ANÁLISIS | Por qué el congelamiento de fondos de Trump profundiza el temor de que busque un poder ilimitadoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Fue el día en que la nueva presidencia forzuda de Donald Trump chocó con la realidad.

Su último intento de ejercer un vasto y cuestionable poder ejecutivo –esta vez deteniendo temporalmente la ayuda federal– desató la confusión y el miedo en todo el país, con programas como Meals on Wheels (comida sobre ruedas) y la ayuda a la vivienda de bajos ingresos de repente en el limbo.

El enfoque metódico que caracterizó la intensa semana inicial de la presidencia de Trump dio paso al caos, una reminiscencia del alboroto que caracterizó su primer mandato y le ayudó a perder las elecciones de 2020.

Pero lo más profundo es que el drama desencadenó una trascendental batalla legal sobre el alcance de la autoridad presidencial, que dará forma a la nueva administración y a la separación de poderes y que casi con toda seguridad aterrizará en la Corte Suprema de Justicia.

La marca de Trump como perturbador altisonante refleja el desdén que muchos estadounidenses sienten por la clase dirigente de Washington. Y puede argumentar que tiene un mandato para el cambio tras una impresionante victoria electoral. Las afirmaciones demócratas de que está empeñado en convertirse en un dictador han sido a menudo alarmistas.

Pero el congelamiento del gasto –junto con otras medidas clave al principio de esta presidencia, como el despido de fiscales del Departamento de Justicia y un intento de derogar la ciudadanía por derecho de nacimiento– también refleja la opinión de Trump de que la presidencia tiene un poder casi ilimitado y él puede decidir simplemente qué es legal y qué no lo es.

“La Oficina del Asesor Legal de la Casa Blanca cree que esto está dentro de las posibilidades del presidente para hacerlo y, por lo tanto, lo está haciendo”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Kaitlan Collins de CNN en la sala de prensa este martes.

Así pues, solo hizo falta una semana y un día para que la segunda presidencia de Trump –arraigada en su deseo de control total– presente un grave desafío a la Constitución.

Esto fue un lío hecho en la Casa Blanca.

La Oficina de Gestión y Presupuesto desató una tormenta el lunes por la noche con un memorando que ordenaba una pausa temporal en “todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal”. El memorando, obtenido por CNN, eximía de esta obligación a las prestaciones de Medicare o a la asistencia a particulares. Pero se armó un revuelo, que dejó a legisladores, gobiernos estatales, líderes locales y ONG confundidos y sin saber qué programas estaban incluidos y cuáles estaban a salvo. En teoría, estaban amenazados programas que iban desde los del Pentágono hasta los de los pequeños pueblos de Estados Unidos.

Los intentos del equipo de Trump de explicar que el congelamiento no era tan amplio como parecía, y que pretendía permitir a los funcionarios depurar la financiación de los conflictos con sus nuevas políticas –incluyendo la prohibición de la diversidad, la equidad y la inclusión– solo empeoraron la situación. Leavitt no pudo especificar, por ejemplo, en su primera sesión informativa si Medicaid estaba bloqueado. Más tarde aclaró que no lo estaba, pero que el portal de este programa fundamental no funcionó en muchos estados durante gran parte del día.

“Sospecho que la administración ha mordido más de lo que pretendía masticar”, dijo Donald Kettl, exdecano de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland. “No creo que su intención fuera cerrar Medicaid. No creo que pretendiera suprimir las ayudas a las escuelas locales. Pero el significado del lenguaje que se utilizó… es absolutamente claro como el cristal”, dijo Kettl en “The Lead with Jake Tapper”.

Por la tarde, un juez federal impuso una suspensión a corto plazo del congelamiento de las ayudas hasta este lunes.

La juez de distrito estadounidense Loren L. AliKhan resumió un día surrealista y desconcertante tras presionar a un abogado del Departamento de Justicia, diciendo: “El Gobierno desconoce el alcance total de los programas que van a ser objeto de la pausa”.

Habrá importantes reverberaciones políticas a corto plazo del drama de este martes, que se superpuso a implicaciones constitucionales mucho más graves.

La confusión ensombreció de inmediato el disciplinado despliegue del segundo mandato de Trump. El enfoque de conmoción y asombro de las oleadas de directivas y decretos presidenciales hizo casi imposible para los críticos de Trump centrarse en los elementos individuales diseñados para transformar rápidamente la nación. Pero la prisa pareció pillar a la OMB desprevenida para consecuencias desastrosas.

Es poco probable que se tambalee el apoyo básico del presidente tras unas elecciones en las que ganó los siete estados indecisos. Pero Trump solo dispone de un tiempo limitado para llevar a cabo el cambio masivo que busca, y carece de capital político ilimitado, por lo que la percepción de su presidencia tras un comienzo en gran medida libre de errores sigue siendo muy importante.

Irónicamente, el pandemónium centró la atención en el papel social crítico de muchos programas gubernamentales que fueron arrojados a la incertidumbre en un momento en que Trump planea cortar con una guadaña el gasto federal. Este martes podría, por tanto, haber supuesto un calentamiento político para Elon Musk, que dirige el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental y planea recortar los presupuestos federales.

Pero las cuestiones más profundas planteadas por el congelamiento parcial de la financiación surgen del último intento de Trump de ejercer una autoridad sin límites en una nueva presidencia ya caracterizada por dudosos acaparamientos de poder.

Al tratar de congelar préstamos y subvenciones y alinearlos con sus prioridades establecidas en una ventisca de acciones ejecutivas, Trump estaba tratando de redirigir o detener la financiación ya consignada por el Congreso.

“Es un desafío directo contra el Congreso y su capacidad de poder aprobar y autorizar su gasto de dinero”, dijo Kettl.

Stephen Miller, jefe adjunto de personal de la Casa Blanca para políticas, dijo a Jake Tapper de CNN que el congelamiento era necesario porque los burócratas estaban sacando fondos para políticas “perversas y perniciosas”.

Y Leavitt insistió en que Trump estaba en su derecho de analizar el gasto federal porque era “exactamente para lo que el pueblo estadounidense eligió al presidente Trump”.

Una interpretación de la victoria de Trump el año pasado es que una pluralidad de estadounidenses había perdido la confianza en el Gobierno y estaba enfadada con el volumen y el contenido del gasto de la administración Biden.

Pero ganar unas elecciones no da derecho a un presidente a ignorar sin más la ley; de hecho, Trump juró cumplirla hace solo nueve días. Y el gasto público en cuestión estaba contenido en leyes aprobadas por el Congreso, que, según la Constitución, controla el poder de la billetera. Trump tiene la posibilidad de redactar y proponer nuevas leyes, pero no puede simplemente ignorar las que están en vigor.

Un desprecio similar por la ley quedó patente en el despido sumario por parte del presidente de los fiscales que le investigaron bajo el mandato del ex fiscal especial Jack Smith. Los fiscales de carrera no son cargos políticos y, por lo tanto, gozan de protecciones de servicio civil que rigen los términos de su empleo. Trump y sus aliados llevan tiempo argumentando que los grandes cuerpos de burócratas progresistas frustran los objetivos de los presidentes republicanos. Y a la docena de funcionarios expulsados del Departamento de Justicia se les dijo que no se podía confiar en ellos para llevar a cabo la agenda de Trump, a pesar de que se supone que los fiscales deben seguir la ley y no las agendas políticas.

La Casa Blanca insiste en que los poderes constitucionales del artículo dos del presidente significan que está en su derecho de despedir a cualquiera. Este es un argumento que también se dirige a los tribunales.

El intento de Trump de derogar la ciudadanía por derecho de nacimiento como parte de su campaña contra la inmigración también parece ir en contra de la Constitución, que el presidente carece de poderes para modificar.

El despido por parte de Trump de más de una decena de funcionarios de organismos gubernamentales a finales de la semana pasada parece seguir un principio similar: que una ley vigente no se aplica a él. La ley exige que Trump notifique al Congreso tales despidos con 30 días de antelación, algo que no hizo. Pero Miller dijo a Tapper que la ley que ha estado en los libros durante generaciones es inconstitucional. “Por supuesto que lo es. Ni siquiera lo creo. Sé que lo es”, dijo.

Pero los presidentes y sus asesores no son reyes y no pueden decidir qué es constitucional. Si lo hicieran, el sistema de gobierno democrático estadounidense se vendría abajo.

“Lo que la democracia exige no es que en cuanto el presidente llegue al poder pueda acabar con todo lo anterior”, dijo Corey Brettschneider, autor de “The Presidents and the People: Five Leaders Who Threatened Democracy and the Citizens who Fought to Defend it”.

“La idea de una democracia es que cuando se aprueban leyes, por ejemplo la Ley de Derechos Civiles de 1964 o la protección del medio ambiente, esas leyes vinculan no solo a los ciudadanos, sino que vinculan incluso al presidente”, dijo Brettschneider, profesor de Derecho Constitucional y Política en la Universidad Brown.

Este martes se aclaró aún más que Trump pretende llevar el poder presidencial hasta el límite. Y cada vez hay más sospechas de que la administración está iniciando batallas políticas y peleas legales específicamente para conseguir que la conservadora Corte Suprema de Justicia amplíe aún más el alcance de la presidencia.

La confluencia de un presidente que cree en su propio poder ilimitado y el reciente debilitamiento de las restricciones al Poder Ejecutivo sugieren que puede llegar muy lejos en su objetivo.

Después de todo, los principales controles del dominio presidencial –el Congreso y los tribunales– lo han reforzado activamente.

El apoyo republicano a Trump en el Capitolio –subrayado por la negativa de los legisladores a condenarlo– demostró en el primer mandato de Trump que la destitución es una herramienta ineficaz para pedir cuentas a los ocupantes del Despacho Oval. Y la mayoría de la Corte Suprema de EE.UU. que construyó Trump allanó el camino el año pasado para más acaparamientos de poder por parte del 47º presidente al concederle una inmunidad sustancial por actos oficiales en el cargo.

“Se supone que la presidencia está limitada por la ley y la Constitución”, dijo Brettschneider. “Y Trump lo ve de forma muy distinta: que está facultado para hacer lo que quiera. Y esa es realmente una visión de control autoritario”.

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