Así es como Trump y Musk sacudieron la fuerza laboral federalEricks Webs DesignEricks Webs Design

En menos de tres semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Elon Musk han puesto en jaque a la fuerza laboral federal, al despedir a altos funcionarios, paralizar agencias multimillonarias y convencer a decenas de miles de trabajadores de que abandonen voluntariamente sus empleos.

Y dicen que no han hecho más que empezar.

La toma hostil liderada por Musk de la fuerza de trabajo federal ha sido aplaudida por los partidarios de Trump. Pero ha desencadenado el caos, el miedo, la ira –y múltiples demandas– de los trabajadores federales en el punto de mira de una administración Trump, que pretende reducir el Gobierno federal y eliminar cualquier elemento que Trump y sus aliados consideren hostil al presidente.

Algunos de los cambios más radicales que se han intentado fueron bloqueados por los tribunales, al menos por ahora. Un juez federal suspendió el jueves el plazo para la llamada baja indemnizada mientras se desarrollaban más procedimientos sobre la legalidad del programa. Esto se produjo después de que un tribunal federal dictaminara la suspensión de una amplia congelación del gasto federal y limitara el acceso de los aliados de Musk a un sistema de pagos muy sensible en el Departamento del Tesoro.

Con todo, las maniobras de Musk han ido a un ritmo vertiginoso, desde la exigencia de acceso a sistemas de pago sensibles y a datos personales del Gobierno hasta el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), donde la mayoría de los empleados de la agencia están siendo puestos en licencia y se les ha ordenado regresar a EE.UU.

La agitación dentro del Gobierno durante los primeros 19 días de la presidencia de Trump muestra cómo un Musk empoderado –que dio un mazazo a la plantilla de Twitter cuando compró la red social– ha sido capaz de realizar movimientos sin precedentes dentro de la burocracia federal. Los que han intentado resistirse a los empleados elegidos a dedo que Musk instaló en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) fueron barridos rápidamente.

Algunos de los mayores impactos potenciales del recién creado DOGE de Musk han venido de la oferta de “compra”, o renuncia diferida, de la administración Trump a la mayoría de la fuerza de trabajo federal, que según el Gobierno de EE.UU. les permitirá dejar sus puestos de trabajo, pero cobrando hasta finales de septiembre. El memorando enviado a 2 millones de trabajadores federales con la oferta se titulaba “Fork in the Road”, el mismo asunto enviado por correo electrónico a los empleados de Twitter en 2022.

El jueves por la noche, horas después de que el juez detuviera la medida, un funcionario de la Casa Blanca dijo que al menos 65.000 personas optaron por el programa de renuncia diferida, lo que representa aproximadamente el 3% de los trabajadores que recibieron la oferta.

La Casa Blanca dijo que su objetivo de reducción es más profundo: busca que entre el 5% y el 10% de los empleados renuncien. Y los funcionarios del Gobierno de Trump dicen que están planeando despidos masivos para aquellos que no aceptaron la oferta como parte del esfuerzo para reducir masivamente el tamaño de la administración.

La reducción del Gobierno federal tendrá repercusiones mucho más allá de Washington, porque la mayoría de los trabajadores federales viven fuera de la capital de la nación, incluyendo decenas de miles de trabajadores federales en estados gobernados por republicanos.

El esfuerzo de Trump por purgar del Gobierno a quienes considera opositores personales o ideológicos ha ido mucho más allá de las acciones de Musk.

Los líderes de las agencias en funciones en todo el Gobierno despidieron rápidamente a altos funcionarios en varias de ellas, así como a grupos específicos, incluidos empleados que trabajaban en las oficinas de DEI (acciones de diversidad, equidad e inclusión) y funcionarios del Departamento de Justicia involucrados en las acusaciones contra el presidente.

A la mayoría de los aproximadamente 2,4 millones de personas que trabajan para el Gobierno federal se les ofreció una renuncia diferida, aunque hubo algunas excepciones iniciales, como los trabajadores de correos, el personal militar y quienes ocupaban puestos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración y la seguridad nacional.

A algunos funcionarios de seguridad nacional se les permitió aceptar la renuncia: la CIA envió la oferta a toda su plantilla por indicación de su director, John Ratcliffe.

Los supervisores de las agencias federales recibieron recientemente un correo electrónico que les permitía defender que determinados trabajadores federales no fueran incluidos en las listas de despidos, según pudo saber CNN. El correo electrónico se lee como una encuesta, dando a los supervisores criterios específicos a tener en cuenta a la hora de decidir si “retener o no retener” a un empleado.

“Los criterios a considerar incluyen a los empleados que poseen habilidades o conocimientos especializados únicos”, dice el correo electrónico. Otros ejemplos de exenciones de la lista de despidos son el personal de ciberseguridad, los coordinadores de asistencia en emergencias y catástrofes en el lugar de los hechos y los especialistas en gestión de emergencias.

Las decisiones sobre si aceptar o no la oferta de renuncia han sido personales, según declaró a CNN un funcionario sindical de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, dos empleados de la EPA con los que habló este funcionario decidieron jubilarse en lugar de aceptar la oferta simplemente porque no confiaban en ella y sentían que iba en contra de sus principios.

“No creen que sea un trato válido”, dijo el responsable sindical. “Si yo me comprara un coche o una casa y sustituyera mi carrera profesional por eso, que es lo que está sobre la mesa, ¿accedería a un contrato con las condiciones que figuran en el Fork (correo electrónico)? La respuesta es no, ni me acercaría. Porque no tengo ningún recurso, y tiene muchas salidas para la otra parte, pero no para mí”.

Muchos de los trabajadores que decidieron no aceptar la oferta de renuncia diferida se enfrentan a un futuro incierto. El correo electrónico inicial de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) afirmaba que no podía ofrecer “plenas garantías sobre la certidumbre de su puesto o agencia” a quienes no aceptaran el paquete, que algunos trabajadores consideraron coercitivo.

Entre los próximos objetivos: los trabajadores “en periodo de prueba” que llevan un año o menos contratados y, por tanto, pueden ser despedidos sin que se activen los derechos de apelación, los trabajadores federales de más edad que están siendo empujados a jubilarse anticipadamente y los empleados federales que trabajan a distancia.

Además, Trump quiere que sea más fácil despedir a los funcionarios de carrera implicados en la política, a los que considera que obstaculizaron la aplicación de varias de sus prioridades durante su primer mandato.

Entre el aluvión de decretos que firmó el día de su toma de posesión figura el que crea una nueva categoría –denominada Política de Horarios/Carrera– para estos trabajadores, que les despojaría de sus protecciones como funcionarios. Los críticos argumentan que la medida, que es similar a otra que firmó a finales de 2020 que establecía el llamado Schedule F, pretende que Trump llene las filas con personal leal. Varios sindicatos ya presentaron demandas por la medida, que también pedía anular una norma del Gobierno de Biden de 2024, que ofrecía más protecciones a los funcionarios.

Otro grupo de trabajadores que Trump prometió atacar son los empleados que trabajan a distancia. El mes pasado, Trump emitió un memorando en el que ordenaba a las agencias que obligaran a todos los empleados a volver a la oficina a tiempo completo, a pesar de que los sindicatos de empleados federales han firmado acuerdos con las agencias para permitir el trabajo a distancia.

Un memorando de la OPM enviado a los jefes de agencia el lunes y revisado por CNN proporciona orientación a las agencias sobre cómo pueden anular los acuerdos de negociación colectiva de los sindicatos sobre trabajo a distancia y teletrabajo, afirmando que los jefes de agencia tienen la capacidad de “establecer niveles generales de teletrabajo y excluir puestos específicos de la elegibilidad de teletrabajo bajo la Ley de Mejora del Teletrabajo”.

“Las disposiciones de los convenios colectivos que entren en conflicto con los derechos de la dirección son ilegales y no pueden aplicarse”, añade la nota.

La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés), el mayor sindicato federal, rápidamente arremetió contra la orientación de la administración Trump de “ignorar” los acuerdos de negociación colectiva.

“Los contratos sindicales son ejecutables por ley, y el presidente no tiene autoridad para hacer cambios unilaterales a esos acuerdos”, dijo el presidente nacional de AFGE, Everett Kelley, en un comunicado, señalando que la directiva inicial de Trump sobre el regreso a la oficina y la orientación de la OPM establecen que las obligaciones de negociación colectiva deben cumplirse.

Los primeros movimientos del Gobierno de Trump para poner en jaque al Gobierno federal se sintieron más agudamente en la USAID, después de que Trump congelara la mayor parte de la ayuda exterior bloqueada.

Gran parte de la plantilla de la USAID ha sido despedida este viernes, alterando las vidas de cientos de personas que trabajan en el extranjero y que luchan por saber qué va a pasar y cómo y cuándo van a volver a Estados Unidos. Fuentes de la agencia dijeron que se espera que el Gobierno de Trump mantenga a menos de 300 personas en la USAID, que tiene miles de personas en todo el mundo.

Casi 60 altos cargos de la USAID fueron puestos en licencia a una semana de la presidencia de Trump tras ser acusados de tratar de “eludir los decretos del presidente”. Dos altos cargos de seguridad fueron puestos de baja después de que se detuviera a funcionarios del DOGE que intentaban acceder físicamente a la sede de la USAID.

Luego, la agencia fue asumida de hecho por el Departamento de Estado el lunes, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que era el jefe interino de la USAID. Musk declaró en X que su equipo y él “pasaron el fin de semana metiendo a la USAID en la astilladora de madera”.

Trump no puede eliminar agencias por su cuenta: tal acción requeriría legislación del Congreso. Pero las acciones de Trump en las primeras semanas de su presidencia tienen el efecto de asfixiar a las partes del Gobierno federal que no le gustan a Trump.

Rubio no es el único secretario del gabinete que heredó una agencia en funciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue nombrado director en funciones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor después de que Trump despidiera a su director, Rohit Chopra. Bessent ordenó una revisión de la agencia, creada tras el colapso financiero de 2008 para proteger a los consumidores de los abusos financieros, para garantizar la “coherencia” con la nueva administración.

El Departamento de Educación podría ser el siguiente, ya que Trump ha dicho que quiere eliminar la agencia federal y dejar la educación en manos de los estados.

“Le dije a Linda: ‘Linda, espero que hagas un gran trabajo al quedarte sin trabajo’. Quiero que se quede sin trabajo: el Departamento de Educación”, dijo Trump a periodistas el martes.

Otros efectos dominó se están sintiendo en las agencias de todo el Gobierno. CNN informó el jueves que los empleados de la Oficina de Justicia Ambiental y Derechos Civiles Externos de la EPA fueron informados de que están siendo colocados en licencia administrativa pagada, con más de 160 empleados afectados en todo el país.

En el Departamento de Justicia, los movimientos de personal se han centrado menos en la reducción del tamaño de la fuerza de trabajo que en la retribución de Trump.

Antes de que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, tomara posesión de su cargo el miércoles, los designados por Trump purgaron a funcionarios que estaban relacionados con las distintas investigaciones sobre él, ordenaron a algunos altos dirigentes del FBI que se jubilaran o dimitieran y exigieron listas de miles de empleados del FBI que estaban implicados en los casos del 6 de enero. Se presentaron más de 5.000 nombres, dijeron las fuentes.

Pero el Departamento de Justicia también está buscando recortes más amplios, anunciando en un correo electrónico interno el miércoles que participaría en los esfuerzos del Gobierno de Trump para alentar a algunos trabajadores federales mayores a renunciar y obtener sus beneficios de jubilación anticipadamente, según una copia del mensaje obtenida por CNN.

CNN informó esta semana que a los empleados de todas las agencias federales se les estaba ofreciendo este programa, conocido como Autoridad de Jubilación Anticipada Voluntaria, o VERA, para incentivar a los trabajadores federales de larga data a irse. Esta es una parte de la estrategia múltiple de Trump para reducir la fuerza de trabajo federal tal vez hasta en un 10%.

No está claro cuántos de los aproximadamente 116.000 empleados del Departamento de Justicia aceptarán estas ofertas, que también llegaron a la fecha límite del jueves.

Un funcionario del Departamento de Justicia dijo a CNN que las ofertas parecen estar teniendo un impacto limitado, principalmente entre las personas que ya están cerca de la edad de jubilación, o los funcionarios en el período de «prueba» que son mucho más fáciles de ser despedidos directamente y ya han sido blanco de la administración Trump.

Algunos que pensaban marcharse han decidido quedarse como “muestra de solidaridad”, dijo el funcionario.

“Los correos electrónicos desde el principio han sido insultantes y degradantes… es estúpido pensar que las personas que no están en esto por el dinero podrían ser compradas con dinero”, dijo el funcionario a CNN.

La decisión del juez de detener el programa de renuncia diferida de Musk durante varios días es el caso más reciente en el que un juez ha presionado la pausa en las primeras acciones ejecutivas de Trump.

La semana pasada, dos jueces bloquearon un intento de congelar el gasto en subvenciones y préstamos federales. La Oficina de Gestión y Presupuesto había enviado un memorando a las agencias con la amplia pausa en el gasto, lo que generó una confusión generalizada y fue rescindido junto con las pausas impuestas por los tribunales.

El esfuerzo parecía ser un intento inicial del Gobierno de Trump para eludir la Ley de Control de Embargos, que prohíbe al Poder Ejecutivo negarse a gastar fondos apropiados por el Congreso.

Y un juez federal limitó el acceso de los empleados del DOGE a un sistema de pagos altamente sensible del Departamento del Tesoro. Los correos electrónicos muestran que los lugartenientes de Musk solicitaron acceso al sistema después de pedir al Departamento del Tesoro el cierre inmediato de todos los pagos de la USAID.

En última instancia, muchos de estos casos podrían acabar ante la Corte Suprema, que podría decidir hasta qué punto Trump y Musk pueden reformar el Gobierno tal y como está constituido actualmente.

Stephen Vladeck, analista legal de CNN y profesor de la Facultad de Derecho de Georgetown, dijo que la Corte Suprema, aunque se puso del lado de Trump en el caso de inmunidad del año pasado, podría bloquear en última instancia algunos de los cambios más drásticos que Trump está buscando.

“Creo que Trump va a perder más de estos casos de los que va a ganar. Incluso esta Corte Suprema va a tener serios problemas con lo radical y rápido que el Gobierno está tratando de reescribir décadas, si no siglos, de derecho establecido en este espacio”, dijo Vladeck. “Y los tribunales inferiores, que estarán aún más centrados en el daño que estas acciones están causando sobre el terreno, estarán mucho más inclinados a bloquearlas mientras se desarrolla el litigio”.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.