El Departamento de Estado dice que la ayuda humanitaria puede continuar; trabajadores de asistencia dicen que eso no sucedeEricks Webs DesignEricks Webs Design

El trabajo de ayuda financiado por Estados Unidos en todo el mundo se ha paralizado en gran medida, según informan varias fuentes a CNN, a pesar de las afirmaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, de que EE.UU. sigue proporcionando ayuda humanitaria para salvar vidas.

A medida que la suspensión de 90 días de casi toda la ayuda exterior de EE.UU. por parte de la administración de Trump continúa en una tercera semana, se esperaba que miles de miembros del personal de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) fueran puestos en licencia administrativa o despedidos, con planes para retener solo a varios cientos de personas consideradas “esenciales”, desmantelando efectivamente la agencia. Sin embargo, un juez federal bloqueó temporalmente el viernes los planes de la administración Trump de poner en licencia a 2.200 empleados de USAID contratados directamente y detuvo la eliminación acelerada de personal de países de todo el mundo.

“El objetivo de nuestro esfuerzo siempre ha sido identificar los programas que funcionan y continuarlos e identificar los programas que no están alineados con nuestro interés nacional e identificarlos y abordarlos”, dijo Rubio el jueves durante una visita a República Dominicana.

Rubio, ahora administrador en funciones de USAID, reiteró a principios de esta semana que había emitido una exención general para los programas que salvan vidas.

“Si se trata de proporcionar alimentos o medicinas o cualquier cosa que esté salvando vidas y sea inmediata y urgente, no está incluida en la congelación. No sé cuánto más claros podemos ser”, dijo Rubio, cuestionando la competencia de las organizaciones que no han solicitado una exención.

No obstante, varios empleados y contratistas de USAID que han hablado con CNN dicen que eso no refleja la situación sobre el terreno.

Casi todos los programas de ayuda humanitaria de USAID siguen parados en seco, dijeron.

“Ese trabajo está paralizado porque no hay personal para gestionarlo, y no hay personal en Washington para responder a las preguntas de los socios”, dijo un empleado de USAID a CNN. “Toda la arquitectura humanitaria en todo el mundo se ha venido literalmente abajo porque han decidido dejar de permitir trabajar a la gente”.

“Se han apoderado de nuestros sistemas de pago. Ya no podemos pagar. No tenemos personal”, dijo el empleado de USAID, añadiendo que eso ha provocado que incluso el trabajo supuestamente exento del congelamiento se detenga, en lugares calamitosos como Siria, Yemen, el Líbano y Etiopía.

A USAID “se le ha quitado el poder de procesar los pagos”, dijo el empleado de la agencia.

Algunas organizaciones no gubernamentales que operan en otros países han recibido exenciones para continuar parte de su trabajo, dijeron a CNN bajo condición de anonimato, por temor a perder financiación futura del Gobierno estadounidense.

Pero incluso esas actividades limitadas se han visto interrumpidas porque las ONG no tienen dinero para pagar los salarios de los trabajadores humanitarios y, en algunos casos, las órdenes de suspensión del trabajo de USAID siguen en vigor.

CNN se ha puesto en contacto con USAID para obtener sus comentarios.

Cuando se le preguntó acerca de varios problemas que impiden que el trabajo que salva vidas continúe después del decreto de Trump, el Departamento de Estado dirigió a CNN a los comentarios de Rubio en la República Dominicana, donde dijo que el departamento dejó “claro en la orientación que habría programas especialmente designados que no serían parte de ese decreto, y estamos trabajando a través del proceso de identificarlos ahora, cuáles son esos programas especialmente designados. Y seguiremos trabajando en el proceso de encontrarlos”.

Mientras tanto, se ha interrumpido la adquisición de alimentos en la región etíope de Tigray, según una coalición de ONG humanitarias del país. Y también se han suspendido los servicios de nutrición para niños y adultos desnutridos, a pesar de la exención de Rubio para la ayuda alimentaria vital.

En los campos de refugiados en Siria, Estados Unidos financiaba los costos de coordinación y los servicios para proteger a los trabajadores humanitarios. Ese dinero está ahora congelado, lo que significa que incluso las organizaciones con otra financiación han suspendido sus operaciones, según una fuente familiarizada con la situación.

Un antiguo contratista que trabajaba en un proyecto con USAID en Siria, que financiaba a la organización no gubernamental de voluntarios Cascos Blancos, dijo a CNN que su subvención estaba congelada.

Los comedores financiados por EE.UU. en Sudán ya están cerrando, de acuerdo con Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International y exfuncionario de USAID.

“Muchos desplazados y muchas personas atrapadas en la hambruna y otras crisis podrían verse perjudicados, si no gravemente perjudicados, si no muertos, por esta retirada de la ayuda”, afirmó Konyndyk, advirtiendo del amplio impacto sobre los refugiados en Sudán, Siria y Gaza.

Konyndyk también señaló que los empleados de USAID no pueden actuar sobre las exenciones si están bloqueados de sus sistemas de Gobierno o puestos bajo licencia administrativa.

Varios trabajadores humanitarios han declarado a CNN que son los mecanismos del sistema y los despidos —y no la incompetencia de nadie— los que han paralizado el trabajo de asistencia.

Muchos proyectos de la USAID son llevados a cabo por contratistas federales, que normalmente cubren los costos por adelantado y luego presentan facturas para su reembolso, pero la USAID no está procesando actualmente esos pagos, dijo el viernes un funcionario de la agencia.

“La exención carece de todo sentido para nosotros”, declaró el funcionario de USAID a CNN a principios de esta semana.

Los contratistas federales de dos empresas estadounidenses dijeron que sus facturas no se han pagado desde el día en que comenzó el Gobierno de Trump.

“Todo se ha cerrado”, dijo a CNN una fuente con conocimiento de las operaciones en Chemonics, uno de los mayores contratistas de USAID.

“El trabajo que hacemos en nombre del Gobierno de EE.UU. proporciona productos sanitarios esenciales para hacer frente al VIH/SIDA y la malaria en todo el mundo, apoya los esfuerzos para frenar la migración desde Centroamérica, involucra a los socios agrícolas de EE.UU. y sabe cómo apoyar la producción de alimentos de Ucrania, y apoya las democracias en todo el mundo”, dijo un portavoz de Chemonics en un comunicado. “Como resultado del decreto de suspensión de los trabajos, no hemos podido retirar fondos de la letra de crédito para pagar a los proveedores y para los gastos incurridos antes del decreto de suspensión de los trabajos”.

De acuerdo con el Consejo de Servicios Profesionales, la asociación comercial de muchos contratistas federales, el Gobierno estadounidense debe a sus empresas miembros unos US$ 500 millones en facturas impagadas desde que entró en vigor la congelación de la ayuda exterior.

“Estos pagos corresponderían a trabajos completados requeridos por contratos existentes y para los que los contratistas ya habían gastado el dinero”, dijo el consejo en un comunicado, pidiendo al Gobierno que “pague sus facturas”.

Algunas ayudas también se están paralizando porque los grupos que ejecutan los proyectos no han recibido claridad sobre qué actividades pueden continuar.

“Si un socio procede sin tener claro lo que se le permite hacer en virtud de su adjudicación y de este decreto, está asumiendo un riesgo enorme”, declaró un empleado de USAID. Si hacen algo —incluso si salva vidas— que más tarde se considere que va en contra del decreto, “recibirán un mazazo y tal vez un cierre”.

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