Este lugar está “dirigido por una mafia”: Dentro de la prisión donde Robert Brooks fue golpeado hasta la muerteEricks Webs DesignEricks Webs Design

La muerte por golpes de un recluso en una prisión de Nueva York el mes pasado ha desencadenado una tormenta de críticas sobre la violencia y la brutalidad que algunos reclusos sufren a manos de los funcionarios de prisiones.

Pero en el centro penitenciario de Marcy, la noticia de la muerte de Robert Brooks, aunque sin duda trágica, no fue una sorpresa para nadie, según declaró un recluso a CNN.

Frederick Williams, de 30 años, dijo a CNN que se trasladó a Marcy en noviembre porque quería participar en el programa de tratamiento de abuso de sustancias de la prisión.

Sin embargo, en el poco tiempo transcurrido desde su llegada, Williams ha tenido varios encuentros con funcionarios de prisiones que, según afirma, han recurrido a la violencia física y a la amenaza de represalias para que accediera a sus demandas.

La muerte de Brooks, dijo, lo animó a hablar públicamente en favor de quienes no pueden o no quieren hacerlo.

“Me han tirado contra la pared, me han golpeado la cabeza contra la pared y me han disparado en las costillas: nuestra libertad en la vida se ha visto amenazada”, declaró Williams, que cumple una condena de 3,5 años por un delito de posesión de armas.

Williams declaró a CNN que tanto él como su familia han intentado presentar denuncias ante la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria del estado, pero no tiene muchas esperanzas de que las cosas cambien.

“Este lugar (la) correccional de Marcy está dirigida por una mafia”, afirmó.

CNN facilitó al Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria (DOCCS) los números de caso de las quejas de Williams y un portavoz del departamento respondió el martes, confirmando que Williams ha sido entrevistado por un investigador de la OSI y que la revisión de su caso está en curso.

Desde la muerte de Brooks, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que nombrará un nuevo superintendente para la prisión. El departamento penitenciario estatal también ha citado a 14 funcionarios relacionados con la muerte de Brooks; a 31 de diciembre, ninguno de los funcionarios había sido acusado de haber cometido irregularidades.

Los expertos y abogados que hablaron con CNN afirmaron que, a lo largo de los años, el centro penitenciario de Marcy ha adquirido la reputación de ser un lugar donde los reclusos sufren a menudo violencia, intimidación y racismo a manos del personal.

Jennifer Scaife, directora ejecutiva de la Asociación Correccional de Nueva York (CANY, por sus siglas en inglés), el defensor del pueblo independiente encargado de supervisar los 42 centros correccionales del estado, dijo a CNN que confía en que cualquier investigación sobre la prisión revele que el ataque a Brooks “no fue una excepción”.

“Realmente ha sido una instalación de la que hemos oído un montón de acusaciones muy preocupantes desde hace bastante tiempo”, dijo. “Creo que lo que se demostrará (…) es un patrón y una práctica de brutalidad y violaciones de los derechos humanos y civiles de las personas”.

El centro penitenciario de Marcy se inauguró en 1988 como un centro de seguridad media exclusivo para hombres y una de las tres prisiones del condado neoyorquino de Oneida, a poco más de 80 kilómetros al este de Siracusa.

La prisión fue una de las primeras del estado en poner en marcha un programa integral de tratamiento del alcoholismo y la drogadicción, que ofrece a los reclusos una vía de recuperación mientras están en prisión. Quienes participan en el programa en Marcy pueden recibir tratamiento, oportunidades de reintegración en la comunidad a través de un programa de liberación laboral, y cuidados posteriores mientras están en libertad condicional.

En 2002, CANY publicó un informe sobre las condiciones en Marcy, señalando que la instalación tiene “edificios de ladrillo estilo rancho y aceras pavimentadas para recibir a aproximadamente 200 reclusos en silla de ruedas”.

Tras realizar una visita a la prisión en 1998, los auditores concluyeron que “Marcy es, en general, una prisión bien gestionada, con oportunidades adecuadas para que los reclusos hagan un uso constructivo de su tiempo”.

Décadas después, la percepción de CANY cambió drásticamente.

En 2022, tras recibir numerosas cartas de reclusos de la prisión, los auditores volvieron a Marcy para investigar las condiciones.

Tras la auditoría, la organización dio la voz de alarma en un informe mordaz que descubrió que los reclusos informaron de “abusos desenfrenados por parte del personal, incluidas agresiones físicas y observaciones de un ambiente de represalias”.

Según el informe, los reclusos declararon a los auditores que las supuestas agresiones se producían a menudo en “lugares sin cámaras, como detrás de las puertas, en camionetas y en las duchas”.

Muchos funcionarios, según el informe, no llevaban cámaras corporales y “el equipo ejecutivo de la prisión no dio ninguna razón para ello”.

El 67% de los reclusos entrevistados por los supervisores de CANY afirmaron haber visto o sufrido violencia por motivos raciales por parte del personal, una incidencia, según el informe, muy superior a la de otros centros del estado.

Según el informe, uno de los reclusos dijo a los auditores: “Cuando llegué, el jefe me dijo que éste era un centro de ‘manos a la obra’, vamos a ponerte las manos encima si no nos gusta lo que haces”.

Otro dijo: “El ambiente en esta cárcel con el personal es malo; se jactan y nos intimidan sobre el número de personas a las que han golpeado o rociado”.

Scaife dijo que estaba atónita por lo abiertamente que parecían hablar los funcionarios del correccional de la violencia en el centro, según los reclusos.

“Este tipo de cultura de abuso, violencia e impunidad realmente se ha enconado”, dijo, y añadió: “Creo que ese tipo de cultura de impunidad existe en las prisiones de todo el estado de Nueva York”.

CANY recomendó a la Oficina de Investigaciones Especiales y al inspector general del estado que investigaran las “denuncias generalizadas de abusos en Marcy y que hicieran públicas las conclusiones y las medidas adoptadas para abordarlas”.

Tras la muerte de Brooks, CNN preguntó al Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria cómo había respondido al informe CANY de 2022 y a sus acusaciones. En un comunicado, el departamento afirmó que había abierto cuatro investigaciones sobre las denuncias de agresión física descritas en el informe.

Tres de los casos fueron “infundados tras una investigación exhaustiva”, según el comunicado, y el cuarto fue remitido fuera del centro.

“Hemos abordado o estamos abordando la mayoría de las recomendaciones contenidas en el informe CANY 2022”, afirma el departamento en el comunicado.

“Las cámaras corporales se desplegaron en la correccional Marcy en mayo de 2024. Esas cámaras fueron fundamentales para preservar la evidencia del ataque fatal al Sr. Brooks”.

Pero para algunos, los cambios y las cámaras corporales fueron insuficientes y llegaron demasiado tarde. En 2022, la familia de Lonnie Hamilton, un exrecluso de la prisión de Marcy, recibió una indemnización de US$ 1,5 millones por daños y perjuicios después de que un tribunal dictaminara que el Estado no cumplió con su deber de diligencia para evitar el suicidio de Hamilton.

La familia de Hamilton no fue notificada de su muerte, o de que el personal lo había enterrado en los terrenos de la prisión, hasta meses después de su fallecimiento, según una declaración del abogado de la familia.

Ese mismo año, dos exreclusos interpusieron demandas separadas contra funcionarios de prisiones de Marcy por supuestas agresiones que, según afirman, sufrieron mientras estaban encarcelados.

Uno de ellos, Adam Bauer, estaba encarcelado en Marcy por un delito no violento de drogas y le quedaba menos de un año de condena cuando cuatro funcionarios lo atacaron en un cuarto de baño en febrero de 2020, según la demanda.

Bauer fue arrojado al suelo, golpeado en la cabeza y pateado repetidamente en el costado, afirma su demanda.

“Uno de los sargentos presentes golpeó (a Bauer) en la cabeza con un sujetapapeles con tanta fuerza que el cierre metálico del sujetapapeles le dejó un corte en forma de V en la frente”, afirma la demanda.

La abogada de Bauer, Katherine Rosenfeld, dijo a CNN que más tarde fue llevado a la misma enfermería donde Brooks fue golpeado hasta la muerte.

“Nunca había experimentado algo así en su vida. Fue golpeado salvaje y aleatoriamente”, dijo. “Estaba solo en un baño con un montón de funcionarios de prisiones dándole patadas y puñetazos en el suelo y pensó que lo iban a matar”.

Las fotos de las lesiones incluidas en la demanda muestran que Bauer estaba ensangrentado y aturdido tras el incidente.

Después de que le dijeran que se quitara la ropa manchada de sangre, Bauer fue trasladado a una sala de urgencias local, donde el personal penitenciario dijo a una enfermera que sus lesiones eran autoinfligidas y “se produjeron por un cinturón de seguridad”, según la demanda. Otros funcionarios dijeron al personal del hospital que las heridas se las había causado “otro recluso”.

La herida de la cabeza requirió más de 20 puntos de sutura, según la demanda.

En un escrito presentado ante el tribunal en respuesta a la demanda de Bauer, los demandados negaron “todas y cada una de las acusaciones” y negaron haber infringido ninguna ley. Dijeron que Bauer no tiene derecho a ninguna reparación y exigieron un juicio con jurado.

La demanda de Bauer dice que, como resultado del incidente y del procedimiento disciplinario que le siguió, fue expulsado del programa de tratamiento de abuso de sustancias y condenado a 90 días de aislamiento.

Meses después, según Rosenfeld, Prisoner Legal Services apeló esa decisión, y el Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria informó a Bauer de que la sentencia había sido revocada. Fue liberado del “confinamiento”, pero continuó sirviendo el resto de su condena.

Rosenfeld dijo que un familiar visitó a Bauer en Marcy, se dio cuenta de sus lesiones y empezó a buscar ayuda legal en su bufete, Emery Celli, LLP, especializado en proporcionar asesoramiento legal a reclusos de cárceles y prisiones de Nueva York.

El caso de Bauer está actualmente a la espera de la fecha del juicio. Aunque han pasado años, Rosenfeld dice que el ataque sigue teniendo un profundo efecto en su cliente.

“Creo que se siente afortunado de estar vivo, y creo que espera que, ya sabes, esto contribuya de alguna manera a detener este tipo de violencia en el futuro”.

Tras la muerte de Brooks, Hochul se comprometió a acelerar los cambios en toda la institución penitenciaria del estado, incluida la adquisición y aplicación del uso de cámaras corporales y la incorporación de personal a la Oficina de Investigaciones Especiales.

El estado también ha destinado más fondos a CANY para que continúe con sus funciones de supervisión. Pero Scaife dijo que el cambio duradero no vendrá sólo de aumentar la financiación y añadir cámaras.

“Para prevenir el tipo de violencia y desprecio por la vida humana que hizo posible este incidente, tiene que haber realmente un compromiso coordinado a largo plazo para cambiar la cultura penitenciaria, de modo que se centre en la humanidad de las personas”, dijo, y añadió que esto también incluye reconocer que el personal penitenciario trabaja en circunstancias difíciles.

“Necesitan oportunidades para observar la humanidad de las personas encarceladas y que se reconozca su propia humanidad; no es una solución rápida”.

Hasta entonces, dijo Williams, espera que otros reclusos sigan hablando en nombre de Brooks y de otros que tienen miedo de alzar la voz.

“Un día hablas y puedes salvar otras vidas antes de que sea demasiado tarde”, dijo. “Tenemos que dar ejemplo a quienes abusan de su poder y autoridad”.

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