Estados demócratas presentan demanda contra la propuesta de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimientoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Una demanda presentada el martes por más de una docena de fiscales generales de estados demócratas cuestiona el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, un importante desafío constitucional a una de las políticas emblemáticas de la Casa Blanca.

La demanda alega que un decreto de Trump firmado el lunes viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que otorga el derecho constitucional de ciudadanía a todos los menores nacidos en Estados Unidos.

“Sin embargo, a pesar de los amplios poderes del presidente para establecer la política de inmigración, la Orden de Privación de la Ciudadanía está muy por encima de los límites legales de la autoridad del presidente”, afirma la demanda.

El caso podría acabar convirtiéndose en el primer gran enfrentamiento en la Corte Suprema para la agenda del segundo mandato de Trump. Los estados presentaron la demanda ante un tribunal federal de Massachusetts, lo que significa que cualquier apelación de una sentencia de ese tribunal pasará por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU., donde todos los jueces son designados demócratas.

La Corte Suprema ha defendido la ciudadanía por derecho de nacimiento en el pasado y también existe una ley federal aprobada por el Congreso, anterior a la ratificación de la 14° Enmienda en 1868, que establece que los menores nacidos en suelo estadounidense tienen derecho a la ciudadanía.

“El presidente tiene derecho a proponer la política que considere oportuna”, declaró a CNN el fiscal general demócrata de Nueva Jersey, Matthew Platkin, que codirige la nueva demanda.

“Cuando se trata de la ciudadanía por derecho de nacimiento, algo que ha formado parte del tejido de esta nación durante siglos, que ha estado en la Constitución durante 157 años desde la Guerra Civil, que ha sido confirmado por la Corte Suprema en dos ocasiones, el presidente no puede, de un plumazo, reescribir la Constitución y acabar con el Estado de derecho”, añadió.

Dieciocho estados, a los que se han unido la ciudad de San Francisco y Washington, también solicitan una orden preliminar que bloquee la política antes de que la administración de Trump pueda tomar medidas para aplicarla.

La demanda es la segunda impugnación de la política presentada desde que Trump firmó el controvertida decreto. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos de derechos civiles y de inmigración presentaron el lunes una impugnación similar ante el tribunal federal de Nueva Hampshire, que también pertenece al 1er Circuito.

Aunque Trump firmó el decreto apenas horas después de tomar posesión de su cargo, sus asesores anticiparon que la medida, que lleva planteando desde su primer mandato, sería objeto de numerosos litigios y trataron de crear un proceso deliberativo mediante el cual se aplicaría el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El decreto prohíbe a los organismos federales expedir documentos que afirmen la ciudadanía estadounidense o reconocer documentos que afirmen reconocer la ciudadanía estadounidense, según una hoja informativa obtenida por CNN.

La medida se aplica a los menores nacidos a partir de 30 días después de la emisión del decreto. Los niños a los que se aplica son los nacidos en territorio estadounidense de padres que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos o en situaciones en las que la madre se encuentra temporalmente en Estados Unidos, por ejemplo con un visado, y el padre no es ciudadano.

El decreto se basa en la frase “sujeto a su jurisdicción” contenida en la Decimocuarta Enmienda. Algunos partidarios de línea dura en materia de inmigración han argumentado que los hijos de inmigrantes indocumentados no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y no deben ser considerados ciudadanos según la Constitución.

Expertos juristas habían manifestado anteriormente a CNN su escepticismo respecto a que tal argumento pudiera prosperar ante un tribunal, argumentando que el lenguaje pertinente se refería a los hijos de diplomáticos extranjeros sujetos a las leyes estadounidenses, y a situaciones en las que una nación extranjera ha invadido y ocupa parte del país.

Tanto la ACLU como los fiscales generales han descrito la presentación de sus impugnaciones como una decisión fácil, desde el punto de vista jurídico, por considerar que los méritos pesan mucho de su lado. Puede que sea una de las múltiples políticas de inmigración de Trump que se impugnen ante los tribunales.

“Si no se detiene en los tribunales, realmente, como he dicho, golpeará el corazón de las comunidades estadounidenses, tanto con su ataque a la ciudadanía por derecho de nacimiento, como con muchas de estas otras actividades de aplicación de la ley de inmigración”, dijo a Kate Bolduan, de CNN, Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la ACLU.

Dado que Trump lleva años pronosticando su deseo de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, sus oponentes han tenido meses para preparar sus desafíos legales.

Entre los demandantes en la demanda de la ACLU se encuentran los futuros padres “que pueden considerarse amparados por el decreto”, según la demanda.

Los estados, en su propia demanda, afirman que el decreto denegaría la ciudadanía al menos a 150.000 menores nacidos de dos progenitores sin estatuto legal.

Argumentan que sus sistemas se verían sobrecargados al tener que asumir una mayor carga financiera para prestar servicios, ya que los no ciudadanos no pueden acceder a la asistencia sanitaria, la educación y otros servicios financiados por el gobierno federal.

“En virtud del decreto, esos niños nacidos después del 19 de febrero de 2025, que habrían sido indiscutiblemente considerados ciudadanos de haber nacido hace dos días, carecerán de todo estatus legal a los ojos del gobierno federal”, argumentan los estados en su demanda. “Todos ellos serán deportables, y muchos serán apátridas”.

Los menores afectados, argumentan los estados, “perderán la capacidad de acceder a innumerables servicios federales que están a disposición de sus compatriotas estadounidenses. Y a pesar de que la Constitución garantiza su ciudadanía, perderán su derecho a participar en la vida económica y cívica de su propio país: a trabajar, votar, servir en jurados y presentarse como candidatos a determinados cargos”.

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