La jueza Aileen Cannon bloquea la publicación del informe final del fiscal especial Jack Smith sobre la investigación a TrumpEricks Webs DesignEricks Webs Design

La jueza de distrito Aileen Cannon bloqueó el martes la publicación del informe final del fiscal especial Jack Smith acerca de sus investigaciones sobre el presidente electo Donald Trump.

La decisión impide a Smith y al Departamento de Justicia seguir adelante con la publicación del informe hasta que el Tribunal de Apelaciones del 11° Circuito de EE.UU. tenga tiempo de revisar la moción de emergencia presentada por los codemandados de Trump para bloquear la publicación del informe.

La medida se produce en medio de un aluvión de presentaciones legales el lunes por la noche y el martes. Los abogados de Trump revisaron un borrador del informe final de Smith relacionado con las investigaciones federales sobre el presidente electo, según una carta incluida en las presentaciones judiciales de los excoacusados de Trump el lunes por la noche.

En los documentos, Walt Nauta y Carlos De Oliveira pidieron a Cannon que bloqueara la publicación del informe del fiscal especial, que se espera para los próximos días, antes de que Trump se convierta en presidente por segunda vez. Los dos hombres, que trabajaron para Trump y se declararon inocentes de delitos relacionados con la obstrucción, argumentaron que Smith no tiene autoridad para publicar el informe porque Cannon consideró previamente que su nombramiento como fiscal especial era ilegal. (El 11° Circuito está estudiando actualmente la apelación del DOJ a ese fallo también).

Cannon fue designada por Trump durante su primer mandato.

Su breve orden de bloquear el Departamento de Justicia el martes no distingue entre los dos volúmenes que se dice que están en el informe de Smith: uno que trata de la investigación sobre el mal manejo de documentos clasificados y el otro que cubre la investigación sobre la interferencia en las elecciones de 2020. Los abogados de Trump han dicho que los argumentos contra la publicación del informe se aplican a ambos volúmenes, señalando en parte la superposición de pruebas.

Los archivos incluyen la carta de los abogados de Trump al secretario de Justicia Merrick Garland con argumentos similares y afirmando que se les permitió “revisar el borrador del informe en dos volúmenes en una sala de conferencias en la oficina de Smith entre el 3 y el 6 de enero de 2025”. Los abogados, dos de los cuales han sido seleccionados por Trump para altos cargos del Departamento de Justicia en la nueva administración, pidieron que se les avisara con antelación de la publicación del informe para que pudieran “tomar las medidas legales apropiadas”.

En las presentaciones judiciales, los abogados de defensa dijeron que el gobierno les permitió una revisión de “acceso limitado” del borrador durante el fin de semana y que “reveló una narrativa unilateral que argumenta que los acusados cometieron los delitos imputados en este caso”.

Garland ha comunicado al Congreso que tiene previsto facilitar a los legisladores el informe, permitiendo las modificaciones exigidas por la política del Departamento de Justicia. Eso significaría que el Departamento de Justicia probablemente editaría partes del informe relacionadas con los dos coacusados, debido a que el departamento está tratando de continuar con esos casos y tiene prohibido perjudicar sus posibles juicios.

En una presentación judicial por separado durante la noche, la oficina de Smith expuso más de la línea de tiempo en la finalización del informe. La oficina del fiscal especial dijo que no entregaría el informe al secretario de Justicia hasta la 1 p.m. ET del martes como muy pronto, y que este último no lo publicaría antes del viernes por la mañana.

“El secretario de Justicia aún no ha determinado cómo manejar el volumen del informe relativo a este caso, sobre el que las partes estaban en consultas en el momento en que los acusados presentaron la moción”, escribió el equipo de Smith.

Las normas federales que rigen el trabajo de la oficina del fiscal especial en el Departamento de Justicia ponen en manos del secretario de Justicia las decisiones sobre la divulgación de este tipo de informes.

La oficina añadió que planea proporcionar más información sobre su posición a Cannon el martes por la noche.

Los abogados de la defensa, sin embargo, expresaron su descontento en los archivos del lunes con el nivel de censura en el borrador que habían revisado.

La rápida disputa se produce a menos de dos semanas de la toma de posesión de Trump, momento en el que su Departamento de Justicia, que estará dirigido en gran parte por personas designadas por su equipo de defensa criminal en el caso ante Cannon, se hará cargo de la gestión de la investigación. El intento de bloquear la publicación del informe es el último ataque de Trump contra la institución del fiscal especial.

Los esfuerzos de los equipos de defensa también se producen después de que los recientes fiscales especiales Robert Hur, John Durham y Robert Mueller finalizaran informes que se hicieron públicos sin apenas oposición sobre los casos penales que imputaron o, en las circunstancias de Trump y Joe Biden, declinaron imputar.

Aunque Cannon desestimó el caso contra ellos y Trump durante el verano, el Departamento de Justicia está apelando su decisión de que el nombramiento de Smith era inconstitucional. El propio Trump fue desvinculado del caso, a petición de los fiscales, tras su reelección el año pasado, pero la acusación contra Nauta y De Oliveira ha pasado a manos de la fiscalía estadounidense del sur de Florida.

Señalando la posibilidad de que se reanude el proceso penal contra ellos, Nauta y De Oliveira argumentaron el lunes que la publicación del informe les perjudicaría “irreversible e irremediablemente” como acusados. También señalaron que sigue en vigor la orden de secreto que limita lo que pueden decir sobre la información que el gobierno les ha proporcionado.

Dado que los acusados están “estrictamente impedidos de refutar el Informe”, su divulgación lo haría “aún más injustamente perjudicial”, dijeron.

“El informe final está destinado a servir como un veredicto del Gobierno contra los acusados, en contra de todas las normas de la justicia penal y las directrices constitucionales”, argumentaron ante la jueza.

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