día antes de que tomara posesión como 47° presidente de Estados Unidos, interfiere con mi capacidad para evaluar las implicaciones de seguridad nacional y política exterior de las prohibiciones de la Ley antes de que entren en vigor”, decía el decreto de Trump. “Este momento también interfiere con mi capacidad de negociar una resolución para evitar un cierre abrupto de la plataforma TikTok mientras se abordan las preocupaciones de seguridad nacional”.

En un discurso en la Casa Blanca el martes, Trump dijo que tiene “el derecho de llegar a un acuerdo” entre la aplicación y un potencial comprador estadounidense.

“Lo que estoy pensando en decirle a alguien es: ‘Cómprala y dale la mitad a Estados Unidos de América y nosotros te daremos el permiso’. Y tendrán un gran socio, Estados Unidos”, dijo.

Según la ley, ByteDance deberá vender a un nuevo comprador, a pesar de haber declarado que no tiene intención de hacerlo, o el Gobierno de Trump tendría que promulgar una nueva ley para anular la anterior, un escenario improbable dado el fuerte apoyo bipartidista que la legislación vigente recibió en el Congreso.

Hasta el lunes, la aplicación tenía algunos compradores potenciales, incluida la estrella de YouTube y TikTok MrBeast, que está buscando comprar la aplicación como parte de un grupo de inversores. Trump también mencionó a Elon Musk como posible comprador.

Los socios tecnológicos de TikTok han afrontado el complicado panorama legal de dos maneras diferentes: Oracle ha asumido el riesgo que conlleva no acatar la ley federal de venta o prohibición.

Pero hasta el martes por la tarde, TikTok seguía sin estar disponible en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple, lo que refleja la decisión mesurada de estas empresas de no exponerse a riesgos legales.

“Las empresas que optan por no cumplir están pensando: ‘Hay cierto riesgo de que el decreto pueda ser rescindido, podrían venir a por mí’”, dijo Daniel Deacon, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y experto en Derecho Administrativo.

“Me imagino que para estas empresas se trata de un análisis costo-beneficio: vale la pena o no participar en una actividad que me expone a un cierto nivel de riesgo del que me informan mis abogados”, añadió Deacon.

A diferencia de la prohibición de TikTok, que enfrentó dos grandes desafíos legales que finalmente fueron rechazados por la Corte Suprema, es poco probable que el decreto de Trump sobre TikTok se enfrente a desafíos legales, dijeron los expertos, porque sería extremadamente difícil para los posibles demandantes demostrar que han sido perjudicados por las acciones del gobierno aquí.

“A menudo, el problema de la no aplicación es que elimina cargas legales en lugar de imponerlas. Así que, en cierto sentido, se beneficia a la gente en lugar de perjudicarla”, afirma Zachary Price, jurista de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco que ha escrito sobre la aplicación de la ley penal y civil.

“Hay una segunda cuestión, y es que los tribunales suelen ser reacios a revisar las opciones de aplicación de la ley”, añadió. “Tienden a considerarlas una especie de prerrogativa del ejecutivo”.

Anupam Chander, profesor de Derecho en Georgetown, coincidió en que el decreto podría estar en gran medida a salvo de impugnaciones legales debido a las cuestiones de procedimiento a las que se enfrentaría un posible demandante.

Pero, añadió, los miembros del Congreso que aprobaron la ley y quieren ver si se aplica podrían ser capaces de despejar las cuestiones de umbral que se plantearían en una posible demanda contra la orden.

“No tengo claro que ningún miembro del Congreso vaya a demandar a Donald Trump”, dijo Chander. “Esta fue en gran medida una iniciativa republicana dentro del Congreso. Así que soy escéptico de que vayas a ver demandas por este camino”.

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