ANÁLISIS | La apuesta de Trump contra las subvenciones amenaza con arruinar la economía equilibrada que heredóEricks Webs DesignEricks Webs Design

Un memorando de dos páginas, con menos de mil palabras y lleno de retórica de derechas, arrojó el destino de la economía estadounidense a un territorio incierto el lunes por la noche, cuando el gobierno de Trump ordenó la suspensión de cientos de miles de millones de dólares en subvenciones y préstamos federales.

El documento del director en funciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto establece explícitamente que los fondos federales deben alinearse con las prioridades de la administración Trump y centrarse en “poner fin al ‘wokeness’”. Critica el uso de dinero federal para “promover la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del nuevo acuerdo verde” y ordena a todas las agencias gubernamentales que suspendan la entrega de fondos mientras la administración los revisa.

Es difícil exagerar el caos que la directiva, con su redacción ambigua, desató dentro de las organizaciones en amplias franjas de la economía que dependen de fondos federales, incluidos programas que brindan servicios médicos esenciales, ayuda de emergencia para agricultores, apoyo a centros oncológicos e incluso un programa que cubre el costo de ataúdes para veteranos fallecidos sin parientes cercanos, informaron mis colegas de CNN Jennifer Hansler, Andy Rose y Tami Luhby.

Para el martes por la noche, una jueza federal había bloqueado temporalmente parte de la congelación de la ayuda federal.

Y aunque todavía quedaban innumerables preguntas sin respuesta —un portavoz de la Casa Blanca no pudo decir inicialmente si se detendría la financiación de Medicaid, por ejemplo—, lo que estaba claro es que cualquier disrupción en el flujo de fondos federales tendría innegables efectos en cadena en toda la economía estadounidense.

La táctica forma parte del deseo expreso de Trump de arrebatar el control del gasto al Congreso, algo que, según los expertos legales, es casi seguro contrario a la ley. Samuel Bagenstos, profesor de Derecho de la Universidad de Michigan y exconsejero general de la OMB, me dijo que se trata de “un principio constitucional básico… que el poder ejecutivo solo puede retrasar el gasto de los fondos asignados por determinadas razones”, y ninguna de esas razones incluye que el presidente esté en desacuerdo con la política subyacente a la asignación.

Pero la medida subraya hasta qué punto Trump está dispuesto a arriesgar para conseguir lo que quiere. Al emitir la orden, el presidente amenaza con destruir una de las economías más resilientes de la historia moderna.

Una y otra vez, a lo largo de los últimos cuatro años, la economía estadounidense ha desafiado las predicciones de que se dirigía a una recesión, con un mercado laboral que se ha mantenido históricamente fuerte a pesar de un repunte de la inflación de dos años y unas tasas de interés dolorosamente altas. Y, contrariamente a la retórica de la campaña de Trump, la economía estadounidense se encuentra en un buen momento histórico: la inflación está en su mayor parte controlada, las tasas de interés están bajando y el gasto de los consumidores ha impulsado trimestres consecutivos de crecimiento del PIB anualizado del 3 %.

Nada de eso está garantizado, especialmente si miles de trabajadores que dependen de subvenciones federales ven cómo sus empleos dejan de estar financiados de repente y las empresas pierden la fe en que el gobierno cumpla sus promesas.

A corto plazo, “los efectos económicos pueden no ser trascendentales con respecto a la economía agregada, pero sí lo son con respecto a las personas que van a soportar la peor parte”, dijo Wendy Edelberg, directora de The Hamilton Project y miembro sénior de la Brookings Institution. “Si es algo de una semana, es solo otro grano de arena en la pila, otra razón para estar nervioso… Pero si llegamos a la quinta semana y ese dinero todavía no se ha repartido, gritaré, presa de un pánico atroz, no solo por la economía, sino por el estado de nuestro país”.

Los funcionarios de Trump trataron de calmar el pánico afirmando que el memorándum de la OPB “no era una pausa general” en todos los programas federales, sino solo en los alineados con las prioridades demócratas, un mensaje que no hizo más que enturbiar aún más el asunto.

La Casa Blanca dijo más tarde que Medicaid no estaba sujeto a la orden, pero varias agencias estatales de Medicaid informaron que habían perdido el acceso a los fondos de los que dependen para pagar a hospitales, médicos y aseguradoras.

“Habría estado bien que averiguaran cuál es su política antes de anunciarla”, dijo Brendan Duke, director sénior de política económica del Center for American Progress. “Esto es esencialmente un cierre parcial unilateral del gobierno federal por parte del presidente”.

Solo que es potencialmente peor que los cierres federales con los que la mayoría de nosotros estamos familiarizados: cuando el Congreso no logra llegar a un acuerdo presupuestario y obliga a todo el personal no esencial a dejar de trabajar y los servicios públicos como los parques nacionales se cierran hasta que los legisladores puedan elaborar un proyecto de ley. Porque la congelación de subvenciones federales de Trump afecta a gastos obligatorios que el Congreso ya ha aprobado.

“Esto no forma parte del manual de estrategias de cierre del gobierno”, dijo Edelberg. “No tenemos un manual para cuando el programa que gestiona el seguro médico infantil no va a recibir financiación. Estamos en un terreno de juego diferente al de pensar solo en la molestia y la estupidez de los cierres del gobierno debido a los proyectos de ley de asignaciones”.

Es prácticamente imposible cuantificar el impacto potencial de la congelación de subvenciones sin saber exactamente qué programas se verían afectados y durante cuánto tiempo. Pero los efectos difícilmente se limitarían a los beneficiarios de la asistencia federal o a aquellos cuyos trabajos están directamente financiados por ella. Esto se debe a que las economías no están formadas por bloques discretos que puedan moverse o eliminarse fácilmente para adaptarse a una agenda política, sino que son redes desordenadas y complejas formadas por personas reales con facturas reales que pagar.

“Es una tontería suponer que la economía será resiliente independientemente del tipo de políticas que se defiendan”, dijo Zack Mabel, director de investigación del Centro de Educación y Fuerza Laboral de la Universidad de Georgetown. “Creo que realmente estamos poniendo a prueba la resistencia a la tensión de nuestra economía y nuestro mercado laboral… pero creo que es una empresa realmente peligrosa porque las consecuencias son muy importantes. Decir que estamos jugando con fuego es quedarse corto”.

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