ANÁLISIS | A Elon Musk y sus compañeros del “Departamento de Eficiencia Gubernamental” les espera una sorpresa desagradableEricks Webs DesignEricks Webs Design

Érase una vez, un audaz forastero entró en la Oficina Oval con la promesa de “drenar el pantano”. Trajo consigo a un grupo de empresarios, liderados por un destacado industrial, para trabajar como “sabuesos incansables” en la búsqueda de ineficiencias en la vasta burocracia de Washington.

Era 1982, y la Comisión Grace del presidente Ronald Reagan comenzó su búsqueda para eliminar cientos de miles de millones de dólares en gastos innecesarios.

Al igual que el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE, por sus siglas en inglés) del presidente electo Donald Trump, la junta asesora liderada por los empresarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy, la Comisión Grace no tenía autoridad para implementar cambios, solo para asesorar.

Y después de un par de años de trabajo, los más de 150 miembros de la Comisión Grace persuadieron al Congreso para que aprobara exactamente cero de sus recomendaciones.

“No se puede encontrar ninguna evidencia de que hayan cambiado el crecimiento del Gobierno ni un ápice”, dijo Douglas Holtz-Eakin, presidente del grupo de expertos de centro-derecha American Action Forum, a CNN. “Hay muchos pequeños ejemplos de éxitos” por parte del grupo, dijo. “Pero creo que deberías preguntar a Elon y Vivek qué los hace diferentes de la Comisión Grace. ¿En qué son diferentes de otras cosas que no tuvieron éxito?”

En 2024, al igual que en 1982, hay un amplio consenso de que el presupuesto federal está inflado y podría beneficiarse de una nueva perspectiva para hacer que el Gobierno funcione de manera más eficiente y ahorre dinero a los contribuyentes.
Economistas de izquierda y derecha dijeron a CNN que darían la bienvenida a cualquier esfuerzo de buena fe para reducir el déficit y abordar el gasto gubernamental. Sin embargo, hasta ahora, ni Musk ni Ramaswamy parecen comprender las complejidades del presupuesto estadounidense de US$ 6,8 billones.

“Seguimos pretendiendo que el presupuesto federal es como sentarse en la mesa de la cocina, resolviendo las finanzas de la familia”, dijo Holtz-Eakin, exasesor de la campaña de John McCain en 2008 y jefe de presupuesto bajo el presidente George W. Bush. “Eso es una mentira… Es una quinta parte de la economía, y es muy, muy difícil de gestionar y reestructurar. Y están descubriendo eso”.

Musk y Ramaswamy enfrentarán un desafío matemático inmediato al encontrar una manera de reducir drásticamente el gasto, especialmente si se comprometen con la cifra de US$ 2 billones que Musk ha mencionado.

Aproximadamente el 60% del presupuesto del Gobierno federal comprende lo que se conoce como gasto obligatorio, principalmente Medicare, Medicaid y Seguridad Social. Sería un suicidio político recortar drásticamente la financiación de esos programas de red de seguridad, razón por la cual no hay apetito en el Congreso para hacerlo.
Trump ha prometido proteger la Seguridad Social.

Otro 10% del presupuesto se gasta en pagar intereses sobre la montaña de deuda del “Tío Sam”. Eso tampoco se puede tocar, al menos no sin desencadenar un catastrófico incumplimiento de la deuda y un colapso del mercado.

Eso deja alrededor del 30% del presupuesto que es discrecional, pero aproximadamente la mitad de eso se destina al gasto en defensa, otra área que sería difícil de recortar drásticamente.

“Eliminar US$2 billones en gasto anual será extremadamente difícil sin tocar el gasto obligatorio, lo que requeriría que los legisladores tomen las decisiones difíciles que no han estado dispuestos o no han podido tomar”, escribió Isaac Boltansky, director de investigación de políticas en BTIG, en un informe reciente para clientes.

El gasto discrecional no relacionado con la defensa ya se ha reducido, situándose en el nivel más bajo de la historia moderna como porcentaje del PIB, de acuerdo con el economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi.

Es por eso que Zandi dijo que es escéptico de que centrarse en la eficiencia del Gobierno podría generar incluso US$ 200.000 millones al año en ahorros anuales, y mucho menos US$ 2 billones. (Musk dijo en octubre que podría recortar al menos US$ 2 billones, pero no especificó si se refería anualmente o durante un período de tiempo).

“Estoy a favor de los esfuerzos para mejorar la eficiencia del Gobierno”, dijo Zandi. “Pero aquí no hay un pase de touchdown de 60 yardas que cambie el juego. Serán muchas carreras de una o dos yardas”.

En un artículo de opinión del Wall Street Journal el mes pasado, Musk y Ramaswamy ofrecieron un esquema amplio de su visión para apuntar a “los más de US$ 500.000 millones en gastos federales anuales que no están autorizados por el Congreso o que se están utilizando de maneras que el Congreso nunca pretendió”.

No obstante, ¿cómo, exactamente?

Hay una manera, aunque no siempre es legal, para que el presidente desafíe al Congreso y simplemente se niegue a gastar el dinero que los legisladores han asignado. Se llama retención.

“Mi nivel de amenaza para que las recomendaciones de DOGE pasen por el Congreso es relativamente bajo”, dijo Bobby Kogan, director senior de política presupuestaria federal en el Center for American Progress, un grupo de investigación de políticas de tendencia izquierdista. “Mi nivel de amenaza para que hagan algunas cosas ilegalmente, unilateralmente, es increíblemente alto”.

Trump ha dicho repetidamente que desafiaría la ley de la era Nixon que restringió la capacidad del presidente para bloquear fondos para proyectos aprobados por el Congreso. Musk y Ramaswamy aseguraron en su artículo de opinión que creen que la Corte Suprema probablemente se pondría del lado de Trump.

Un portavoz del equipo de transición de Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

No está claro cómo se desarrollaría una estrategia de retención. Newt Gingrich, el expresidente de la Cámara y asesor de Trump, dijo al Washington Post el mes pasado que la administración probablemente intentaría una estrategia de dos frentes: pedir al Congreso que apruebe recortes drásticos en el gasto, mientras prueba los límites de su poder para rescindir fondos unilateralmente.

Por ejemplo, si la Casa Blanca quisiera congelar los fondos federales para las escuelas con mandatos de vacunas, como ha sugerido el presidente electo, la medida sería impugnada en los tribunales por la escuela o el Gobierno local. Sería responsabilidad de los tribunales mantener o revocar esa orden, lo que podría retener fondos vitales durante meses o incluso años.

“Creo que probablemente van a perder (algunos casos) en los tribunales, pero ese es un camino muy real hacia el caos”, dijo Kogan.

The-CNN-Wire
™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.