ANÁLISIS | Trump pone a prueba la capacidad de negociación de México en materia migratoria y comercial, dicen analistasEricks Webs DesignEricks Webs Design

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está poniendo a prueba la capacidad de México para responder y negociar ante los posibles efectos de sus políticas migratorias y de tipo comercial, dijeron analistas consultadas por CNN.

Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, el mandatario ha firmado una serie de decretos ejecutivos que tienen impactos a ambos lados de la frontera y que llegan justo cuando México ha decidido apostar por políticas de desarrollo económico que podrían verse impactadas si sus amenazas se vuelven una realidad.

Trump asumió su segundo mandato una semana después de la presentación del “Plan México”, un proyecto de desarrollo económico y social que tiene como objetivo de “largo plazo” transformar al país en la décima economía mundial para 2030, según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Actualmente México se encuentra en el lugar número 12 de las economías del planeta, de acuerdo con el Banco Mundial.

Según el Gobierno, la propuesta busca además “disminuir la pobreza y la desigualdad” y contempla el establecimiento de proyectos de inversión nacionales y extranjeros por un valor de US$ 277 millones.

El plan se centra en tres pilares fundamentales: el fortalecimiento del mercado interno, la sustitución de importaciones y la integración regional, con el fin de fomentar la industrialización y la sostenibilidad en todo el país.

Durante su presentación ante empresarios mexicanos, Sheinbaum aseguró: “Que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo. Que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante”.

Días después, y ante el anuncio de Donald Trump de iniciar las deportaciones masivas de migrantes tras tomar posesión como presidente de los Estados Unidos, se presentó el proyecto “México te abraza”, que permitirá a migrantes mexicanos repatriados afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención en caso de enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo, invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Este jueves, Sheinbaum informó que el sector privado ha ofrecido cerca de 35.000 plazas para apoyar el programa y a los deportados. Las posiciones estarían disponibles en áreas como los servicios y la manufactura, entre otros.

Sin embargo, analistas consultadas por CNN ven insuficientes dichas iniciativas ante los retos que supone el Gobierno de Donald Trump.

Para la profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Arlene Ramírez Uresti, ambos planes del Gobierno son medidas temporales para enfrentar los efectos inmediatos de las acciones de Trump.

“Son paliativos, (se debe) ir al fondo en la mitigación de los riesgos, que es lo que necesitaríamos estar haciendo”, asegura.

Por su parte, la coordinadora de análisis económico de la organización México ¿cómo vamos?, Adriana García, explica que si bien el “Plan México” es una gran iniciativa del Gobierno para robustecer la industria nacional, requiere del diálogo —más allá del discurso político— con Estados Unidos y Canadá para que esta iniciativa sea exitosa.

Uno de los ejes del plan es fortalecer la industria nacional mediante la sustitución de importaciones, un modelo ya aplicado en el país entre 1940 y 1970. Después de la Segunda Guerra Mundial, México impulsó su desarrollo industrial y pasó de exportar materia prima a producir para satisfacer el mercado interno.

El plan también busca impulsar la producción local, sobre todo en sectores como textil, calzado y electrónica.

García destaca que la estrategia de sustitución de importaciones que regrese a México a un modelo de economía cerrada no es viable como en los años 70.

“No podemos pensar en que, si tomamos ese ‘Plan México’ para cerrarnos al mundo y pensar que México va a ser próspero, necesitamos fortalecer la capacidad productiva interna, necesitamos ir por industrias de alto valor agregado, como la automotriz, aeroespacial y electrónica”, explica García.

Sobre la sustitución de importaciones, Ramírez Uresti asegura que su trasfondo es “golpear a China” al bajar la intensidad del comercio con ese país, lo que podría ayudar a bajar la confrontación con Estados Unidos. Sin embargo, advierte que esto afectará la cadena de suministro que México tiene con China.

Donald Trump volvió a amenazar este lunes con imponer un arancel general del 25% sobre los productos mexicanos y canadienses a partir del 1 de febrero. Entre los más afectados estarían los automóviles y las autopartes, hidrocarburos, alimentos y bebidas alcohólicas.

Ramírez y García coinciden en que las amenazas de aranceles tendrán un impacto negativo inmediato en la economía de EE.UU., pero Trump las usará como una estrategia para obtener concesiones en temas migratorios y comerciales, especialmente en relación con China.

“El implementar una guerra comercial solo por el discurso político afectarían a los consumidores de ambos países y no se llegaría a un buen punto para ninguno de las dos economías”, subraya García.

Explica que “ponerle aranceles del 25% a Canadá y México, los principales socios comerciales, encarecería los productos de consumo final” en Estados Unidos, lo cual elevaría la inflación y obligaría a la Reserva Federal a elevar sus tasas de interés de referencia, afectando el costo de los préstamos y la inversión en EE.UU.

Ramírez explicó que, aunque imponer aranceles podría tener un impacto negativo inmediato en la economía de Estados Unidos, a largo plazo, esta medida podría beneficiar a ese país en términos de sus objetivos bilaterales con Canadá y México, sobre todo en la negociación del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

“El tema va a traer un efecto negativo en la economía de los Estados Unidos en el momento, pero en el largo plazo puede beneficiar a Donald Trump para lograr la agenda bilateral con Canadá y con México, no cada uno por separado que le conviene para la renegociación del tratado”, expone Ramírez.

Ramírez también destacó la urgencia de que México adopte una estrategia clara frente a estos posibles escenarios. “A mí lo que realmente me preocupa es que no estamos viendo una preocupación latente sobre este tema. Pareciera que seguimos pensando que 2026 está muy lejos”, indica, refiriéndose a la próxima revisión del T-MEC.

Los tres países integrantes del T-MEC deben llevar a cabo consultas internas antes de la revisión conjunta programada para 2026, en donde las naciones deben aprobar o rechazar la renovación del acuerdo en 2026.

Al tomar el poder, Trump firmó un decreto ejecutivo para que, entre otras cosas, el Gobierno revise si el T-MEC afecta a trabajadores y empresas estadounidenses, y se analice si debe seguir dentro del tratado.

A juicio de Ramírez, México debe comenzar a preparar su respuesta ante cualquier aumento de aranceles, fortaleciendo su capacidad interna y diversificando sus mercados.

“Lo que necesitamos ahora es una estrategia bien pensada para mitigar los efectos de cualquier medida que pueda tomar Estados Unidos. A largo plazo, el T-MEC tiene mucho potencial para beneficiar a México, pero debemos estar preparados para cualquier escenario, incluso uno de mayor confrontación”, agregó.

Ramírez subraya que, aunque las amenazas son reales, existe una oportunidad para México de prepararse para las negociaciones. “Este es el momento perfecto para que México refuerce su estrategia de negociación integral”, para generar confianza tanto a nivel interno como en los inversionistas extranjeros.

Adriana García destaca que México debe “separar la discusión comercial de la migratoria y del narcotráfico”, advirtiendo que, si se imponen “restricciones comerciales a cambio de concesiones en migración y seguridad”, el presidente Trump podría seguir esa línea.

La iniciativa “México te abraza” busca ayudar a los migrantes mexicanos que sean deportados a integrarse y tener acceso a documentos de identidad, acceso a servicios médicos, a programas sociales y se les otorgará una tarjeta con 2.000 pesos mexicanos (unos US$ 98) para su traslado a sus lugares de origen.

Ramírez considera que las políticas de asistencia inmediata son un paliativo ante un problema más profundo. Para que los migrantes quieran quedarse en México, es necesario mejorar las condiciones de empleo, salud y educación.

“Lo que tenemos que hacer son políticas transversales para generar condiciones que realmente hagan que los migrantes se queden en México, no solo con tarjetas de ayuda inmediata”, comentó la internacionalista. La clave está en generar un ambiente donde las personas deseen quedarse por las oportunidades y el bienestar, agregó.

García advierte que “hay migrantes que prácticamente no van a tener un lugar o familia a donde regresar a pesar de ser mexicanos”, por lo que “no podemos pensar que los 2.000 pesos son suficientes para que las personas se reintegren al país”.

A esto se suma que el Gobierno de México aún no presenta un plan sobre cómo se va a asimilar a los migrantes de otras nacionalidades.

Sobre las deportaciones masivas, Ramírez subrayó que hay varios obstáculos para realizarlas, y uno es la falta de recursos para implementarla. “Es poco realista pensar que puede deportar a 15 millones de personas. Estados Unidos no tiene la capacidad operativa, financiera ni en infraestructura para lograrlo”, afirmó.

Según cálculos del American Immigration Council, la deportación masiva de más de 13 millones de inmigrantes indocumentados en un período corto de tiempo costaría al Gobierno de Trump unos US$ 315.000 millones.

No obstante, añadió que la posibilidad de que Trump lleve a cabo algunas deportaciones podría tener un impacto negativo en la economía de Estados Unidos, al indicar que los migrantes son clave en sectores donde los estadounidenses no quieren trabajar. La deportación afectaría tanto la fuerza laboral como la cadena de consumo en el país.

Otro obstáculo para las deportaciones es el nivel de soberanía de los estados en EE.UU., lo que podría dificultar la implementación efectiva de políticas migratorias federales, explica Ramírez.

“Los estados tienen una gran potestad y pueden interponer acciones de inconstitucionalidad contra decisiones federales”, comentó Ramírez, y agregó que si bien Trump podría contar con el apoyo de algunos gobernadores republicanos, en estados como California o Nueva York, que dependen fuertemente de la mano de obra migrante, podría encontrarse con una mayor resistencia.

Para Ramírez, México debe preparar una estrategia de negociación sólida.

“México tiene que estar preparado para todos estos retos, necesitamos forzosamente armar una estrategia a la altura de un negociador como Donald Trump y poner a nuestros mejores hombres y mujeres en la línea principal de batalla, que es la negociación bilateral”, concluye Ramírez.

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