El Gobierno de Javier Milei busca eliminar la figura del femicidio del código penal: ¿qué puede pasar si avanza el proyecto?Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Carolina tenía 17 años la noche que su padre, Edgardo Aló, la vio por última vez. Él se acuerda que le insistió para que dejara a su pareja, tres años mayor, por la forma en que la trataba. Que discutían demasiado y que ella se transformaba en una persona más triste siempre que volvía con él.

Pasaron casi 30 años, pero Edgardo lo recuerda como si fuera hoy: “fui a buscarla a la puerta del colegio porque había recibido una llamada que me hizo sospechar. Cuando no la vi salir ni la encontré en mi casa, fui directo a buscarla a la casa de su novio”, dijo a CNN en entrevista recientemente.

Las luces de los patrulleros se veían desde lejos. A medida que Edgardo se acercaba a la casa, pudo escuchar las conversaciones de la policía. “Conté hasta 80 y no pude contar más” dice que escuchó comentar a un agente. Según la justicia, las puñaladas que recibió Carolina fueron 113.

La noche en que Fabián Tablado mató a Carolina Aló era un lunes frío de 1996, según consta en los expedientes judiciales. Faltaba una semana para su cumpleaños número 18 y más de 15 años para que la figura del agravante por violencia de género en un homicidio fuera parte del Código Penal de Argentina.

El 24 de enero de este año, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a través de su cuenta de X, advirtió que el Gobierno de Javier Milei buscará eliminar el agravante por violencia de Género del Código Penal.

“Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, escribió.

La publicación sostuvo el tono del mensaje que horas antes había leído el propio Milei en el Foro de Davos, Suiza, en el que aseguraba que, lo que él denomina “el feminismo radical” era una “distorsión del concepto de igualdad”, y que se había llegado al punto de “normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a una mujer se llama ‘femicidio’, legalizando que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”. Cúneo Libarona redobló la apuesta y ya trabaja en un proyecto de modificación que busca llevar al Congreso, según confirmaron fuentes del ministerio a CNN.

La reforma que busca llevar adelante el gobierno contradice los motivos iniciales por los cuales se impulsaron los cambios en 2012, cuando se agregó el agravante por violencia de género en el Código Penal.

“La muerte violenta de mujeres por razones de género muchas veces es perpetrada por personas de su círculo íntimo, generalmente parejas actuales o pasadas, o aún por personas extrañas, pero en un contexto que incluye desprecio por la víctima, humillación y agresión sexual”, explica Natalia Gherardi, abogada especialista en género y codirectora de la red de profesionales de la salud y el derecho RedAas.

En los años 90, Edgardo tuvo que golpear muchas puertas para conseguir una condena ejemplar por el femicidio de su hija, que fue tipificado en ese momento como “homicidio simple”, según se desprende de la sentencia. A pesar del vínculo probado por la justicia, a pesar de los, al menos, tres cuchillos que usó el asesino para matarla, a pesar de las puñaladas.

Desde 2012, cuando un hombre mata a una mujer en un contexto de violencia de género, la mayor condena a la que puede aspirar la familia de una víctima es reclusión perpetua. Antes podía ser de entre 8 y 25 años de cárcel, con los atenuantes que se contemplan en el país para reducir la condena: buena conducta en prisión, por ejemplo.

El caso de Carolina Aló fue punta de lanza en Argentina para discutir políticas para prevenir femicidios. Edgardo pasó décadas reuniéndose con presidentes, juristas, y abogados, y su testimonio fue clave para llegar a la sanción de 2012.

“Tuve que salir a luchar porque la ley no me amparaba. Los jueces no me amparaban”, recuerda Edgardo. Y asegura que la lucha no terminó con la condena a 24 años de prisión que dictó el juez, el asesino de su hija intentó pedir salidas de la cárcel y reducción de penas en distintas instancias judiciales. Incluso volvió a tener una pareja que, mientras estaba preso, lo denunció por amenazas. La justicia lo volvió a encontrar culpable y sumó dos años y seis meses más a su condena inicial.

“En general, los varones son en mayor proporción víctimas de asesinatos, pero la diferencia es que las mujeres son en mucha mayor proporción asesinadas por personas de su círculo de confianza. Si uno no entiende que la forma, el modo, el lugar, el perpetrador de esa violencia extrema es distinto, no hay forma de tener políticas adecuadas para proteger a esas mujeres”, explica Gherardi sobre la importancia de tener esta figura legal.

“En el colectivo Ni Una Menos vemos un intento más del gobierno por tratar de retroceder en luchas históricas del movimiento feminista. Lo que se intenta hacer, más allá de la discusión técnica, es consolidar una impunidad, un retroceso que vuelve a poner a la mujer en un lugar de subordinación, de obediencia y donde debe callar la violencia”- dice Luci Cavallero, referente de esta agrupación, y agrega que – “esto se suma al desmantelamiento de políticas de género que viene llevando adelante este gobierno”.

En agosto de 2024, el gobierno de Javier Milei debilitó el principal programa de acompañamiento a las víctimas de violencia de género, destinado a darles herramientas a las mujeres que sufren este tipo de violencia, brindando, entre otros recursos, un subsidio para que puedan salir de los lugares en donde fueron violentadas, frecuentemente dentro del ámbito familiar.

Según la reforma, este acompañamiento disminuye desde seis a tres meses e incluye un requisito con el que muchas veces las víctimas no cuentan por miedo a las represalias de sus victimarios: una denuncia policial que ratifique la situación en la que se encuentran.

Para Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, “es sumamente preocupante que no se comprenda la especificidad de este tipo de delitos y las obligaciones del Estado argentino de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que tienen raíces constitucionales”.

Y agrega: “Un femicidio siempre es un homicidio, es decir la muerte de una persona en manos de otra. Sin embargo, el homicidio de una mujer no necesariamente es un femicidio. Para que lo constituya, tiene que mediar una violencia particular, un contexto específico. Los actos femicidas están arraigados en un sistema que refuerza la discriminación contra la vida de las mujeres. A su vez, reproducen los estereotipos de la masculinidad asociada a la fuerza física y al poder para controlar a las mujeres”.

Según la Defensoría del Pueblo de la Nación, del 1 de enero al 15 de noviembre de 2024 hubo en Argentina 252 femicidios. El informe señala que el 66% de las víctimas fueron asesinadas en su domicilio, mientras que en un 84% se pudo comprobar una relación previa con el victimario.

Según un informe elaborado por ONU Mujeres, “todos los países de América Latina, excepto Cuba y Haití, han aprobado leyes que penalizan el femicidio/feminicidio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela”

En el reporte también se hace hincapié en que 13 de los 18 países que tipifican el femicidio en sus leyes tienen, además, “una ley integral contra la violencia”.

Y agrega: “Los tipos penales adoptados en la región intentan integrar en la legislación el concepto de femicidio/feminicidio construido desde la antropología y la sociología, enfrentándose a la dificultad de concretar en conductas típicas un fenómeno complejo, que tiene múltiples manifestaciones, y cuyos elementos distintivos son el móvil misógino y el contexto de discriminación y subordinación de las mujeres que impera en la sociedad”.

Finalmente, y en el camino contrario que busca emprender el gobierno de Javier Milei, recomienda que sean aún más los países que aprueben leyes integrales para combatir la violencia con motivos de género.

Veintiocho años y seis meses después, Fabián Tablado, el hombre que mató a su pareja Carolina Aló con cientos de puñaladas usando 3 cuchillos distintos, está libre tras cumplir sus condenas. La justicia le asignó una tobillera electrónica y una restricción perimetral, a pesar de haber violado esta medida impuesta para proteger a su expareja y a Aló con anterioridad. Edgardo, padre de Carolina, dice que vive con un botón antipánico en su bolsillo. Su vida quedó pausada en aquel frío intenso de mayo de 1996, y cuenta a CNN que todas las Navidades, la mesa familiar conserva una copa para su querida hija.

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