ANÁLISIS |Trump emprende su agenda de represalias con entusiasmoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Para Donald Trump, la venganza es un plato que se sirve bien caliente.

El presidente no perdió tiempo en cumplir sus frecuentes promesas electorales de venganza, con un torrente de purgas e indultos.

Trump envió un mensaje escalofriante a través del Gobierno de EE.UU.: los funcionarios que se le crucen, investiguen sus presuntos abusos de poder o se unan a sus críticos una vez que dejen el cargo deben tener cuidado con su furia. Sus medios de subsistencia e incluso sus vidas podrían estar en peligro. Pero quienes actúen en su nombre, incluso con violencia, como los condenados del 6 de enero de 2021, pueden esperar protección.

El ajuste de cuentas se aceleró este lunes.

• Más de una docena de funcionarios de carrera, que trabajaron en las investigaciones del Departamento de Justicia sobre Trump y que deberían tener protecciones de servicio civil, fueron despedidos después de que se les dijera que no se podía confiar en que implementaran “fielmente” su agenda.
• Por otra parte, la administración abrió un “proyecto especial” para tomar medidas concretas para investigar a los fiscales que supervisaron los casos de obstrucción criminal contra ciertos acusados del 6 de enero que finalmente fueron desestimados debido a una decisión de la Corte Suprema de Justicia el verano boreal pasado.
• Estas medidas siguieron al despido de más de una decena de funcionarios supervisores de agencias gubernamentales, conocidos como inspectores generales. Nadie pasó por alto que el funcionario que informó al Congreso sobre la presión de Trump a Ucrania para investigar a Joe Biden, lo que llevó al primer juicio político de Trump, era un inspector general de la comunidad de inteligencia.
• La semana pasada, Trump retiró los equipos de seguridad de algunos exfuncionarios clave, incluidos el exsecretario de Estado Mike Pompeo y el exasesor de seguridad nacional John Bolton, quienes enfrentan amenazas de Irán tras haber servido a Trump durante su primer mandato.
• Las maniobras legales de Trump se produjeron junto a una creciente iniciativa para despojar al Gobierno de las capas superiores de la función pública. En otra medida chocante, la administración puso a unos 60 altos funcionarios de carrera de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional en excedencia inmediata, tras el decreto de Trump que congeló casi toda la ayuda exterior.
• Mientras el presidente ponía en el punto de mira a funcionarios que no habían infringido la ley, Washington aún se tambalea por los indultos y conmutaciones ofrecidos a miles de alborotadores del 6 de enero, algunos de los cuales golpearon a agentes de Policía en 2021.

Trump está aprendiendo lecciones de su primer mandato, pero ¿está actuando legal o éticamente?

Estas medidas demuestran que Trump está decidido a aprender de su primer mandato, en el que a menudo se sintió frustrado por los controles y equilibrios del Gobierno y creyó que se veía frustrado por funcionarios de carrera.

Una pregunta recurrente en los próximos cuatro años será si las acciones sin precedentes de Trump son las de un perturbador antisistema que simplemente ofenden el decoro presidencial normal o si son ilegales o corruptas.

Los conservadores sostienen que Trump, tras ganar unas elecciones y decir exactamente lo que haría con un segundo mandato, está en su derecho de destripar el Gobierno. Muchos republicanos antes de Trump consideraban que la burocracia federal frustraba activamente las políticas de derechas que los votantes encargaron a un presidente. Y una de las razones por las que Trump triunfó el pasado noviembre fue su argumento de que el Gobierno federal le estaba fallando al pueblo estadounidense de múltiples maneras.

Muchos republicanos también están de acuerdo con las afirmaciones del presidente de que las múltiples investigaciones penales contra él en los últimos cuatro años equivalen a una persecución política. Una vez aceptado esto, la línea que separa a los cargos de carrera de los cargos políticos en el Departamento de Justicia se vuelve borrosa para muchos conservadores que creen que todo el sistema legal está corrompido y sesgado.

Aun así, los recientes esfuerzos de Trump por frustrar aparentemente la rendición de cuentas son extraordinarios. En cualquier administración normal -una que no se caracterice por una estrategia de saturar la zona de incesantes juegos de poder presidencial- cualquiera de ellos sería un escándalo. Por ejemplo, los despidos de la ex primera dama Hillary Clinton en la oficina de viajes de la Casa Blanca en 1993 dieron lugar a un alboroto ético investigado por el Departamento de Justicia y el FBI que solo terminó en el último año de la administración Clinton sin que se presentaran cargos.

Los presidentes pueden ganar mandatos, pero eso no les da derecho a incumplir la ley. La administración Trump no notificó al Congreso con los 30 días de antelación requeridos los despidos de los inspectores generales, lo que generó preocupación incluso entre los senadores del Partido Republicano. Y mientras que los presidentes a menudo despiden a fiscales nombrados políticamente cuando asumen el cargo, se supone que los funcionarios de carrera del Departamento de Justicia están amparados por protecciones legales.

Ken Buck, excongresista republicano, dijo este lunes a Erin Burnett, de CNN, que el caso de los empleados de carrera del Departamento de Justicia destituidos era “único”, estaba motivado por objetivos políticos y era “erróneo”.

Los funcionarios afectados, que no están acusados de infracciones penales, fueron notificados por el secretario de Justicia en funciones, James McHenry. Este escribió: “Dado su importante papel en la persecución del presidente, no creo que la dirección del Departamento pueda confiar en ustedes para ayudar a aplicar fielmente la agenda del presidente”. La administración ni siquiera oculta que se trata de una retribución, ya que hace referencia al procesamiento de Trump en las investigaciones del ex fiscal especial Jack Smith sobre la interferencia electoral y su acaparamiento de documentos clasificados.

Jennifer Rodgers, analista legal de CNN, destacó las distinciones entre los profesionales del Departamento de Justicia en oficinas encargadas de llevar a cabo objetivos políticos y los fiscales que trabajan en casos criminales.

“El presidente no debería tener una agenda para los casos penales. … En el ámbito penal, no se supone que haya prioridades, se supone que hay que seguir los hechos, aplicar la ley y acusar a quien hay que acusar”, dijo Rodgers, ex fiscal federal, a Anderson Cooper.

La historia del primer mandato de Trump -cuando, por ejemplo, despidió al jefe del FBI, James Comey, por la investigación sobre Rusia y se puso en contra del secretario de Justicia, Jeff Sessions, por recusarse- deja entrever los motivos de sus recientes acciones. Parece claro que está tratando de intimidar a los funcionarios de carrera que podrían investigarlo o bloquear su uso expansivo del poder ejecutivo. También está enviando una señal a los ayudantes de su nueva administración de que podrían acabar como Pompeo o Bolton si se vuelven contra él.

La destitución de los inspectores generales, mientras tanto, puede garantizar que el despilfarro, el fraude y los abusos políticos que se supone que deben investigar los organismos de control queden sin supervisión.

Mark Greenblatt, ex inspector general del Departamento del Interior que fue despedido por Trump, dijo que la mayor preocupación era la erosión de la supervisión independiente.

“Todo el concepto de los inspectores generales se basa en que seamos independientes, que no estemos subordinados a ningún partido político, de ningún tipo, y que estemos allí como representantes de los contribuyentes para juzgar imparcialmente, sin tener intereses personales en el asunto,” dijo Greenblatt a Kasie Hunt de CNN este lunes.

“¿Qué hará el presidente Trump con estos puestos? ¿Va a nombrar perros guardianes o va a nombrar perros falderos? … Si va por el camino de nominar y nombrar lacayos políticos, entonces creo que los contribuyentes estadounidenses, el Congreso, las partes interesadas en todo el país deberían levantarse en armas”.

Los recursos constitucionales para los agraviados por las acciones de Trump son los tribunales y el Congreso. Pero puede que ninguno de los dos esté a la altura.

Hasta ahora no está claro que a la administración le importen mucho las sanciones legales, y el presidente siempre utiliza su trillada táctica de prolongar las apelaciones para dar más importancia a cualquier disputa legal. Tampoco hay garantías de que una Corte Suprema de Justicia que el año pasado concedió a Trump una inmunidad sustancial por actos oficiales falle en su contra en un caso único que pone a prueba el alcance de los poderes presidenciales.

Los republicanos que controlan ambas cámaras del Congreso han mostrado poco apetito por comprobar el poder de Trump, habiéndose negado a condenarlo en dos juicios de destitución. Y los senadores que se han opuesto a sus polémicos nombramientos en el Gabinete se han enfrentado rápidamente a amenazas de impugnaciones en las primarias.

El senador Lindsey Graham resumió el sentimiento predominante sobre el poder de Trump al comentar sobre el caso de los inspectores generales destituidos en “State of the Union” de CNN este domingo. El republicano de Carolina del Sur dijo que Trump debería haber dado al Congreso un aviso de 30 días antes de destituir a los funcionarios, para cumplir con la ley.

Pero añadió: “La pregunta es, ¿está bien que ponga en su lugar a personas que él cree que pueden llevar a cabo su agenda? Sí. Ha ganado las elecciones. ¿Qué esperas que haga, que deje a todo el mundo en su sitio en Washington antes de ser elegido?”. Graham continuó: “Esto tiene mucho sentido para mí. Conseguir gente nueva. Siente que el Gobierno no ha funcionado muy bien para el pueblo estadounidense”.

El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, es desde hace tiempo partidario de los inspectores generales. Y emitió una declaración este sábado pidiendo más detalles. Pero sería una sorpresa si el veterano republicano de Iowa arremete duramente contra la administración Trump.

Otro aliado de Trump, el senador Tom. Cotton, dijo este domingo que los inspectores generales sirven a placer del presidente y “quiere gente nueva allí”. Pero el republicano de Arkansas sí expresó su malestar por el trato del presidente a Pompeo y Bolton y a otros señalados por Irán y le pidió que recapacite. “Es mejor prevenir que curar, porque no se trata solo de estos hombres que ayudaron al presidente Trump a llevar a cabo su política en su primer mandato”, dijo Cotton en “Fox News Sunday”.

“Se trata de su familia y amigos, transeúntes inocentes cada vez que están en público. También se trata de que el presidente pueda conseguir buenas personas y obtener buenos consejos”.

A Trump le preguntaron la semana pasada si se sentiría responsable si le ocurriera algo a Bolton o al doctor Anthony Fauci, el ex alto funcionario encargado de enfermedades infecciosas que se enfrenta a amenazas de seguridad por motivos políticos debido a su papel en la respuesta a la pandemia de covid-19.

“No”, respondió.

Un presidente que escapó a dos intentos de magnicidio y que estará rodeado de agentes del Servicio Secreto por el resto de su vida añadió: “Creo que, ya sabes, cuando trabajas para el gobierno, en algún momento tu equipo de seguridad se retira”.

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