Trump firma un decreto destinado a debilitar las protecciones de los empleados federalesEricks Webs DesignEricks Webs Design

El presidente Donald Trump no perdió tiempo al firmar este lunes un decreto que tiene como objetivo darle más control sobre la fuerza laboral federal, a la que ha vilipendiado durante mucho tiempo como el “Estado profundo”.

El decreto, en una medida altamente inusual, busca eliminar una regla que el expresidente Joe Biden implementó el año pasado y se espera que enfrente múltiples desafíos legales.

El nuevo decreto retoma una orden que Trump firmó poco antes de las elecciones de 2020 que creo una categoría para empleados federales involucrados en políticas, conocida como Schedule F, que facilitaría el despido de esos trabajadores. Biden había revertido rápidamente esa orden y luego, el año pasado, finalizó una nueva norma que reforzaba aún más las protecciones para los trabajadores federales de carrera.

Sin embargo, el último drecreto de Trump ordena a la Oficina de Gestión de Personal que rescinda cualquier cambio realizado por la norma que impida o afecte la implementación de la directiva de Trump de 2020. Trump también revocó el decreto de 2021 de su predecesor que rescindió la orden original del Anexo F, una medida más convencional.

Al igual que el decreto de 2020, se espera que la nueva directiva de Trump termine rápidamente en los tribunales. Tradicionalmente, deshacer o revisar una norma requiere una nueva norma, un proceso que puede llevar meses y no puede hacerse mediante un decreto, dijeron los expertos.

La orden de Trump de 2020 dejó a muchos empleados federales temiendo por sus empleos. Le habría dado a él y a los funcionarios designados por su agencia más margen de maniobra para contratar y despedir a funcionarios federales considerados desleales, una medida que, según los críticos, politiza el servicio civil y podría llevar a que funcionarios de carrera sean expulsados ​​por razones políticas y reemplazados por aquellos comprometidos con el presidente.

Según Joe Spielberger, asesor principal de políticas del Proyecto de Supervisión Gubernamental, un grupo de vigilancia, la medida habría privado a los trabajadores federales de sus garantías procesales y eliminado su capacidad de apelar ante otras agencias independientes. Según un cálculo inicial, la medida habría afectado a unos 50.000 trabajadores, aunque los expertos creen que podría haber afectado a muchos más.

“El decreto del presidente Trump es un intento flagrante de corromper al gobierno federal eliminando los derechos de los empleados al debido proceso para que puedan ser despedidos por razones políticas”, dijo a CNN Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a 750.000 trabajadores, sobre la nueva orden. “Eliminará cientos de miles de empleos federales del servicio civil profesional no partidista y los hará responsables ante la voluntad de un hombre”.

Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro prometió “luchar” contra el esfuerzo de Trump de reformar el servicio civil.

“El pueblo estadounidense merece que los servicios gubernamentales sean prestados por profesionales calificados y no partidistas que hagan su trabajo independientemente del partido que ocupe la Casa Blanca, y NTEU luchará para preservar esa tradición”, dijo la presidenta nacional del sindicato, Doreen Greenwald, en una declaración.

El renovado esfuerzo de Trump para reformular el gobierno federal y su fuerza laboral tiene como objetivo asegurar la lealtad hacia él y sus políticas para evitar los obstáculos que, según él, bloquearon su capacidad de llevar a cabo iniciativas clave durante su primer mandato.

En el decreto de este lunes, escribió: “La rendición de cuentas es esencial para todos los empleados federales”.

“Todo poder que tengan es delegado por el Presidente, y deben rendir cuentas al Presidente, que es el único miembro del Poder Ejecutivo… En los últimos años, sin embargo, ha habido numerosos y bien documentados casos de empleados federales de carrera que se resisten y socavan las políticas y directivas de su liderazgo ejecutivo”, se lee en la orden.

Los críticos, sin embargo, dicen que esto haría retroceder al país 140 años a una época en la que los funcionarios electos contrataban a partidarios políticos para puestos gubernamentales.

Cualquier esfuerzo por socavar el servicio civil apolítico y basado en el mérito es un “error” que socava la capacidad del gobierno federal de ofrecer buenos resultados al público estadounidense, dijo a CNN Max Stier, director ejecutivo de Partnership for Public Service.

Incluso si no conduce a una ola de despidos, el decreto impulsará a algunos empleados federales a reconsiderar desafiar cualquier directiva que puedan considerar ilegal, poco ética o contraria a sus estándares profesionales, dijo Spielberger.

“Uno de los objetivos es simplemente crear este efecto amedrentador masivo en todo el gobierno federal, donde la gente tenga miedo y simplemente obedezca de antemano, por así decirlo”, dijo.

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