Los derechos de las personas transgénero están al centro de la discusión en la Corte Suprema de Estados UnidosEricks Webs DesignEricks Webs Design

Washington (CNN) — La Corte Suprema abordará el miércoles el tema, políticamente tenso, de los derechos de las personas transgénero cuando escuche la impugnación a la prohibición de Tennessee de que los menores reciban tratamiento de afirmación de género, en el caso de mayor repercusión del otoño.

Los abogados del Gobierno de Biden y de los jóvenes transgénero de Tennessee presionarán a los jueces para que declaren la ley de 2023 una forma inconstitucional de discriminación de género, mientras que el abogado del estado planea argumentar que los legisladores tienen justificación para restringir la atención médica a los residentes menores de 18 años.

“Espero que ganemos este caso. Y espero que eso signifique que puedan tener acceso a la atención que necesitan”, declaró a CNN L. Williams, uno de los menores que impugnan la ley, refiriéndose a otros niños trans que se enfrentan a prohibiciones sanitarias como la de Tennessee.

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El tribunal, de mayoría conservadora, examinará la ley en un momento crítico para los estadounidenses transgénero. Desde 2020, los estados del país dirigidos por republicanos han aprobado una oleada de leyes que regulan la vida de los estadounidenses trans, con especial atención a los menores. Y aunque la comunidad constituye una pequeña fracción del público estadounidense, ocupó un lugar destacado durante las elecciones de 2024 y sus consecuencias, con el presidente electo Donald Trump amplificando su promesa de recortar aún más los derechos civiles de las personas trans durante los últimos días de la campaña.

Dependiendo de cómo se pronuncie el tribunal, prohibiciones similares sobre la atención de afirmación de género y, potencialmente, otras leyes dirigidas a las personas transgénero estarían en riesgo de caer por completo o de recibir un poderoso respaldo del alto tribunal.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso:

Los jueces podrían decidir el grado de protección de personas transgénero

El caso, conocido como EE.UU. contra Skrmetti, representa tan solo la segunda vez en los últimos años que el tribunal recibe el encargo de decidir hasta qué punto la legislación federal protege a las personas transgénero de la discriminación.

La última vez que el tribunal abordó esa cuestión fue en un caso de 2020 llamado Bostock contra el condado Clayton. En ese asunto, la mayoría, liderada por el juez conservador Neil Gorsuch, dictaminó que la ley federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en el lugar de trabajo se aplica a los trabajadores homosexuales y transgénero, ya que esa acción ocurre “necesariamente” debido al sexo de esa persona.

Desde entonces, tribunales inferiores de todo el país han lidiado con la forma de aplicar los fundamentos jurídicos que surgieron en Bostock en otros casos relacionados con cuestiones transgénero.

Este caso tendrá una repercusión aún mayor en otras leyes relativas a las personas transgénero, afirman los expertos jurídicos. Esto se debe en parte a que el tribunal puede decidir si los estadounidenses trans tienen derecho, como grupo, a recibir protección contra la discriminación.

“Esta va a ser su primera oportunidad de abordar los derechos de la comunidad transgénero en virtud de la cláusula de igualdad de protección, especialmente en vista de la enorme proliferación de legislación estatal dirigida a las personas transgénero y, en particular, a los jóvenes trans”, dijo Katie Eyer, profesora de la Facultad de Derecho de Rutgers, que se unió a un amicus curiae en apoyo de los impugnadores de la ley.

“Es un caso increíblemente importante”, añadió. “Marcará la pauta y establecerá la ley sobre el tipo de escrutinio al que se someterán estas leyes en general”.

Qué establece la ley de Tennessee

La ley de Tennessee en el centro de los argumentos del miércoles fue firmada por el gobernador republicano Bill Lee en 2023.

Conocida como SB 1, la medida prohíbe la terapia hormonal y los bloqueadores de la pubertad para menores en el estado e impone sanciones civiles a los médicos que violen las prohibiciones. También prohíbe las cirugías de afirmación de género, aunque esa disposición no está en cuestión en el caso.

En concreto, la ley prohíbe a los proveedores del estado administrar este tipo de atención si el propósito es permitir que “un menor se identifique con, o viva como, una supuesta identidad incompatible con el sexo del menor”, o tratar “la supuesta incomodidad o angustia por una discordancia entre el sexo del menor y la identidad afirmada”.

Los legisladores republicanos que redactaron la ley escribieron en sus conclusiones legislativas que “los menores carecen de la madurez necesaria para comprender y apreciar plenamente las consecuencias de tales procedimientos que alteran su vida” y que el Estado “tiene un interés legítimo, sustancial y apremiante en alentar a los menores a apreciar su sexo, en particular cuando atraviesan la pubertad”.

Y lo que es más importante, la ley hace una excepción para que los médicos presten la misma atención prohibida a los menores cisgénero que buscan tratamiento para un defecto congénito o una pubertad precoz, entre otras cosas.

En los últimos años, muchos otros estados dirigidos por el Partido Republicano han aprobado prohibiciones sanitarias similares. En la actualidad, más de 110.000 adolescentes viven en estados donde existen restricciones a los bloqueadores de la pubertad y a la terapia hormonal, según el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA.

Cuidados que “cambian la vida”

L. Williams declaró esta semana a CNN que recibir atención médica para la afirmación de su género le ha “cambiado la vida”, dándole más confianza en su adolescencia.

“Ha sido de gran ayuda, me ha cambiado la vida”, afirmó. “A algunas personas incluso les ha salvado la vida”.

La prohibición estatal le ha obligado a viajar fuera del estado para seguir recibiendo atención para su disforia de género, el término médico para un conflicto entre el género asignado a una persona y el género con el que la persona se identifica. El viaje es una realidad estresante que ha hecho que la estudiante de secundaria falte con frecuencia a clase.

“También es muy aterrador porque no sabía qué iba a hacer sin la atención porque, sin duda, me dejó en un lugar mucho mejor mentalmente de lo que estaba hace unos años”, dijo sobre la decisión del estado de restringir la atención. “Estaba aterrorizada por lo que pudiera pasar”.

Williams estará en la sala del tribunal el miércoles para presenciar el desarrollo de los históricos argumentos, una posición única que parecía improbable para la joven de 16 años.

“No podía imaginar que llegaría a la Corte Suprema”, dijo.

Cómo llegó el caso a la Corte Suprema

La ley SB 1 fue impugnada inicialmente por tres menores trans de Tennessee, sus padres y un médico del estado cuya práctica incluía el tratamiento de menores por disforia de género.

El Gobierno de Biden se sumó posteriormente a esa demanda y un juez federal de Tennessee se puso de parte de los impugnadores en junio de 2023.

El juez Eli Richardson, designado por Trump, dijo en un fallo que bloqueaba temporalmente la ley porque la medida violaba la cláusula de igual protección de la 14° Enmienda. El juez revisó la ley bajo un estándar de revisión conocido como escrutinio elevado y decidió que, dado que “probablemente no está sustancialmente relacionada con el interés afirmado del estado”, es inconstitucional.

En particular, Richardson dictaminó que la SB 1 “discrimina por la condición de transgénero y que las personas transgénero constituyen una categoría cuasi sospechosa” que puede acogerse a protecciones adicionales en virtud de la ley.

El estado apeló ante el Tribunal de Apelaciones del 6° Circuito de EE.UU., con sede en Cincinnati, que decidió que la ley debía someterse al criterio de revisión más bajo, denominado de base racional. Un panel dividido de tres jueces afirmó que los transgénero no forman parte de una “categoría cuasi sospechosa” y que el razonamiento jurídico de Bostock no es aplicable fuera del contexto de la discriminación laboral.

El fallo del tribunal de apelaciones fue redactado por el juez Jeffrey Sutton, designado por George W. Bush, y acompañado por el juez Amul Thapar, designado por Trump. La juez Helene White, nombrada por Bush, disintió.

Los demandantes presentaron recursos separados ante la Corte Suprema, que en junio decidió revisar únicamente el caso de la Administración.

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Argumentos de cada parte

El caso dependerá del nivel de escrutinio que los jueces decidan que es apropiado para examinar la SB 1. Pero esa decisión, que se espera para antes de julio, se extenderá mucho más allá de las fronteras de Tennessee: ayudará a orientar a los jueces de tribunales inferiores que se ocupan de litigios relacionados con leyes antitrans en materia de acceso a los baños, deportes escolares y pronombres, entre otras cosas.

Los abogados del gobierno de Biden han pedido a los jueces que consideren si la ley pasa el examen constitucional bajo un escrutinio elevado, que requiere que los estados demuestren que tienen un interés gubernamental importante en prohibir el tratamiento y que la ley logra ese objetivo de una manera que está “sustancialmente relacionada” con su interés.

En caso de que la Corte Suprema examine la ley con arreglo a esa norma, escribió la procuradora general de EE.UU. Elizabeth Prelogar en los documentos judiciales, “debería sostener que la SB1 no puede sobrevivir al escrutinio reforzado” basándose en una larga serie de casos en los que la Corte “ha sostenido sistemáticamente que todas las clasificaciones basadas en el sexo están sujetas a un escrutinio reforzado porque tales clasificaciones reflejan con demasiada frecuencia estereotipos sobre cómo deben ser o actuar los hombres y las mujeres”.

La administración dijo al tribunal que “las personas transgénero reúnen todas las características de una categoría cuasi sospechosa”, una postura que, de ser adoptada por el alto tribunal, también daría a los defensores de la comunidad una herramienta poderosa a la hora de impugnar leyes como la SB 1 en los tribunales.

Prelogar también dijo a los magistrados que, alternativamente, podrían devolver el caso al tribunal de apelaciones para que considere si la SB 1 es constitucional según el criterio de revisión más estricto que prefiere.

Por su parte, Tennessee dijo al tribunal que la ley “no incluye ninguna clasificación por sexo” y que, en cambio, establece una distinción basada en la edad y el uso que es admisible en virtud de la cláusula de igualdad de protección. En otras palabras, según el estado, la ley prohíbe el tratamiento a todos los jóvenes que quieran hacer la transición.

Los abogados del Estado instaron a los jueces a no “volver al tenso asunto de crear categorías sospechosas” y advirtieron que, en su opinión, hacerlo en este caso daría erróneamente a las mujeres transgénero la misma protección legal que a las mujeres cisgénero.

“Si la teoría del gobierno se mantiene, los hombres que se identifican como mujeres podrían reclamar un acceso basado en la Constitución a los baños de mujeres, a los vestuarios de mujeres y a los deportes de mujeres”, escribieron. “Aceptar esa teoría erosionaría perversamente los derechos de las mujeres y pondría en peligro estatutos históricos que protegen la igualdad de acceso de las mujeres a las escuelas, los podios de los ganadores y más allá”.

Roberts y Gorsuch, entre los jueces a seguir

La última vez que la Corte Suprema abordó los derechos de las personas transgénero de forma sustantiva fue hace cuatro años, en un fallo sorprendente que sostenía que la ley federal prohíbe la discriminación de los empleados homosexuales y transgénero en el lugar de trabajo.

El motivo: esa discriminación se basa necesariamente en el sexo.

Parte de la razón por la que la decisión Bostock fue inesperada fue por el autor: Gorsuch. Al nominado por Trump se le unió en la mayoría el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, así como el ala liberal del tribunal. Los otros conservadores del tribunal en ese momento los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh disintieron.

“Es imposible discriminar a una persona por ser homosexual o transgénero sin que se discrimine a ese individuo por razón de sexo”, dijo la mayoría de 6-3.

Dado que el Gobierno de Biden se basa en parte en Bostock, tanto Roberts como Gorsuch serán votos clave a tener en cuenta durante los argumentos.

La mayoría de Bostock subrayó que la decisión se refería únicamente al lugar de trabajo. Pero los defensores de los derechos de los transgénero dicen que es difícil ver cómo la lógica que el tribunal utilizó en Bostock, que la discriminación contra los trabajadores transgénero es necesariamente una discriminación basada en el sexo, no se aplicaría en otros contextos.

Otro juez a tener en cuenta es Amy Coney Barrett, una candidata de Trump que a veces rompe con la ideología conservadora.

Barrett no formaba parte del tribunal cuando se decidió el caso Bostock. Fue elegida para ocupar el puesto de la jueza Ruth Bader Ginsburg, un icono liberal cuya muerte pocos meses después de que se decidiera el caso Bostock contribuyó a que el tribunal se inclinara más hacia la derecha.

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Los jueces escucharán a un abogado trans

Chase Strangio, uno de los tres abogados que responderán a las preguntas de los jueces durante los alegatos, hará historia al ser la primera persona transgénero conocida que argumenta ante la Corte Suprema.

Strangio, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, hablará en nombre de los tres menores transgénero y sus familias que impugnaron inicialmente la ley de Tennessee.

“No se me escapa que estaré en el atril de la Corte Suprema en parte porque pude tener acceso a la atención médica que es el objeto mismo del caso que estamos litigando”, dijo Strangio a CNN.

Prelogar alegará en primer lugar en representación del Gobierno de Biden. Ampliamente respetada por su defensa tanto entre conservadores como liberales, es posible que el caso sobre los derechos de las personas transgénero sea el último argumento importante de Prelogar ante el alto tribunal.

Tennessee estará representado por J. Matthew Rice, exsecretario del juez Thomas y antiguo jugador profesional de béisbol, que debuta ante los jueces.

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Una lucha por la medicina

Entrelazada con los argumentos jurídicos sobre la ley hay una lucha sobre el espinoso tema de la medicina moderna y a qué expertos sanitarios debería escuchar más atentamente el tribunal.

Las principales asociaciones médicas, incluidas la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la Academia Estadounidense de Pediatría, están de acuerdo en que el tratamiento de afirmación de género es clínicamente apropiado para niños y adultos, y las investigaciones demuestran que el riesgo de suicidio es alto entre los jóvenes que experimentan disforia de género.

El Gobierno de Biden y una serie de grupos externos se han apoyado en estos argumentos para pedir al tribunal que considere el impacto de una sentencia favorable a Tennessee.

“Denegar el acceso a la atención médica y tratar a los jóvenes transgénero de forma desigual por su condición de persona transgénero está relacionado con un aumento sustancial del riesgo de suicidio y de resultados negativos para la salud mental”, señaló a los jueces el Trevor Project, organización sin fines de lucro que trabaja para prevenir el suicidio entre los jóvenes LGBTQ.

Por otro lado, los abogados de Tennessee describen los tratamientos prohibidos como “intervenciones de transición de género arriesgadas y no probadas” que, según ellos, pueden provocar cambios irreversibles en los menores.

“Mientras que el gobierno es libre de favorecer su enfoque de transición primero y preguntas después, la Constitución no obliga a Tennessee a esa misma elección”, escribieron.

Entre los grupos que respaldan el planteamiento de Tennessee se encuentra Do No Harm, Inc, un grupo conservador de defensa de la medicina cuyo presidente declaró a CNN que, aunque la organización no se opone a que los adultos reciban cuidados para afirmar su género, cree que dichos cuidados no deberían administrarse a menores.

“Los adultos pueden hacer lo que quieran, y hay gente perfectamente capacitada que ha hecho la transición. Es asunto suyo”, afirma el Dr. Stanley Goldfarb. “Pero creemos que los niños simplemente son realmente incapaces de hacer esto de una manera que implique el consentimiento informado, principalmente, y que muchos de ellos son simplemente niños que están muy preocupados”.

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