ANÁLISIS | Mientras Trump lanza su ofensiva represiva, los defensores de los inmigrantes también se movilizanEricks Webs DesignEricks Webs Design

Mucho más allá del clamor en Washington de acciones ejecutivas y demandas, y de los comunicados de prensa en duelo entre aliados y adversarios de Donald Trump, la llegada del régimen de inmigración del nuevo presidente ya está cambiando la vida sobre el terreno para millones de personas: inmigrantes indocumentados, sus hijos, su familia, amigos y vecinos, profesores y directores, gobiernos locales y fuerzas del orden.

En los días previos a la segunda toma de posesión de Trump la semana pasada, las familias ansiosas que buscaban consejo en el grupo de derechos de los inmigrantes más prominente de Los Ángeles tenían una pregunta por encima de todo.

“De lo que más quieren hablar es de la separación familiar”, me dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés), sobre los miles de inmigrantes indocumentados que se han puesto en contacto con su oficina desde la elección de Trump. “Las personas están realmente preocupadas por quién va a cuidar de sus hijos” si son detenidos o deportados.

Hubo decenas de otras preguntas dolorosamente prácticas cuando cientos de personas se reunieron el martes pasado por la noche, al final del primer día completo de Trump en su segundo mandato, para un foro de “conoce tus derechos” que CHIRLA patrocinó en la oficina de United Teachers Los Angeles, el sindicato de maestros de Los Ángeles. Un hombre quería saber cuáles eran sus obligaciones como propietario si los agentes federales de Inmigración y Aduanas se presentaban en su negocio exigiendo hablar con sus trabajadores. Otra mujer quería saber si el grupo disponía de material que pudiera facilitar para informar a las personas ciegas y sordas con las que trabaja sobre sus derechos en caso de ser detenidas por el ICE. Otra persona preguntó si podían seguir facilitando con seguridad su nacionalidad a los hospitales cuando se la pidieran en un certificado de nacimiento.

Las preocupaciones planteadas en la reunión no se referían a grandes cuestiones de política nacional, sino a realidades íntimas de la vida cotidiana. ¿Puedo enviar a mis hijos a la escuela? ¿Puedo ir al médico? ¿Cuáles son mis derechos si el ICE me para por la calle?

Cuando Salas habló a la gran multitud el pasado martes por la noche, su mensaje principal fue que las personas preocupadas por la promesa de deportación masiva de Trump necesitaban mantenerse fuertes tanto en su determinación de proteger sus derechos individuales como en su compromiso de unirse colectivamente para protestar contra sus políticas. “No pueden vencernos con el miedo”, insistió. “No pueden impedir que protejamos nuestros derechos humanos”.

La multitud de miembros de la comunidad, sindicatos locales y grupos de derechos civiles que se reunió el martes pasado por la noche era enérgica, los cánticos de “sí se puede” siempre vigorosos, la emoción apasionada en una vigilia con velas a la que asistieron decenas de personas al atardecer frente a una iglesia al otro lado de la calle. Y, sin embargo, no había duda de la ansiedad y la aprensión que bullían en todo ello.

“Trabajo para la escuela local y muchos de nuestros padres sienten mucho miedo”, me dijo Erica Granados al comenzar el acto. Cuando la velada tocaba a su fin, Myrla Baldonado, que trabaja con un grupo que defiende a las trabajadoras domésticas, me contó que esa mañana había visto a tres jóvenes latinas salir corriendo de una estación de metro gritando: “Ya vienen, ya vienen”. Resultó ser una falsa alarma, dijo, pero lo más revelador fue que nadie tuvo que preguntar a las mujeres quiénes eran “ellos”.

Salas vive en uno de los barrios amenazados por los incendios forestales que arrasaron Los Ángeles a principios de mes. Mientras hacía la maleta e intentaba reunir objetos de valor por si tenía que evacuar, le sorprendieron las similitudes entre los consejos que oía en televisión a los funcionarios de emergencias locales y las orientaciones que ella da a los inmigrantes indocumentados en su oficina. “Lo estás pensando como si fuera un plan para una catástrofe”, me dijo. Al igual que los incendios o un terremoto, dijo, “hasta cierto punto es bastante aleatorio” a quién detienen en una redada.

“Se lo decimos a la gente de forma muy práctica: ahorren algo de dinero para que la persona que sea deportada pueda tener algunos recursos”, me dijo Salas. “Preparen una bolsita o puedan enviarles tanto dinero como ropa, sobre todo si los detienen solo con un pijama”.

Su grupo inculca a los inmigrantes indocumentados y a sus familias, incluidos los que tienen estatus legal, la importancia de hacer los trámites legales básicos. “Hemos estado haciendo innumerables consultas con personas para que al menos… podamos tener parte de su información básica: su nombre, su fecha de nacimiento”, dijo. Sin esa información básica, puede ser tan difícil localizar a los detenidos, dijo Salas, que existe el riesgo de que las personas puedan ser expulsadas de EE.UU. antes de que sus familias siquiera determinen dónde están retenidas. “Especialmente si viven en regiones fronterizas, la deportación es muy rápida”, dijo.

Salas anima sobre todo a los padres con hijos menores a rellenar lo que se llama “Declaración jurada de autorización del cuidador”. Con ese documento, un padre autoriza a otra persona –un amigo, un pariente, incluso un hermano mayor– a cuidar de sus hijos si son expulsados del país. La autoridad otorgada por los padres mediante el documento, me dijo Salas, “es suficiente para poder mantener a un niño matriculado en la escuela o autorizar cualquier atención médica si el niño se pone enfermo y tiene que ir al médico”.

La cuestión de cuánto contar a los niños sobre estas contingencias es difícil. Los padres “suelen hablar con los niños mayores y les dicen cosas muy prácticas: Aquí dejo algo de dinero, si me recogen a este es a quien tienes que llamar, aquí es donde guardamos algo de dinero”, me dijo Salas. “Siempre recuerdo la historia de nuestro alcalde aquí en Pasadena, cuyos padres eran indocumentados; sus padres le dijeron que su dinero estaba en el tarro del café, que fuera allí si les pasaba algo”.

Solo explicar estos preparativos puede ser traumático para los niños más pequeños, dijo Salas. Ella lo sabe por experiencia personal: su madre, que era indocumentada, fue deportada cuando Salas tenía 11 años. Aunque su madre finalmente regresó a California en virtud de una demanda colectiva que permitió a su familia obtener un estatus legal, “esto es algo que se queda contigo para el resto de tu vida”, dijo Salas. “Y es absolutamente traumático. Incluso tener al padre detenido es traumático”.

CHIRLA ha ayudado a miles de inmigrantes indocumentados a llenar declaraciones juradas de cuidadores a lo largo de los años, con el ritmo notablemente acelerado desde que Trump ganó las elecciones. El grupo está trabajando con el sindicato de maestros y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para capacitar a los maestros para detectar a los niños que se sienten estresados por lo que pueda sucederles a sus padres (incluso si los propios niños son ciudadanos estadounidenses). En el foro del martes pasado, Karla Griego, miembro de la junta del LAUSD, dijo que el distrito escolar estaba llevando a cabo varios días de capacitación esta semana para los directores de las escuelas sobre lo que ICE puede y no puede exigir en los terrenos de la escuela, con los directores luego dirigidos a instruir a todos sus maestros y personal. “Todo el mundo va a recibir formación”, dijo. (Esa promesa parecía especialmente relevante para la audiencia, dado que la administración Trump ha rescindido la orientación de larga data que prohíbe las operaciones de aplicación de inmigración en lugares sensibles, incluidos hospitales y escuelas).

A pesar de todo este alcance, Granados, cuyo trabajo implica fomentar un clima de aprendizaje positivo, dice que cree que la mayoría de los padres indocumentados con los que trabaja en las cercanas Escuelas Comunitarias Robert F. Kennedy (ubicadas en el sitio del Hotel Ambassador, donde RFK fue asesinado en 1968) no tienen idea de que necesitan una declaración jurada de cuidador. Pensaba llevar copias de la reunión para colocarlas en la sala de recursos para padres de la escuela. “Muchos de nuestros padres tienen un gran espíritu de lucha”, dijo, “pero realmente se trata de prepararse para un posible trauma”.

Todo el trabajo que CHIRLA está haciendo con los inmigrantes indocumentados equivale a apilar sacos de arena contra una tormenta que se avecina. Ella y otros grupos de derechos de los inmigrantes en todo el país han estado poniendo sistemáticamente otros preparativos en su lugar mientras Trump y su equipo lanzaban su programa de deportación masiva con una serie de acciones de aplicación intensificadas durante el fin de semana desde Chicago y Atlanta hasta Austin y Los Ángeles.

El Gobierno de Trump presenta esta intensificación de las medidas coercitivas como el correctivo atrasado a las políticas del expresidente Joe Biden que, según argumentan, cedieron el control de la frontera e inundaron de forma insostenible las ciudades con inmigrantes indocumentados. En una entrevista con CNN, el “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Tom Homan, calificó de “buen día” y de “cambio de juego” las medidas policiales adoptadas el domingo en Chicago.

“Tuvimos a todas las fuerzas del orden del Gobierno hoy para centrarse en la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional en Chicago”, dijo Homan, que mantuvo que fue una “operación criminal”.

La ofensiva del domingo es probablemente solo un anticipo de la presión sostenida que se ejercerá sobre las comunidades de inmigrantes: Las oficinas de campo del ICE han recibido la orden de cumplir un cupo de 75 detenciones diarias, según informó el domingo CNN, lo que allana el camino para superar el número de detenciones diarias del año pasado.

La respuesta de los defensores de los inmigrantes, huelga decirlo, no puede compararse en magnitud. Las organizaciones que trabajan en las comunidades de inmigrantes han establecido un número de teléfono gratuito nacional para que la gente llame en cualquier momento en que crea que se está produciendo una aplicación del ICE. Grupos de varios estados están formando equipos de respuesta rápida que incluyen abogados, organizadores comunitarios y videógrafos, para acudir rápidamente al lugar si se confirman tales operaciones.

Chicago, donde la administración centró el domingo una gran búsqueda en la que participaron cinco agencias gubernamentales, es uno de los lugares donde ese trabajo ha sido más urgente. “En realidad, se trata de una red integral de cualquier cosa que las familias puedan necesitar en ese momento”, dijo Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados. “Nuestros equipos también están preparados para documentar y plantear la pregunta al pueblo estadounidense sobre la brutalidad de lo que pueden parecer estas políticas de aplicación de la ley y si esto es lo que la gente realmente quiere que ocurra”. El domingo, mientras las fuerzas de seguridad federales se concentraban en Chicago, los equipos de respuesta rápida del grupo “estuvieron trabajando prácticamente todo el día”, me dijo Brandon Lee, director de Comunicaciones de la coalición.

Los grupos de defensa de los inmigrantes también están presionando a los funcionarios locales de las ciudades y estados azules para que no presten a la administración más cooperación que la absolutamente requerida por la ley federal, incluso mientras Homan y el Departamento de Justicia amenazan en voz alta con procesar a quienes se resistan a sus esfuerzos. “Estamos dispuestos a responder al momento de nuestros miembros y nuestras comunidades, pero la responsabilidad también recae en los funcionarios estatales y locales”, dijo Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream Action, en una llamada con periodistas la semana pasada. “Tienen responsabilidades que proteger. Tienen responsabilidades de proteger nuestras escuelas, nuestras iglesias, nuestros hospitales”.

David Leopold, expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, me dijo que las amenazas de Homan de procesar a funcionarios locales bajo una ley federal que prohíbe “albergar” a un inmigrante indocumentado no están respaldadas por la ley. “No hay nada en la ley que respalde lo que dice Homan”, insiste Leopold. Pero, añade, también hay límites severos sobre cuánto pueden impedir en la práctica los funcionarios locales las operaciones del ICE.

Los gobiernos locales pueden optar por no cooperar con el ICE de diversas maneras, sobre todo negándose a proporcionarles información o asistencia de su propio personal, pero incluso en los estados y ciudades que se consideran santuarios, los funcionarios no tienen autoridad para bloquear las operaciones federales de inmigración legalmente autorizadas, señala. “Incluso en las ciudades santuario, entre comillas, la ley de inmigración puede aplicarse y se aplica”, me dijo Leopold. “No hay ningún lugar en Estados Unidos donde un no ciudadano buscado por el ICE pueda ser inmune a la aplicación de la ley por parte del ICE”.

Ese es el límite desalentador en todos los esfuerzos de los defensores de los inmigrantes indocumentados, y sus aliados de la ciudad azul y el estado, para prepararse para lo que Trump está planeando. “Por lo que podemos controlar, vamos por buen camino”, me dijo Benito. “Hemos estado haciendo todo lo correcto en términos de capacitación de personas para que conozcan sus derechos, creando equipos de respuesta rápida, en continu protección de las ordenanzas locales de bienvenida. Lo que no sabemos con esta próxima administración, que ahora tiene más experiencia, es el nivel al que llegarán”.

Las acciones iniciales de Trump –incluyendo un intento de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a través de un decreto (que ya ha sido prohibido por un tribunal federal), el despliegue de más tropas militares en servicio activo en la frontera sur, la revocación de la orientación que prohíbe la aplicación de la ley de inmigración en lugares sensibles como escuelas y hospitales, y la directiva a los fiscales estadounidenses de investigar a los funcionarios locales que obstruyan sus planes– sugieren que planea llevar su agenda de inmigración de línea dura a un nivel muy alto de confrontación.

“Este país fue forjado por personas que han estado dispuestas a resistir”, dijo Salas a su audiencia en Los Ángeles la semana pasada. En los próximos meses, quienes estén decididos a resistir la mano dura de Trump contra la inmigración pueden sentirse, como el icónico manifestante chino en la plaza de Tiananmen hace una generación, como si se estuvieran enfrentando a una línea de tanques rodando sin remordimientos en su dirección.

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