¿Qué pasa si una persona es deportada y vuelve a entrar ilegalmente a EE.UU.?Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Ahora que las políticas inmigratorias de Estados Unidos se han vuelto más restrictivas, quienes son deportados enfrentan desafíos significativos si buscan regresar al país.

Aunque muchos lo intentan, impulsados por la necesidad de reunirse con sus familiares, mejorar su situación económica o huir del peligro en sus países, las consecuencias de un reingreso ilegal pueden ser graves. Dependiendo de las circunstancias, las sanciones van desde multas hasta penas de prisión que, en casos extremos, pueden alcanzar los 20 años.

Desde el 26 de enero, la administración del presidente Donald Trump puso en marcha una operación nacional de control inmigratorio, en la que participan varias agencias federales. En lo que va de 2025 van más de 8.000 deportados según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Se espera que la cifra siga en aumento.

Según un estudio demográfico del Pew Research Center publicado en septiembre de 2024, los inmigrantes constituyen el 14,3% de la población total de Estados Unidos. Este porcentaje ha crecido de manera significativa, ya que en 1970 era el 4,7%, lo que quiere decir que en poco más de cinco décadas la proporción de inmigrantes en el país se ha triplicado.

También se ha incrementado la cantidad de personas sin estatus inmigratorio legal, la cual alcanza los 11 millones, según un informe de 2024 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) basado en cifras de 2022.

El Gobierno de Estados Unidos establece que un extranjero puede ser sujeto a un proceso de deportación en varias situaciones:

• Si ingresó a Estados Unidos ilegalmente,
• Si desobedeció las leyes de inmigración y no cumplió con los permisos o condiciones para permanecer en el país,
• Si cometió un delito o violó las leyes de Estados Unidos o
• Si está involucrado en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad.

De acuerdo con la ley estadounidense, los extranjeros que ingresaron al país sin pasar por un control inmigratorio o que no cumplan con los requisitos legales para permanecer en el territorio pueden ser deportados de manera rápida mediante un proceso conocido como deportación expedita.

A diferencia del procedimiento regular, que requiere una audiencia ante un tribunal de inmigración, este mecanismo permite la expulsión inmediata sin la intervención de un juez. Se aplica a casos específicos en los cuales no se ha seguido el proceso inmigratorio adecuado, agilizando la salida de quienes no cumplen las normativas establecidas.

El Título 8, sección 1326(a) del Código de Estados Unidos establece que un extranjero que fue denegado, deportado, expulsado o que haya salido de Estados Unidos mientras tenía una orden de exclusión no podrá ingresar, intentar ingresar o permanecer en el territorio estadounidense en ningún momento.

Sin embargo, el mismo Código (inciso A) prevé una excepción: si el secretario de Justicia autoriza expresamente antes de que la persona salga del lugar donde se encuentra (fuera de EE.UU.) o solicite admisión desde un territorio contiguo, puede volver a pedir ingreso a Estados Unidos.

Además, si el extranjero no demuestra que estaba exento de obtener dicho consentimiento según las leyes inmigratorias establecidas, podrá enfrentar una multa, una pena de hasta 2 años de prisión o ambas sanciones.

El código penal también indica que los extranjeros deportados por haber cometido tres o más delitos menores de drogas, delitos contra las personas o un delito grave (que no sea agravado) enfrentan sanciones, incluyendo una multa según el Título 18, prisión de hasta 10 años o ambas sanciones.

En casos más graves, si la deportación fue consecuencia de una condena por un crimen agravado, las sanciones aumentan. El extranjero “será multado bajo dicho título, encarcelado por no más de 20 años o ambas cosas”.

Para saber si se tiene un registro de deportación, la Ley de Libertad de Información (FOIA) permite acceder a los archivos inmigratorios de una persona. Este trámite se puede hacer en varias instituciones, como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que también opera en la frontera.

Si existe una decisión desfavorable del USCIS la legislación señala que se puede acudir a la Oficina de Apelaciones Administrativas o ante la Junta de Inmigración de Apelaciones (BIA). Para apelar una decisión, generalmente se usa el Formulario I-290B. Sin embargo, existen excepciones:

• Solicitudes de trabajadores inmigrantes especiales, cancelación de estatus de residente temporal y legalización: Formulario I-694;
• Peticiones familiares y apelaciones ante el BIA: Formulario EOIR-29 y
• Apelaciones sobre naturalización: Formulario N-336.

Elizabeth Uribe, abogada experta en inmigración, le dijo a CNN que los decretos firmados por Trump “no modifican directamente las leyes de inmigración y deportación vigentes” antes de su administración. Sin embargo “ahora tenemos certeza que estas personas son una prioridad para la administración”, dijo Uribe.

También señaló que en algunos casos estos decretos sí pueden cambiar los procedimientos y criterios de deportación. “La administración anunció cambio a las deportaciones aceleradas, las cuales anteriormente solo se llevaban a cabo en la frontera, a 161 metros de ella y dentro de 14 días de haber llegado al país”, explica la abogada.

El cambio hoy “es que la deportación acelerada se puede llevar a cabo en cualquier parte del país y dentro de 2 años luego de haber llegado la persona al país”, dice Uribe. “Así que es importante tener evidencia de su presencia física en Estados Unidos”.

“Una deportación queda archivada con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y esta es información que permanecerá en la base de datos y no se borrará”, dijo a CNN la abogada Elizabeth Uribe.

Añadió que “es posible que el individuo pueda regresar legalmente en un futuro, si es que califica para la visa que desea solicitar. En algunos casos será necesario solicitar un perdón para poder regresar”.

En ese contexto, el departamento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS),  señala que si una persona es inadmisible bajo la sección 212(a)(9)(A) o (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, puede presentar el formulario I-212, conocido como “permission to reapply”, para solicitar nuevamente la admisión a Estados Unidos. Este permiso es un requisito fundamental para quienes buscan ingresar legalmente al país.

Para saber dónde presentar la solicitud, se debe consultar la página web de Direcciones para Presentación Directa, lo cual asegura que el trámite llegue al lugar correcto.

El USCIS también destaca que el Formulario I-212 se presenta ante el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), algo que puede hacerse de dos maneras: electrónicamente a través del sistema e-SAFE o también presentarlo en persona en los puertos de entrada designados o en las localidades de preautorización. Esto es especialmente útil si:

• Se busca ingresar a Estados Unidos como no inmigrante en un puerto de entrada sin necesidad de una visa de no inmigrante, y
• Si se solicita una visa de no inmigrante (excepto las categorías K, T, U o V) en un consulado estadounidense.

Según información del Gobierno de Estados Unidos, se puede declarar inadmisible a una persona dependiendo de la duración de la presencia ilegal acumulada y de otras condiciones “a menos que se aplique alguna excepción específica”.

La primera de ellas apunta a que si alguien afectado sale de Estados Unidos antes de que comience un proceso de deportación y acumula entre 180 días y menos de un año de presencia ilegal en una sola estadía, puede solicitar nuevamente admisión dentro de los tres años posteriores a su salida.

La segunda causal de inadmisibilidad es solicitar ingreso en los 10 años posteriores a su salida o ser deportado luego de acumular un año o más de presencia ilegal en una sola estadía. La tercera causal es intentar reingresar sin autorización después de haber estado ilegalmente en el país por más de un año en una o varias estadías.

La abogada experta en inmigración señaló que aún no se sabe el efecto total en estos casos: “Por ejemplo, si una persona tiene menos de 2 años en el país y está en trámite de visa o asilo, no sabemos aún si la administración tomará acción en contra de estas personas en caso tal que tenga contacto con ICE. Si el individuo está en trámite en el tribunal, corte de inmigración o corte de apelación entonces los decretos no afectarán a esos individuos”.

Con información de Priscilla Álvarez, Michael Williams y Rosa Flores, de CNN

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